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SEGUNDO COMUNICADO OBSERVADOR INTERNACIONAL DE FRANCIA Y ALEMANIA EN TEMUCUICUI

De la Ficción Punitiva al Descalabro Mercantil: Cómo la Operación Tridente y la Reforma a la Ley Indígena N.º 19.253, consolidan dos errores de alto calibre político consecutivos de un estado que se cae a pedazos frente al Pueblo Mapuche, en menos de 15 días.

«La estrategia de Kast no es nueva y es políticamente torpe: Estados Unidos, Kenia, México, Australia, Canadá, Brasil entre otros países, intentaron: modernizar, mercantilizar o privatizar las tierras ancestrales bajo la misma narrativa de libertad económica individual y el resultado fue un desastre institucional absoluto.»

1. El Diagnóstico Global frente a la Estrategia Dual de Kast
   La reciente estrategia dual de la administración de José Antonio Kast —que combina el impacto publicitario de la Operación Tridente con el anuncio de una profunda reforma a la Ley Indígena N.º 19.253 para habilitar arriendos, hipotecas y goces individuales— constituye una pésima decisión que expone a Chile bajo la figura de un Estado claramente racista ante la comunidad internacional. Esta jugada no es una muestra de autoridad, sino un paso en falso desesperado que incurre en graves errores conceptuales y repite lógicas de asimilación e imposición ya documentadas en el resto del mundo.
2. Por qué la Reforma Legal es un Fracaso Anunciado y Exhibe a un Estado Racista
   La pretensión del gobierno de Kast de fragmentar la propiedad colectiva mediante lógicas de mercado individuales es un grave desatino que profundizará la inestabilidad por las siguientes razones categóricas:

Desconoce la Naturaleza Colectiva del Conflicto:

El reclamo del pueblo mapuche no es una demanda de consumidores buscando créditos bancarios o subsidios habitacionales individuales. Es una disputa política, histórica y de restitución ancestral de un territorio indivisible. Pretender disolver una memoria histórica transformando la tierra en un activo financiero es un reduccionismo absurdo que ofende las bases del tejido comunitario.

Incentiva el Despojo Legal y la Fricción Social: Al habilitar la hipoteca y el arriendo, el Estado expone los terrenos a embargos bancarios y transferencias indirectas a actores no indígenas. Esto será interpretado local e internacionalmente como una estrategia encubierta de «despojo legalizado», dinamitando cualquier posibilidad futura de diálogo político real y multiplicando los focos de conflicto.

Viola Estándares Internacionales: Esta reforma choca frontalmente con los tratados de derechos humanos y el Convenio 169 de la OIT. Someter el suelo colectivo al arbitrio del mercado financiero internacional dejará a Chile en una posición sumamente vulnerable ante cortes internacionales, consolidando la figura de un Estado claramente racista que ignora y vulnera los derechos fundamentales a la propiedad comunal de sus pueblos originarios.

3. Lecciones Internacionales: El Fracaso Global de la Privatización Indígena
   La estrategia de Kast no es nueva. Otros Estados intentaron «modernizar», mercantilizar o privatizar las tierras ancestrales bajo la misma narrativa de libertad económica individual y el resultado fue un desastre institucional absoluto, evidenciado a través de los siguientes casos ordenados por puntos:

Estados Unidos y la Ley Dawes (1887): La General Allotment Act dividió las tierras comunales tribales en parcelas individuales intercambiables, argumentando que traería progreso. El resultado fue un descalabro total: las comunidades perdieron más de 36 millones de hectáreas, se destruyó la cohesión social de las tribus y sumió a las reservas en la pobreza estructural y el despojo. El propio gobierno estadounidense debió revertir la ley décadas después reconociendo su absoluto fracaso.

México y la Reforma Constitucional al Artículo 27 (1992): Bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se reformuló la ley para permitir la privatización, arriendo y venta de las tierras ejidales y comunales. Lejos de pacificar o traer desarrollo, la medida rompió el tejido agrario, empujó a miles de indígenas al desplazamiento forzado y fue el detonante directo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. La ley que pretendía el control de los mercados terminó desatando una insurgencia política de largo aliento.

Australia y las Reformas de «Native Title»: Intentos sucesivos por flexibilizar la inalienabilidad de los títulos nativos para promover un supuesto «desarrollo económico moderno» han demostrado ser ineficaces. Estos marcos terminaron entrampando a los pueblos originarios en burocracias comerciales que debilitaron sus derechos soberanos sobre el suelo, aumentando los índices de marginación y criminalización sistémica.

Canadá y el Sistema de Certificados de Posesión (Indian Act): El intento del Estado canadiense por introducir formas de propiedad cuasi-privada e individual (como las Lawful Possessions) dentro de las reservas para incentivar el acceso al crédito comercial generó un quiebre social masivo. En lugar de generar riqueza, erosionó el control del gobierno de las bandas nativas sobre su territorio tradicional, exacerbó las disputas internas por los límites de las tierras colectivas y entrampó la resolución de los tratados modernos bajo costosos litigios que aislaron económicamente a las comunidades.

Brasil y las Políticas de Integración de Fronteras Agrícolas: Durante el régimen militar y con peligrosas reactivaciones en administraciones neoliberales subsiguientes, el Estado brasileño intentó forzar la apertura de territorios ancestrales en la Amazonía y el Mato Grosso para integrarlos al catastro productivo nacional e individual mediante títulos de propiedad para colonos y agronegocios. Esta política no integró a los pueblos originarios, sino que desató un récord histórico de violencia rural, invasiones ilegales y asesinatos de líderes indígenas (como los del pueblo Guaraní-Kaiowá), demostrando que la mercantilización estatal del suelo ancestral opera como una declaración de guerra encubierta.

Kenia y la Enajenación para la Conservación Privada de Tierras: La imposición de marcos de zonificación y esquemas de tenencia de tierras que ignoran la propiedad colectiva de comunidades como los Sengwer o los Ogiek para dar paso a concesiones de desarrollo rural o ecoturismo comercial ha resultado en un desastre humanitario. El modelo despojó a las familias de su hábitat bajo una narrativa de progreso estatal, provocando el desplazamiento forzado y severas amonestaciones de las cortes internacionales de derechos humanos, que determinaron la ineficacia absoluta de reemplazar la custodia tradicional por la burocracia de los derechos de explotación.

4. Ineficacia del Gobierno y Exposición a Sanciones por Incumplimiento de Tratados
   Este conjunto de medidas punitivas y legales deja en total evidencia la profunda ineficacia del gobierno de Kast para abordar la raíz de la crisis. Al no contar con una propuesta política viable, el Ejecutivo incurre en una flagrante transgresión de acuerdos jurídicos vinculantes, lo que expone de inmediato al Estado de Chile a severas sanciones internacionales ante organismos globales, dado que ha suscrito y ratificado instrumentos fundamentales de protección:

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Este tratado, ratificado e incorporado por Chile en 2008, exige expresamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de propiedad y posesión colectiva de las tierras tradicionales, prohibiendo además cualquier modificación legal que afecte a estos pueblos sin una consulta previa, libre e informada.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): Al estar plenamente adscrito al Sistema Interamericano, Chile debe respetar el artículo 21 de este pacto relativo al derecho a la propiedad privada, el cual la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha extendido de manera vinculante a la propiedad comunitaria e indígena. El desacato a estos principios expone al Ejecutivo al oprobio de nuevas condenas internacionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Consagra el derecho de autodeterminación y control de las instituciones propias, principios que quedan completamente vulnerados bajo la imposición de las lógicas mercantiles e hipotecarias promovidas por la reforma del gobierno actual.

5. El Espejismo de la «Operación Tridente» y la Narrativa Simplificada
   El colapso de este diseño dual se hace evidente al contrastar la ineficacia de la reforma con el despliegue de fuerza táctica. La «Operación Tridente» —el aparato operativo conjunto que extrajo en helicóptero militar al Werkén histórico Jorge Huenchullán y a su esposa Carolina Padilla Manquel en Temucuicui— funcionó únicamente como un «ansiolítico social» de efecto efímero. Al intentar degradar un conflicto histórico imputándoles cargos comunes e hipervisibilizando las capturas ante la opinión pública urbana, el gobierno de Kast celebró un triunfo meramente escénico.

La trampa radica en que el arraigo territorial mapuche no depende de una orgánica delictiva convencional, rígida y vertical como a menudo lo ha querido mostrar la prensa local y el Ejecutivo mediante relatos simplificados. Al estructurarse en un tejido social, histórico y profundamente descentralizado, la resistencia identitaria permanece intacta a nivel micro-gestual en el suelo. La inmediata reafirmación autonómica de las comunidades sobrevivió a los fuegos artificiales de la prensa, desnudando la impotencia de un Estado que confunde una captura espectacular con el control político real del territorio.

6. La Doble Claudicación del Estado ante la Comunidad Internacional
   Tanto el despliegue militar de la «Operación Tridente» como el giro mercantilista de la Ley Indígena representan, en última instancia, la doble claudicación del gobierno de Kast ante la comunidad internacional.

Una demuestra que el Estado no puede asegurar la gobernanza del suelo sin recurrir a la espectacularidad de las armas, y la otra certifica que ha decidido esconder su incapacidad de negociación política detrás de un decreto de asimilación económica que el territorio ya ha declarado muerto antes de nacer.

Atte.
Roberto Oyarzún Susñar

Observador internacional Terre et Liberté pour l’Arauco (Francia) / Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V (Alemania) / Offenes Zentrum (Alemania)

Licenciado en Sociología, Universidad de Chile.
Doctor en Economía y Finanzas, Manhattan University.
Máster en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Historia del Arte, Sorbonne Université, París; Faculty of Arts & Humanities.
Main Mainly Master en Violoncello, Conservatorio Real de Escocia (RCS) Glasgow.
Doctor en Armonía y Composición para Cuerdas Hellmesberger, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Viena, Austria).
Doctor en Teoría Musical y Dirección Orquestal Anton Bruckner, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Viena, Austria).

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II. ENGLISH VERSION
SECOND COMMUNIQUÉ FROM THE INTERNATIONAL OBSERVER FOR FRANCE AND GERMANY IN TEMUCUICUI
From Punitive Fiction to Mercantile Collapse: How «Operation Trident» and the Reform of Indigenous Law No. 19,253 consolidate two consecutive errors by a crumbling State before the Mapuche People in less than 15 days.
Kast’s strategy is neither new nor politically astute. The United States, Kenya, Mexico, Australia, Canada, and Brazil, among others, previously attempted to modernize, commodify, or privatize ancestral lands under the same narrative of individual economic freedom. The result was an absolute institutional disaster.

1. Global Diagnosis of Kast’s Dual Strategy
   The recent dual strategy of José Antonio Kast’s administration—combining the public relations impact of «Operation Trident» with the announcement of a profound reform to Indigenous Law No. 19,253 to enable individual leasing, mortgaging, and usufruct—constitutes a disastrous decision. This move exposes Chile before the international community as a distinctly racist State. Rather than a demonstration of authority, this blunder is a desperate misstep that incurs grave conceptual errors and repeats documented historical patterns of assimilation and imposition from around the world.
2. Why the Legal Reform is a Foretold Failure and Exhibits a Racist State
   The government’s attempt to fragment collective property through individual market logics is a severe mistake that will deepen instability for the following categorical reasons:
   It Ignores the Collective Nature of the Conflict: The Mapuche demand is not a consumer claim for bank loans or individual housing subsidies. It is a political, historical dispute regarding the ancestral restitution of an indivisible territory. Attempting to dissolve historical memory by transforming land into a financial asset is an absurd reductionism that violates the core of the community fabric.
   It Incentivizes Legal Dispossession and Social Friction: By enabling mortgages and leasing, the State exposes these lands to bank foreclosures and indirect transfers to non-Indigenous actors. Locally and internationally, this will be interpreted as a covert strategy of «legalized dispossession,» dismantling any future possibility for genuine political dialogue and multiplying conflict flashpoints.
   It Violates International Standards: This reform directly clashes with human rights treaties and ILO Convention 169. Subjecting collective soil to the whims of the international financial market will leave Chile highly vulnerable before international courts, cementing its status as a distinctly racist State that disregards and violates the fundamental rights of its indigenous peoples to communal property.
3. International Lessons: The Global Failure of Indigenous Land Privatization
   Kast’s strategy is not new. Other States have attempted to «modernize,» commodify, or privatize ancestral lands under the same narrative of individual economic freedom, resulting in absolute institutional disasters, as evidenced by the following cases:
   United States and the Dawes Act (1887): The General Allotment Act divided tribal communal lands into exchangeable individual plots under the guise of progress. The result was total devastation: communities lost over 36 million hectares, tribal social cohesion was destroyed, and reservations were plunged into structural poverty and dispossession. Decades later, the U.S. government had to repeal the law, acknowledging its absolute failure.
   Mexico and the 1992 Constitutional Reform of Article 27: Under Carlos Salinas de Gortari, the law was modified to allow the privatization, leasing, and sale of ejido and communal lands. Far from pacifying or bringing development, this measure ruptured the agricultural fabric, forced thousands of indigenous people into displacement, and directly triggered the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) uprising in Chiapas. A law meant to control markets unleashed a long-term political insurgency.
   Australia and «Native Title» Reforms: Successive attempts to weaken the inalienability of native titles to promote alleged «modern economic development» have proven ineffective. These frameworks trapped indigenous peoples in commercial bureaucracies that eroded their sovereign land rights, increasing rates of marginalization and systemic criminalization.
   Canada and the Certificates of Possession System (Indian Act): The Canadian State’s attempt to introduce quasi-private, individual property models (such as Lawful Possessions) within reserves to encourage commercial credit access caused massive social fragmentation. Instead of generating wealth, it eroded band governments’ control over traditional territories, exacerbated internal disputes over collective land boundaries, and mired modern treaty resolutions in costly litigation that economically isolated communities.
   Brazil and Agricultural Frontier Integration Policies: Initiated during the military regime and dangerously reactivated by subsequent neoliberal administrations, the Brazilian State forced open ancestral territories in the Amazon and Mato Grosso to integrate them into national production registries via individual titles for colonists and agribusinesses. This policy did not integrate indigenous peoples; instead, it unleashed historic levels of rural violence, illegal land invasions, and the assassination of indigenous leaders (such as the Guaraní-Kaiowá), proving that state commodification of ancestral land operates as a covert declaration of war.
   Kenya and Land Divestment for Private Conservation: Imposing zoning frameworks and land tenure schemes that ignore collective ownership in communities like the Sengwer or Ogiek—to make way for rural development concessions or commercial ecotourism—has resulted in a humanitarian disaster. This model dispossessed families of their habitat under a narrative of state progress, causing forced displacement and severe censures from international human rights courts, which ruled that replacing traditional stewardship with commercial exploitation bureaucracies is entirely ineffective.
4. Government Inefficacy and Exposure to Sanctions for Treaty Non-Compliance
   This package of punitive and legal measures exposes the profound inefficacy of the Kast government in addressing the root causes of the crisis. Lacking a viable political proposal, the Executive commits a flagrant transgression of binding legal agreements. This immediately exposes the State of Chile to severe international sanctions from global bodies, given that it has signed and ratified fundamental protective instruments:
   ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples: Ratified and incorporated by Chile in 2008, this treaty explicitly demands the recognition and safeguarding of collective ownership and possession rights over traditional lands. It strictly prohibits any legal amendments affecting these peoples without free, prior, and informed consultation.
   American Convention on Human Rights (Pact of San José): As a full member of the Inter-American System, Chile must respect Article 21 regarding the right to private property. The binding jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has extended this right to indigenous communal property. Defying these principles exposes the Executive to the ignominy of new international condemnations.
   United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: This declaration consecrates the rights to self-determination and control over internal institutions. Both principles are completely violated by the imposition of the mercantile and mortgage logics promoted by the current government’s reform.
5. The Mirage of «Operation Trident» and the Simplified Narrative
   The collapse of this dual design becomes evident when contrasting the reform’s inefficacy with the deployment of tactical force. «Operation Trident»—the joint operational apparatus that used a military helicopter to extract historic Werkén Jorge Huenchullán and his wife Carolina Padilla Manquel from Temucuicui—served merely as an ephemeral «social tranquilizer.» By attempting to downgrade a historic conflict through common criminal charges and hyper-visualizing the arrests to the urban public, the Kast government celebrated a purely theatrical victory.
   The trap lies in the fact that Mapuche territorial roots do not depend on a conventional, rigid, and vertical criminal organization, as local media and the Executive often portray through simplified narratives. Structured upon a decentralized social and historical fabric, the identity-based resistance remains intact at a micro-gestural level on the ground. The immediate autonomous reaffirmation of the communities outlived the media fireworks, exposing the impotence of a State that mistakes a spectacular capture for actual political control over the territory.
6. The State’s Double Capitulation Before the International Community
   Both the military deployment of «Operation Trident» and the mercantile pivot of the Indigenous Law represent, ultimately, a double capitulation by the Kast government before the international community. The former demonstrates that the State cannot ensure land governance without resorting to the spectacle of weapons; the latter certifies that it has chosen to hide its political negotiation incapacity behind an economic assimilation decree that the territory had already declared dead before it was born.
   Sincerely,
   Roberto Oyarzún Susñar
   International Observer for Terre et Liberté pour l’Arauco (France) / Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V (Germany) / Offenes Zentrum (Germany)
   Bachelor’s Degree in Sociology, Universidad de Chile.
   Ph.D. in Economics and Finance, Manhattan University.
   Master’s Degree in Political and Administrative Sciences, Universidad Complutense de Madrid.
   Bachelor’s Degree in Art History, Sorbonne Université, Paris; Faculty of Arts & Humanities.
   Master’s Degree in Cello, Royal Conservatoire of Scotland (RCS) Glasgow.
   Ph.D. in Harmony and String Composition (Hellmesberger), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Vienna, Austria).
   Ph.D. in Music Theory and Orchestral Conducting (Anton Bruckner), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Vienna, Austria).

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III. VERSION FRANÇAISE
DEUXIÈME COMMUNIQUÉ DE L’OBSERVATEUR INTERNATIONAL DE FRANCE ET D’ALLEMAGNE À TEMUCUICUI
De la fiction punitive à la débâcle mercantile : Comment l’Opération Trident et la réforme de la loi indigène n° 19.253 consolident deux erreurs consécutives d’un État qui s’effondre face au Peuple Mapuche, en moins de 15 jours.
La stratégie de Kast n’est pas nouvelle et s’avère politiquement maladroite. Les États-Unis, le Kenya, le Mexique, l’Australie, le Canada et le Brésil, entre autres, ont tenté de moderniser, de marchandiser ou de privatiser les terres ancestrales sous le même prétexte de liberté économique individuelle. Le résultat fut un désastre institutionnel absolu.

1. Diagnostic global face à la stratégie duelle de Kast
   La récente stratégie duelle de l’administration de José Antonio Kast —qui combine l’impact publicitaire de l’« Opération Trident » avec l’annonce d’une profonde réforme de la loi indigène n° 19.253 pour permettre les baux, les hypothèques et les jouissances individuelles— constitue une décision désastreuse. Elle expose le Chili comme un État ouvertement raciste devant la communauté internationale. Cette manœuvre n’est pas une démonstration d’autorité, mais un faux pas désespéré qui commet de graves erreurs conceptuelles et reproduit des logiques d’assimilation et d’imposition déjà documentées à travers le monde.
2. Pourquoi la réforme légale est un échec annoncé et expose un État raciste
   La prétention du gouvernement Kast de fragmenter la propriété collective par des logiques de marché individuelles est un égarement majeur qui aggravera l’instabilité pour les raisons catégoriques suivantes :
   Elle méconnaît la nature collective du conflit : La revendication du peuple Mapuche n’est pas une demande de consommateurs en quête de crédits bancaires ou de subventions au logement individuel. Il s’agit d’un conflit politique et historique pour la restitution ancestrale d’un territoire indivisible. Prétendre dissoudre une mémoire historique en transformant la terre en un actif financier est un réductionnisme absurde qui outrage les fondements du tissu communautaire.
   Elle encourage la spoliation légale et la friction sociale : En autorisant l’hypothèque et le bail, l’État expose ces terres à des saisies bancaires et à des transferts indirects vers des acteurs non autochtones. Localement et internationalement, cela sera interprété comme une stratégie déguisée de « spoliation légalisée », dynamitant toute possibilité future de dialogue politique réel et multipliant les foyers de conflit.
   Elle viole les normes internationales : Cette réforme se heurte de front aux traités des droits de l’homme et à la Convention 169 de l’OIT. Soumettre le sol collectif à l’arbitrage du marché financier international placera le Chili dans une position d’extrême vulnérabilité face aux cours internationales, consolidant la figure d’un État clairement raciste qui ignore et viole les droits fondamentaux de ses peuples autochtones à la propriété communale.
3. Leçons internationales : L’échec mondial de la privatisation indigène
   La stratégie de Kast n’est pas nouvelle. D’autres États ont tenté de « moderniser », marchandiser ou privatiser les terres ancestrales sous la même rhétorique de liberté économique individuelle, et le résultat fut un désastre institutionnel absolu, comme en témoignent les cas suivants :
   États-Unis et la loi Dawes (1887) : La General Allotment Act a divisé les terres communales tribales en parcelles individuelles échangeables, sous prétexte de progrès. Le résultat fut une débâcle totale : les communautés ont perdu plus de 36 millions d’hectares, la cohésion sociale des tribus a été détruite et les réserves ont été plongées dans une pauvreté structurelle et la spoliation. Le gouvernement américain lui-même a dû abroger la loi des décennies plus tard, reconnaissant son échec absolu.
   Mexique et la réforme constitutionnelle de l’article 27 (1992) : Sous l’administration de Carlos Salinas de Gortari, la loi a été reformulée pour permettre la privatisation, la location et la vente des terres ejidales et communales. Loin de pacifier ou d’apporter le développement, cette mesure a brisé le tissu agraire, poussé des milliers d’autochtones au déplacement forcé et fut le déclencheur direct du soulèvement de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) au Chiapas. Une loi qui prétendait contrôler les marchés a fini par déclencher une insurrection politique de longue durée.
   Australie et les réformes du « Native Title » : Les tentatives successives visant à assouplir l’inaliénabilité des titres autochtones pour promouvoir un prétendu « développement économique moderne » se sont révélées inefficaces. Ces cadres ont piégé les peuples d’origine dans des bureaucraties commerciales qui ont affaibli leurs droits souverains sur le sol, augmentant les indices de marginalisation et de criminalisation systémique.
   Canada et le système des certificats de possession (Loi sur les Indiens) : La tentative de l’État canadien d’introduire des formes de propriété quasi-privée et individuelle (telles que les Lawful Possessions) au sein des réserves pour encourager l’accès au crédit commercial a généré une fracture sociale massive. Au lieu de générer de la richesse, elle a érodé le contrôle des gouvernements de bandes sur leur territoire traditionnel, exacerbé les disputes internes sur les limites des terres collectives et enlisé la résolution des traités modernes dans de coûteux litiges qui ont isolé économiquement les communautés.
   Brésil et les politiques d’intégration des frontières agricoles : Sous le régime militaire, avec des réactivations dangereuses par les administrations néolibérales subséquentes, l’État brésilien a tenté de forcer l’ouverture des territoires ancestrales en Amazonie et au Mato Grosso pour les intégrer au cadastre productif national par des titres de propriété individuels pour les colons et l’agro-industrie. Cette politique n’a pas intégré les peuples autochtones ; elle a au contraire déclenché un record historique de violence rurale, d’invasions illégales et d’assassinats de leaders autochtones (comme ceux du peuple Guaraní-Kaiowá), prouvant que la marchandisation étatique du sol ancestral opère comme une déclaration de guerre déguisée.
   Kenya et l’aliénation pour la conservation privée des terres : L’imposition de cadres de zonage et de régimes fonciers qui ignorent la propriété collective de communautés comme les Sengwer ou les Ogiek —pour céder la place à des concessions de développement rural ou d’écotourisme commercial— a abouti à un désastre humanitaire. Ce modèle a dépouillé les familles de leur habitat sous un récit de progrès étatique, provoquant des déplacements forcés et de sévères réprimandes de la part des cours internationales des droits de l’homme, qui ont déterminé l’inefficacité absolue du remplacement de la garde traditionnelle par la bureaucratie des droits d’exploitation.
4. Inefficacité du gouvernement et exposition à des sanctions pour non-respect des traités
   Cet ensemble de mesures punitives et légales met en évidence la profonde inefficacité du gouvernement Kast pour aborder la racine de la crise. Faute de proposition politique viable, l’Exécutif commet une transgression flagrante d’accords juridiques contraignants. Cela expose immédiatement l’État du Chili à de graves sanctions internationales de la part d’organismes mondiaux, étant donné qu’il a signé et ratifié des instruments fondamentaux de protection :
   Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux : Ce traité, ratifié et intégré par le Chili en 2008, exige expressément la reconnaissance et la sauvegarde des droits de propriété et de possession collective des terres traditionnelles, interdisant en outre toute modification légale affectant ces peuples sans une consultation préalable, libre et éclairée.
   Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José) : Pleinement inscrit dans le système interaméricain, le Chili doit respecter l’article 21 relatif au droit à la propriété privée. La jurisprudence contraignante de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH) a étendu ce principe à la propriété communautaire et autochtone. Le mépris de ces principes expose l’Exécutif à l’opprobre de nouvelles condamnations internationales.
   Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Elle consacre le droit à l’autodétermination et au contrôle des institutions propres, des principes totalement bafoués par l’imposition des logiques mercantiles et hypothécaires promues par la réforme du gouvernement actuel.
5. Le mirage de l’« Opération Trident » et le récit simplifié
   L’effondrement de cette stratégie duelle devient évident lorsque l’on oppose l’inefficacité de la réforme au déploiement de la force tactique. L’« Opération Trident » —l’appareil opérationnel conjoint qui a extrait par hélicoptère militaire le Werkén historique Jorge Huenchullán et son épouse Carolina Padilla Manquel à Temucuicui— n’a fonctionné que comme un « anxiolytique social » à l’effet éphémère. En tentant de dégrader un conflit historique en leur imputant des accusations de droit commun et en hyper-médiatisant les captures devant l’opinion publique urbaine, le gouvernement Kast a célébré un triomphe purement scénique.
   Le piège réside dans le fait que l’enracinement territorial Mapuche ne dépend d’une organisation criminelle conventionnelle, rigide et verticale, comme la presse locale et l’Exécutif ont souvent voulu le montrer à travers des récits simplifiés. Structurée autour d’un tissu social, historique et profondément décentralisé, la résistance identitaire demeure intacte au niveau micro-gestuel sur le terrain. La réaffirmation autonome immédiate des communautés a survécu aux feux d’artifice de la presse, mettant à nu l’impuissance d’un État qui confond une capture spectaculaire avec le contrôle politique réel du territoire.
6. La double capitulation de l’État devant la communauté internationale
   Le déploiement militaire de l’« Opération Trident » tout comme le virage mercantiliste de la loi indigène représentent, en fin de compte, la double capitulation du gouvernement Kast devant la communauté internationale. L’un démontre que l’État ne peut assurer la gouvernance du sol sans recourir au spectacle des armes, et l’autre certifie qu’il a décidé de cacher son incapacité de négociation politique derrière un décret d’assimilation économique que le territoire a déjà déclaré mort avant de naître.
   Veuillez agréer, l’expression de mes salutations distinguées,
   Roberto Oyarzún Susñar
   Observateur international Terre et Liberté pour l’Arauco (France) / Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V (Allemagne) / Offenes Zentrum (Allemagne)
   Licencié en Sociologie, Université du Chili.
   Docteur en Ékonomie et Finances, Manhattan University.
   Master en Sciences Politiques et Administratives, Université Complutense de Madrid.
   Licencié en Histoire de l’Art, Sorbonne Université, Paris ; Faculty of Arts & Humanities.
   Master en Violoncelle, Royal Conservatoire of Scotland (RCS) Glasgow.
   Docteur en Harmonie et Composition pour Cordes (Hellmesberger), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Vienne, Autriche).
   Docteur en Théorie Musicale et Direction d’Orchestre (Anton Bruckner), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Vienne, Autriche).

DEUTSCHE VERSION
ZWEITES COMMUNIQUÉ DES INTERNATIONALEN BEOBACHTERS FÜR FRANKREICH UND DEUTSCHLAND IN TEMUCUICUI
Vom strafenden Trugbild zum merkantilen Zusammenbruch: Wie die „Operation Trident“ und die Reform des Indigenen-Gesetzes Nr. 19.253 zwei aufeinanderfolgende Fehler eines Staates konsolidieren, der in weniger als 15 Tagen vor dem Volk der Mapuche zerbricht.
Die Strategie von Kast ist weder neu noch politisch klug. Die Vereinigten Staaten, Kenia, Mexiko, Australien, Kanada und Brasilien, unter anderem, versuchten bereits, angestammte Ländereien unter demselben Narrativ der individuellen wirtschaftlichen Freiheit zu modernisieren, zu kommerzialisieren oder zu privatisieren. Das Ergebnis war ein absolutes institutionelles Desaster.

1. Globale Diagnose angesichts der dualen Strategie von Kast
   Die jüngste duale Strategie der Regierung von José Antonio Kast —die die werbewirksame Wirkung der „Operation Trident“ mit der Ankündigung einer tiefgreifenden Reform des Indigenen-Gesetzes Nr. 19.253 kombiniert, um Verpachtungen, Hypotheken und individuellen Nießbrauch zu ermöglichen— stellt eine katastrophale Entscheidung dar. Sie stellt Chile vor der internationalen Gemeinschaft als einen eindeutig rassistischen Staat dar. Dieser Schachzug ist kein Beweis für Autorität, sondern ein verzweifelter Fehltritt, der schwere konzeptionelle Fehler beinhaltet und dokumentierte Logiken der Assimilation und Aufzwingung aus aller Welt wiederholt.
2. Warum die Rechtsreform ein angekündigtes Scheitern ist und einen rassistischen Staat offenbart
   Der Versuch der Kast-Regierung, das kollektive Eigentum durch individuelle Marktlogiken zu fragmentieren, ist ein schwerer Fehlgriff, der die Instabilität aus folgenden kategorischen Gründen vertiefen wird:
   Sie verkennt die kollektive Natur des Konflikts: Die Forderung des Mapuche-Volkes ist keine Nachfrage von Konsumenten, die nach Bankkrediten oder individuellen Wohnungsbausubventionen suchen. Es handelt sich um einen politischen, historischen Streit um die Rückgabe des unteilbaren Territoriums der Vorfahren. Der Versuch, ein historisches Gedächtnis aufzulösen, indem man Land in einen Finanzwert verwandelt, ist ein absurder Reduktionismus, der das Fundament des gesellschaftlichen Gefüges verletzt.
   Sie fördert den legalen Raub und soziale Spannungen: Durch die Ermöglichung von Hypotheken und Verpachtungen setzt der Staat die Ländereien Bankpfändungen und indirekten Übertragungen an nicht-indigene Akteure aus. Dies wird lokal und international als verdeckte Strategie des „legalisierten Raubbaus“ interpretiert werden, was jede zukünftige Möglichkeit eines echten politischen Dialogs im Keim erstickt und die Konfliktherde vervielfacht.
   Sie verstößt gegen internationale Standards: Diese Reform kollidiert frontal mit Menschenrechtsverträgen und der IAO-Konvention 169. Den kollektiven Boden der Willkür des internationalen Finanzmarktes zu unterwerfen, wird Chile in eine äußerst vulnerable Position vor internationalen Gerichten bringen. Dies festigt das Bild eines eindeutig rassistischen Staates, der die Grundrechte seiner indigenen Völker auf gemeinschaftliches Eigentum ignoriert und verletzt.
3. Internationale Lehren: Das globale Scheitern der indigenen Privatisierung
   Kasts Strategie ist nicht neu. Andere Staaten versuchten, angestammte Ländereien unter demselben Narrativ der individuellen wirtschaftlichen Freiheit zu „modernisieren“, zu kommerzialisieren oder zu privatisieren. Das Ergebnis war ein absolutes institutionelles Desaster, wie die folgenden Fälle belegen:
   Vereinigte Staaten und der Dawes Act (1887): Der General Allotment Act teilte das gemeinschaftliche Stammesland unter dem Vorwand des Fortschritts in austauschbare Einzelparzellen auf. Das Ergebnis war ein totaler Zusammenbruch: Die Gemeinschaften verloren mehr als 36 Millionen Hektar, der soziale Zusammenhalt der Stämme wurde zerstört, und die Reservate versanken in struktureller Armut und Enteignung. Die US-Regierung selbst musste das Gesetz Jahrzehnte später wieder aufheben und erkannte dessen absolutes Scheitern an.
   Mexiko und die Verfassungsreform des Artikels 27 (1992): Unter der Regierung von Carlos Salinas de Gortari wurde das Gesetz reformiert, um die Privatisierung, Verpachtung und den Verkauf von Ejido- und Gemeinschaftsländereien zu ermöglichen. Weit davon entfernt, Frieden oder Entwicklung zu bringen, zerbrach die Maßnahme das agrarische Gefüge, trieb Tausende von Indigenen in die Zwangsvertreibung und war der direkte Auslöser für den Aufstand der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) in Chiapas. Das Gesetz, das die Märkte kontrollieren sollte, entfesselte einen langfristigen politischen Aufstand.
   Australien und die „Native Title“-Reformen: Aufeinanderfolgende Versuche, die Unveräußerlichkeit nativer Titel aufzuweichen, um eine vermeintliche „moderne wirtschaftliche Entwicklung“ zu fördern, haben sich als unwirksam erwiesen. Diese Rahmenbedingungen verstrickten die indigenen Völker in kommerzielle Bürokratien, die ihre souveränen Rechte über den Boden schwächten, was zu einer Zunahme von Marginalisierung und systemischer Kriminalisierung führte.
   Kanada und das System der Besitzzertifikate (Indian Act): Der Versuch des kanadischen Staates, quasi-private und individuelle Eigentumsformen (wie Lawful Possessions) in den Reservaten einzuführen, um den Zugang zu kommerziellen Krediten zu fördern, führte zu einem massiven sozialen Bruch. Anstatt Wohlstand zu schaffen, untergrub es die Kontrolle der Stammesregierungen über ihr traditionelles Territorium, verschärfte interne Streitigkeiten über die Grenzen des kollektiven Landes und verstrickte die Lösung moderner Verträge in kostspielige Rechtsstreitigkeiten, die die Gemeinschaften wirtschaftlich isolierten.
   Brasilien und die Politik der Integration landwirtschaftlicher Grenzen: Während des Militärregimes begonnen und von nachfolgenden neoliberalen Regierungen gefährlich reaktiviert, versuchte der brasilianische Staat, die Öffnung von Territorien der Vorfahren im Amazonasgebiet und im Mato Grosso zu erzwingen, um sie durch individuelle Eigentumstitel für Siedler und die Agrarindustrie in das nationale Produktionskataster zu integrieren. Diese Politik integrierte die indigenen Völker nicht, sondern entfesselte eine historische Welle ländlicher Gewalt, illegaler Invasionen und Morde an indigenen Führern (wie denen des Volkes der Guaraní-Kaiowá). Dies beweist, dass die staatliche Kommerzialisierung des Bodens der Vorfahren wie eine verdeckte Kriegserklärung wirkt.
   Kenia und die Enteignung für den privaten Naturschutz: Die Aufzwingung von Zonierungsrahmen und Landbesitzregelungen, die das kollektive Eigentum von Gemeinschaften wie den Sengwer oder den Ogiek ignorieren, um Platz für ländliche Entwicklungskonzessionen oder kommerziellen Ökotourismus zu machen, hat zu einer humanitären Katastrophe geführt. Das Modell beraubte die Familien ihres Lebensraums unter dem Deckmantel des staatlichen Fortschritts. Dies führte zu Zwangsvertreibungen und schweren Rügen internationaler Menschenrechtsgerichte, die feststellten, dass der Ersatz der traditionellen Obhut durch die Bürokratie von Ausbeutungsrechten absolut unwirksam ist.
4. Ineffizienz der Regierung und das Risiko von Sanktionen wegen Vertragsverletzungen
   Dieses Paket von Straf- und Rechtsmaßnahmen offenbart die tiefgreifende Ineffizienz der Kast-Regierung bei der Bewältigung der Ursachen dieser Krise. Da die Exekutive über keinen tragfähigen politischen Vorschlag verfügt, verstößt sie eklatant gegen verbindliche Rechtsabkommen. Dies setzt den Staat Chile sofort der Gefahr schwerer internationaler Sanktionen durch globale Gremien aus, da er grundlegende Schutzinstrumente unterzeichnet und ratifiziert hat:
   IAO-Konvention 169 über indigenen und in Stämmen lebenden Völkern: Dieser 2008 von Chile ratifizierte und inkorporierte Vertrag fordert ausdrücklich die Anerkennung und den Schutz der kollektiven Eigentums- und Besitzrechte an traditionellen Ländereien. Zudem verbietet er jegliche gesetzliche Änderung, die diese Völker betrifft, ohne eine vorherige, freie und informierte Konsultation.
   Amerikanische Menschenrechtskonvention (Pakt von San José): Als Vollmitglied des interamerikanischen Systems muss Chile Artikel 21 bezüglich des Rechts auf Privateigentum respektieren. Die bindende Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (IAGMR) hat dieses Recht auf das gemeinschaftliche und indigene Eigentum ausgeweitet. Die Missachtung dieser Prinzipien setzt die Exekutive der Schande neuer internationaler Verurteilungen aus.
   Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker: Sie verankert das Recht auf Selbstbestimmung und die Kontrolle über die eigenen Institutionen. Beide Prinzipien werden durch die Aufzwingung der von der aktuellen Regierungsreform geförderten Markt- und Hypothekenlogiken vollständig verletzt.
5. Das Trugbild der „Operation Trident“ und das vereinfachte Narrativ
   Der Zusammenbruch dieses dualen Designs wird deutlich, wenn man die Ineffizienz der Reform mit dem Einsatz taktischer Gewalt vergleicht. Die „Operation Trident“ —der gemeinsame Operationsapparat, der den historischen Werkén Jorge Huenchullán und seine Ehefrau Carolina Padilla Manquel mit einem Militärhubschrauber aus Temucuicui herausholte— fungierte lediglich als ein „soziales Beruhigungsmittel“ von flüchtiger Wirkung. Durch den Versuch, einen historischen Konflikt herabzustufen, indem man ihnen gemeine Straftaten vorwarf und die Festnahmen vor der urbanen Öffentlichkeit hyper-visualisierte, feierte die Kast-Regierung einen rein inszenierten Triumph.
   Die Falle liegt darin, dass die territoriale Verwurzelung der Mapuche nicht von einer konventionellen, starren und vertikalen kriminellen Organisation abhängt, wie es die lokale Presse und die Exekutive durch vereinfachte Berichte oft darstellen wollten. Da sie sich in einem sozialen, historischen und zutiefst dezentralisierten Gefüge strukturiert, bleibt der identitäre Widerstand auf mikro-gestischer Ebene im Boden intakt. Die sofortige autonome Selbstbehauptung der Gemeinschaften überlebte das mediale Feuerwerk und legte die Ohnmacht eines Staates offen, der eine spektakuläre Festnahme mit der realen politischen Kontrolle über das Territorium verwechselt.
6. Die doppelte Kapitulation des Staates vor der internationalen Gemeinschaft
   Sowohl der militärische Einsatz der „Operation Trident“ als auch die merkantile Wende des Indigenen-Gesetzes repräsentieren letztlich die doppelte Kapitulation der Kast-Regierung vor der internationalen Gemeinschaft. Das eine zeigt, dass der Staat die Governance des Bodens nicht ohne das Spektakel der Waffen sichern kann; das andere bescheinigt, dass er beschlossen hat, seine Unfähigkeit zu politischen Verhandlungen hinter einem Dekret der wirtschaftlichen Assimilation zu verstecken, das das Territorium bereits für tot erklärt hat, bevor es geboren wurde.
   Mit freundlichen Grüßen
   Roberto Oyarzún Susñar
   Internationaler Beobachter für Terre et Liberté pour l’Arauco (Frankreich) / Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V (Deutschland) / Offenes Zentrum (Deutschland)
   Licenciat in Soziologie, Universidad de Chile.
   Doktor der Wirtschaftswissenschaften und Finanzen, Manhattan University.
   Master in Politik- und Verwaltungswissenschaften, Universidad Complutense de Madrid.
   Licenciat in Kunstgeschichte, Sorbonne Université, Paris; Faculty of Arts & Humanities.
   Master in Violoncello, Royal Conservatoire of Scotland (RCS) Glasgow.
   Doktor in Harmonie und Streicherkomposition (Hellmesberger), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Wien, Österreich).
   Doktor in Musiktheorie und Orchesterleitung (Anton Bruckner), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Wien, Österreich).