El pasado viernes 10 de febrero la comunidad autónoma de Temucuicui realizaba cosecha de grano en uno de los predios en recuperación y control territorial, cuando “…una columna de carros blindados de carabineros procedió a secuestrar la cosecha, que salían en dos camiones con dirección a los molinos de la zona, donde serían entregados, lo que genera un grave perjuicio para nuestra comunidad”, declararon en un primer comunicado.
Se trata de 80 toneladas de avena y trigo, producción principal correspondiente al trabajo de nueve meses, que al ser vendida generaría recursos para innumerables familias de la comunidad en este año 2023. Aún resta cosechar 50 hectáreas, según nos cuenta el werken Rodrigo Huenchullan.
Esta acción de carabineros, en coordinación con el ejército, se generó por dos denuncias a distintas horas del día por parte de la titular del predio en cuestión Rosa María Paladino Germani, en primer lugar por la cosecha de trigo y luego la de avena, lo que emanó una orden desde fiscalía para proceder a incautar la cosecha y detener a quienes se encontraran en posesión de esta. Sin embargo según el Lonko Víctor Queipul, existiría un acuerdo previo con la señora Paladino Germani, quien aparentemente era consciente del proceso de recuperación de tierras que lleva adelante la comunidad desde el año 2015.
El abogado Rodrigo Pizarro Rosales que representa a los dos choferes imputados por hurto relata los pormenores de la audiencia de formalización del día 11 de febrero en juzgado de garantía de Collipulli, que habla de 57 toneladas. Lo cual además se suma a una querella impuesta por la señora Germani.
En una carta entregada al delegado presidencial en La Araucanía José Montalva Feuerhake el pasado 14 de febrero por el mismo Lonko Víctor junto a seis werkenes y una comitiva mapuche, sostiene que estos hechos de “… arrebato y secuestro de nuestra cosecha y la maquinaria responde a presiones de quien oficia como líder de la agrupación de agricultores de Malleco Sebastián Naveillán y Héctor Urban, quienes representan una fracción de ultra derecha, racista y fundamentalista que lo único que busca es sembrar el caos y alimentar un clima de hostilidad y violencia, contrario a lo que predican públicamente…”. Esto debido a que no se entiende la denuncia de la señora Rosa María cuando existía un acuerdo.
A esto debemos sumar la militarización del Estado de excepción y la puesta en marcha por segundo año del “Plan Cosecha Segura”, enfocado en proteger cosechas de supuestos ataques o robos. Sin embargo acá no había robo, era la misma comunidad la que estaba en labores comunes de trabajo, una época común de cosechas, como años anteriores.
Rodrigo Huenchullan, werken de la comunidad autónoma de Temucuicui nos relata el proceso que debieron seguir para llegar a estar en la cosecha del día 10 de febrero en el fundo Santa Lucía, todo a costo de la comunidad. Explica quienes serían los responsables de las presiones hacia los particulares que denuncian y el grave daño alimentario y económico que significa para el lof.
La prensa local alineada y los medios oficiales informaron los hechos como la incautación y la comisión de delitos, por supuesto achacables a la comunidad de Temucuicui, pero el caso es que de los dos procesados ninguno es miembro de la comunidad, así lo aseguró el abogado Rodrigo Pizarro Rosales “En estricto rigor, en lo que respecta a la causa judicializada, no hay cargos a la comunidad… solamente fueron formalizados los conductores de los camiones, a quienes represento, y ninguno es mapuche ni de la comunidad,” sostuvo en contacto con la radio.
Otro antecedente importante es que las semillas utilizadas son de la comunidad, el cuidado y crecimiento de los cereales indudablemente también son parte del trabajo colectivo de la comunidad. Resultando entonces la incautación de la cosecha un grave atentado a la soberanía alimentaria del lof. Así mismo en la carta entregada al delegado Montalva se indica “Esta cosecha representa el sustento para nuestras familias, se está arrebatando nuestro alimento en tiempos de crisis alimentaria y de los mega incendios provocados por las forestales, que trae precisamente la destrucción de la economía mapuche”.
Hasta el momento no se ha conocido información sobre la devolución de la cosecha a la comunidad, que no tiene a nadie procesado por estos hechos y aún así han sido ampliamente sindicados como responsables de un robo.
La situación actual es que hoy se disponen a enfrentar un año sin los recursos ni alimentos que planificaban. Constituyéndose esto último en una clara vulneración al derecho a la alimentación del pueblo Mapuche, representado en estos lamentables sucesos que han debido vivir en Temucuicui, y que respondería a nuevas formas que emplean desde la derecha regional, asociaciones de agricultores y particulares, para aislar a comunidades que están en resistencia reivindicando las tierras antiguas, preservando la cultura, validando sus autoridades ancestrales y llevando adelante de manera autónoma procesos políticos de autodeterminación relevantes para todo el pueblo Mapuche y demás pueblos originarios.
Por ahora el caso está en tribunales, sin procesados de la comunidad, la cosecha y maquinarias quedan en calidad de incautadas, están las denuncias de por medio y dos transportistas procesados por hurto, en lo que pareciera ser otro capítulo de la larga historia de criminalización, allanamientos y verdades a medias en la prensa, cuando se trata del pueblo mapuche.
Lo eminentemente procesal según el abogado Rodrigo Pizarro Rosales corresponde a un plazo de investigación de 120 días establecidos por el tribunal, existen diligencias pendientes, los choferes colaboraron con declaraciones voluntarias y aportaron con las guías de despacho que constan en la página de impuestos internos.
El Estado y gobierno de Chile es responsable de esta vulneración en tanto dispone de las instituciones y los medios materiales para que se incurra en operativos policiales masivos, se incaute el grano y se detenga por parte de carabineros a los transportistas, cumpliendo el mandato del ministerio público y los posteriores trámites legales que deberán desembocar en un fallo judicial. Así lo confirma TVN regional a partir de las declaraciones policiales “El prefecto de servicio de la Prefectura Malleco, el comandante César Leiva, detalló que «Carabineros, en una rápida y eficiente acción conjunta entre la 2ª Comisaría ‘Collipulli’ y la 2ª Comisaría COP ‘Pailahueque’, con el uso de medios humanos y logísticos,logró la recuperación de avena y trigo, la incautación de camiones, maquinaria, camionetas y la detención de sujetos por el delito de hurto. Los hechos fueron informados al Ministerio Público, quedando los detenidos a disposición de la justicia».
Se trata entonces de un enmarañado político-judicial que se traduce en prácticas represivas violentas hacia las comunidades, la criminalización, racialización y estigmatización de su figura en la prensa, añadiendo ahora la vulneración al derecho humano a la alimentación para los pueblos originarios, cuestión que no significa tan sólo en la obtención del alimento, esto se entiende en el marco de la supervivencia de las culturas ancestrales, su cosmovisión, su territorio, en autonomía y autodeterminación, lo que en suma, sería la concepción y el logro por sí mismas de su calidad de vida.
El derecho a la alimentación “…implica, una serie de derechos para las personas destinatarias que en conjunto garanticen dignidad y obligaciones correlativas para los estados las obligaciones de respetar, proteger y cumplir estos derechos, sin discriminación, implica el “refuerzo de los sujetos de derechos (empoderamiento) y obligando a los Estados a rendir cuentas (rendición de cuentas), a veces incluso ante los tribunales.” (1)
Y este derecho no se puede entender sin la disponibilidad de tierras, sus tierras arrebatadas, que hoy se encuentran reivindicando y siendo criminalizados por ello. El Convenio 169, ratificado por Chile, “…dispone el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que afecte sus vidas, creencias y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan (art. 7.1) estas disposiciones jurídicas relacionadas con el uso de la tierra y el desarrollo cultural y social de los pueblos indígenas pueden ser consideradas como normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas que garantizan la alimentación como un derecho humano, debido a la vinculación directa y la relación intrínseca de los indígenas con las tierras, el territorio y el medio ambiente.” (2)
En esta línea el Estado de Chile, los anteriores y el actual gobierno, mantienen legislaciones y proveen medios materiales para la represión, y otros recursos que se suman a caminos políticos enfocados en el no reconocimiento profundo de las demandas, no atención a los diálogos que distintos sectores del pueblo mapuche están dispuestos a sostener, siempre y cuando se hablen efectivamente los temas que a ambas partes les interese, un diálogo en condiciones de igualdad, transparencia y con garantías de cumplimiento acordes.
Fuentes
– https://lasnoticiasdemalleco.cl/wp-content/uploads/2023/02/10881.pdf
(1) https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-591X2022000100111&script=sci_arttext
(2) Ídem.
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