Desde las organizaciones sociales argumentan que la evaluación del proyecto fue negligente, ya que no se abordaron correctamente los riesgos que provocaría una minera a 2 km de la plaza de Penco.
Este martes 11 de agosto a las 9:30 horas en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, organizaciones sociales y vecinos de Penco, acompañados por los abogados de ONG Defensa Ambiental, darán a conocer las acciones legales que se ingresarán en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Optimizado de Tierras Raras en Penco de la empresa Aclara.
Los Recursos de Reclamación de Invalidación buscan la anulación de la RCA del proyecto por ilegalidades durante su tramitación e incumplimientos de la normativa y estándares ambientales.
Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, explica: «Interpondremos estos recursos, pues sabemos que la evaluación ambiental contó con deficiencias insalvables y la RCA es un acto administrativo ilegal, por cuanto no se abordaron ni evaluaron adecuadamente los componentes ambientales, en particular los peligros de radioactividad, de remoción en masa, de contaminación del agua, de impacto en los sistemas de vida de las comunidades y tampoco se evaluó adecuadamente el componente indígena».
El proyecto, que se ingresó en junio de 2024 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no se evaluó correctamente, ya que no está claro cuál será el impacto que generará la remoción en masa en la comunidad de Penco, tanto por los riesgos de contaminación y la salud de la población, como los cambios en la calidad de vida de las personas.
Tampoco se sabe cómo quedará la tierra después de su uso, ni cómo afectará a especies protegidas como el Queule, Naranjillo y Pitao. Este proyecto tendrá un impacto gigantesco en la flora, fragmentando el ecosistema y con ello impactará también en forma irreversible a la fauna.
La vocera de la campaña “Penco-Lirquén Libre de Mineras”, Camila Arriagada, indica que, como movimiento, “creemos que este proceso fue negligente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y de las instituciones y servicios pertinentes. Los reales riesgos e impactos que tendría una megaminería de tierras raras, tan cercana a las poblaciones, fueron muy poco abordados y revisados. Creemos que la contaminación atmosférica, las enfermedades y los riesgos a la salud de la población son irreparables y las observaciones que se ingresaron en esta materia fueron respondidas de manera insuficiente, tanto por estos servicios, como por el titular de esta empresa”.
Desde la Corporación Parque para Penco, su presidente, Carlos Gutiérrez, comenta que “vemos con esperanza esta acción judicial que se está desarrollando, ya que, lamentablemente, el poder económico, como también el poder político, han apoyado de manera articulada a la minera que se pretende instalar en nuestro territorio. De una u otra forma, es lamentable tener que recurrir a estas instancias, porque no se escuchó el sentir de la comunidad”.
Una vez que estos recursos sean resueltos —por el Comité de Ministros, en el caso de la reclamación, y por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, respecto de la solicitud de invalidación—, las comunidades recurrirán al Tribunal Ambiental para solicitar la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De ser necesario, el proceso podría continuar en una última instancia ante la Corte Suprema.


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