Ochenta años de cárcel. Eso le dio el Estado de Chile a cinco hombres mapuche en Cañete el 21 de septiembre. A otros, sesenta y cinco. A otros, treinta y cuatro. Más de mil años de prisión repartidos entre dieciocho personas. Para un hombre de treinta años, ochenta años de condena no es una pena: es morir preso.

Por: Daniela Sierra, abogada defensora penal

Los propios condenados lo dijeron con una claridad que ningún abogado podría mejorar. En un comunicado público firmado desde las cárceles donde hoy están, recordaron que su pueblo resistió casi trescientos años al imperio español, que la ocupación chilena de su territorio tiene apenas 143 años, y que hoy ese mismo Estado los condena a más de mil.

El ataque al fundo Grollmus fue grave y nadie lo niega. Hubo heridos y hubo dolor. Pero la gravedad de un hecho nunca autoriza a un Estado a condenar de cualquier manera. Al contrario: mientras más dura es la pena, más limpio debe ser el juicio. Y este juicio no lo fue.

Condenados por personas que nadie vio

Ninguna de las víctimas reconoció a los atacantes. Ninguna. La Fiscalía construyó su caso sobre testigos secretos, personas cuyo nombre y rostro la defensa nunca conoció. Once fueron anunciados; solo cuatro se sentaron frente al tribunal. Los condenados lo resumen sin rodeos:

«Solo por cuatro relatos de estos “testigos” se dictó sentencia y veredicto».

Peor aún: hubo testigos secretos que jamás declararon. La Fiscalía renunció a ellos, pero lo que supuestamente dijeron entró igual al juicio, en boca de policías que contaron lo que otros les habrían contado. Nadie pudo preguntarles nada. Nadie pudo saber si mentían, si recibieron algo a cambio, si siquiera existen.

Y la pregunta de quiénes son esos testigos no es menor. Los presos denuncian que equipos de la PDI recorren los penales buscando internos dispuestos a declarar, a quienes luego se les pone, en sus palabras, «corbata de protegido y sin rostro». Si eso es así, Chile estaría condenando a perpetuidad sobre la palabra de personas presas, anónimas, que podrían estar negociando su propia suerte. Esa denuncia exige una respuesta, no silencio.

Pregúntese usted: ¿aceptaría ser condenado a morir en la cárcel por la palabra de alguien a quien nunca vio, que nunca habló frente a un juez, y cuyas palabras solo conoce porque un policía dice que las escuchó?

Eso no es justicia. Es una sombra con toga.

No es la primera vez. Es la misma historia.

El pueblo mapuche conoce de memoria este libreto. Primero les quitaron la tierra a punta de fusil y la llamaron «pacificación». Después los encerraron en reducciones. Y cuando reclamaron lo suyo, el Estado respondió con policías, fiscales y cárceles.

Alex Lemún tenía 17 años cuando un carabinero le disparó en la cabeza, en 2002. Matías Catrileo tenía 22 cuando otro carabinero lo mató por la espalda, en 2008; su autor no pasó un día preso. Camilo Catrillanca tenía 24 cuando lo mataron, también por la espalda, en 2018, y los uniformados destruyeron las grabaciones para ocultarlo. En 2017, la Operación Huracán encarceló a dirigentes mapuche con pruebas fabricadas por la propia policía.

Y en 2014 ocurrió algo que Chile parece haber olvidado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado chileno violó los derechos humanos de lonkos, werkén y comuneros mapuche. ¿Por qué? Por condenarlos con testigos secretos. Por juzgarlos con prejuicios contra su pueblo. Por encerrarlos antes del juicio. Por dañar a sus familias. Es el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

La Corte le ordenó a Chile algo muy simple: nunca más condenar a nadie basándose de manera decisiva en testigos sin rostro. Han pasado doce años. Esa orden sigue sin cumplirse. Y en Cañete, el Estado volvió a hacer exactamente lo mismo. Por eso el grito de los presos no es una consigna vacía: «¡No más testigos protegidos!» es, palabra por palabra, lo que un tribunal internacional ya le exigió a Chile.

No es casualidad. Es un patrón. Cuando el acusado es mapuche, la etiqueta llega antes que la prueba. Basta ver que el propio tribunal descartó que existiera una asociación criminal, y aun así autoridades y prensa siguen hablando de «líderes» y «organización». La condena social se dictó mucho antes que la sentencia.

La condena que pagan los niños

Una sentencia de ochenta años no la cumple un hombre solo. La cumplen sus hijos, que crecerán conociendo a su padre entre rejas y cemento. La cumplen sus madres, que envejecerán haciendo filas en la puerta de una cárcel. La cumplen sus parejas, que sostendrán solas la casa, la siembra, la crianza.

Y el Estado se encarga de hacerlo más difícil. Los condenados del caso Grollmus firman su comunicado desde el Complejo Penitenciario Biobío, el CERECO de Coronel y la cárcel de Llancahue, en Valdivia. Comunidades de la franja lavkenche, separadas de los suyos por cientos de kilómetros. Cada visita es un viaje, un gasto, un día de trabajo perdido para familias que ya lo han perdido casi todo.

Para una familia mapuche, la cárcel no solo encierra un cuerpo. Arranca a una persona de su tierra, de su lov, de sus ceremonias, de su lengua. Corta raíces que no vuelven a crecer. Empobrece.

Y el castigo empezó mucho antes de la sentencia. Un adolescente acusado llevaba casi quinientos días encerrado cuando el tribunal postergó su juicio porque no había jueces disponibles. Quinientos días de una vida joven perdidos por un problema de agenda del Estado.

Lo que pedimos

No pedimos impunidad. Pedimos lo mínimo que cualquier persona en Chile tiene derecho a exigir: un juicio justo. Que te condenen con pruebas que puedas enfrentar. Con testigos a quienes puedas mirar a la cara y preguntar. Con jueces que te juzguen por lo que hiciste, no por el pueblo al que perteneces.

Chile ya fue declarado responsable una vez por no respetar eso con el pueblo mapuche. Hoy la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de no repetir la historia. Si no lo hace, iremos de nuevo ante el sistema interamericano, y Chile tendrá que explicar por qué, doce años después, volvió a cometer el mismo atropello.

A las organizaciones de derechos humanos, a los pueblos indígenas, a los abogados y abogadas de Chile y del mundo: miren este caso. No dejen que dieciocho personas desaparezcan en la cárcel en silencio. La justicia que se le niega hoy a un mapuche es la que mañana se le negará a cualquiera.

Los presos ya dijeron lo suyo:

«No renunciaremos jamás a la lucha por un debido y objetivo proceso».