Llenado del embalse de la central hidroeléctrica Los Lagos, un reconocimiento expreso de la violación a la debida diligencia por parte de Statkraft

Ago 27, 2026 | Noticias

La confirmación de Statkraft refuerza la urgencia y la pertinencia de la queja presentada por el Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü ante las autoridades noruegas por posibles incumplimientos de las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos.

COMUNICADO DE PRENSA.

«Territorio del Pilmaykén, 26 de agosto de 2026. – Como Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, recibimos con profunda preocupación la confirmación formal por parte de Statkraft de que concluyó el llenado del embalse del proyecto hidroeléctrico Los Lagos, en la cuenca del río Pilmaiquén.


Durante años hemos advertido públicamente sobre las consecuencias que este proyecto puede tener para nuestros derechos como pueblo Mapuche Williche, nuestra relación con el territorio, nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestra memoriay nuestras formas de vida.

También es información pública que, dentro del territorio involucrado, existen espacios de profundo significado espiritual y cultural para nuestro pueblo y que en la zona se realizaron hallazgos arqueológicos y bioantropológicos de los cuales la empresa tenía conocimiento.

La empresa y las autoridades conocían estas preocupaciones antes de que se completara el llenado del embalse. Aun asi, la empresa decidió seguir adelante. La confirmación del llenado del embalse es una prueba flagrante de la violación a los estándares de debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y de la desatención a las voces y llamados reiterados de las comunidades.


Esta confirmación no resta importancia a las acciones legales que hemos impulsado. Por el contrario, confirma precisamente la urgencia y pertinencia de la queja que presentamos hace unas semanas ante la Autoridad de Consumo de Noruega, con el acompañamiento legal del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y de la Iniciativa para la Justicia Transnacional. (IJT), en la que solicitamos que se investigue si Statkraft cumplió adecuadamente con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos.

Para nosotros, trasladar elementos materiales no sustituye ni repara la relación espiritual, cultural y territorial de la que forman parte.


Como Aylla Rewe, hemos utilizado durante años las distintas vías legales e institucionales disponibles para exigir el respeto a nuestros derechos y que Statkraft cumpla con su obligación de debida diligencia.
Hemos participado e impulsado procesos relacionados con la consulta indígena, recurrido a instancias judiciales nacionales y presentado una queja ante el Punto Nacional de Contacto de Noruega por posibles incumplimientos de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.


Ante la ausencia de una respuesta capaz de prevenir las afectaciones que veníamos advirtiendo, hace unas semanas nos vimos obligados a acudir nuevamente a las propias instituciones noruegas y presentar una queja al amparo de la Ley de Transparencia.
No llegamos a esta instancia como primera opción.
Llegamos después de años de utilizar mecanismos legales e institucionales para exigir que nuestros derechos fueran respetados antes de que el territorio fuera transformado.


Por eso, la confirmación del llenado del embalse vuelve la queja aún más urgente.
La debida diligencia en materia de derechos humanos no puede reducirse a cumplir procedimientos formales o a elaborar informes. Su función sustantiva es identificar los riesgos, prevenir sus impactos, mitigarlos y actuar antes de que las afectaciones se materialicen.


Lo informado refuerza nuestra preocupación de que las advertencias de las comunidades y los riesgos para nuestros derechos no hayan sido atendidos de manera efectiva antes de que el proyecto avanzara y produjera transformaciones materiales en el territorio.


Ahora estamos documentando y verificando directamente el alcance de las afectaciones derivadas del llenado. Sin embargo, este proceso es sumamente complejo, pues, como es de público conocimiento, las comunidades no tienen acceso al sitio de construcción de la Central Los Lagos ni a sus zonas aledañas, ya que el área está resguardada por guardias privados de la empresa y por tanquetas apostadas en los caminos.

Esta situación confirma nuevamente que nuestro derecho de acceso a la información y a la participación en las decisiones que afectan nuestro territorio ha sido sistemáticamente vulnerado: ni las autoridades ni la empresa han garantizado su pleno ejercicio. Resulta especialmente grave que hayamos tenido conocimiento del llenado del embalse a través de notas de prensa y no mediante información proporcionada directamente a nuestras comunidades.


También nos preocupan con urgencia la seguridad, la integridad y la vida de las personas que mantienen una relación cotidiana con el río Pilmaiquén. EI río sigue siendo utilizado por integrantes de nuestras comunidades para la recolección de lawen -plantas medicinales fundamentales para nuestra medicina Mapuche, así como por personas pescadoras, recolectoras de comunidades ribereñas. Los cambios derivados del llenado del embalse generan nuevas condiciones y riesgos que deben ser informados, evaluados y atendidos de inmediato. No se puede transformar el río sin garantizar previamente la seguridad de quienes dependen de él y lo recorren como parte de su vida cotidiana.

«Aquí no hablamos solamente del territorio que puede quedar bajo el agua. También hablamos de la vida de nuestra gente, de quienes entran al río, buscan lawen, pescan, recolectan y viven en sus riberas. Necesitamos saber qué riesgos existen ahora y qué medidas se están tomando para protegerlos», señaló Machi Millaray Huichalaf.

Aunado a ello, la gravedad de esta situación se incrementa, pues este nuevo contexto supone una mayor vulnerabilidad social y medioambiental para las comunidades. Cada paso adelante en el proyecto aumenta la exposición de las comunidades y de las y los defensores de los derechos humanos.

Por ello, pedimos también atención a la protección de las comunidades y de las personas defensoras del territorio.
Statkraft pertenece al Estado noruego. Por eso, este caso plantea también una pregunta directa para Noruega: si los estándares de derechos humanos y de protección de los pueblos indígenas que promueve dentro y fuera de sus fronteras se aplican con la misma fuerza cuando una empresa de su propiedad opera en territorio indígena de otro país.

Exigimos a las autoridades noruegas que actúen con urgencia, investiguen la actuación de Statkraft y garanticen que los derechos del pueblo Mapuche Williche no reciban menos protección porque las afectaciones ocurren fuera de Noruega.
También exigimos que se determine qué medidas deben adoptarse para evitar nuevos daños, mitigar las consecuencias ya producidas y garantizar una reparación efectiva.

Nuestros derechos no desaparecen porque el embalse esté leno.

Nuestra defensa del Pilmaiquén tampoco termina aquí.»

*Enviado a la radio

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