El día de hoy, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, ha decidido nuevamente suspender la audiencia virtual donde se daría revisión al recurso de nulidad del juicio por el caso Huracán. Estas dilataciones que favorecen a carabineros y funcionarios públicos ya condenados, han sido la tónica durante todo el proceso que ya lleva casi 9 años.
En este contexto, Martín Curiche, uno de los dirigentes Mapuche acusados falsamente en este montaje realiza una reflexión al respecto:

«Estimadas y estimados,

Hoy nos reunimos para hablar de una realidad que ha sido silenciada durante demasiado tiempo.

Una realidad incómoda para el poder, pero innegable para quienes la han sufrido: la violencia histórica y sistemática del Estado chileno contra el pueblo Mapuche y la brutal desigualdad que enfrentan ante la justicia.

La historia de Chile se ha construido sobre la negación del pueblo Mapuche. Se nos ha enseñado que la pacificación de La Araucanía fue un proceso de civilización, cuando en realidad fue una ocupación violenta, acompañada de matanzas, despojo de tierras y un intento de exterminio cultural.

Y aunque han pasado más de 150 años desde esas masacres, la violencia no ha terminado: ha cambiado de forma, pero mantiene el mismo objetivo de dominación y exclusión.

Una justicia desigual

En Chile, no todos somos iguales ante la ley. Y el pueblo Mapuche lo sabe mejor que nadie. Mientras los comuneros mapuches son encarcelados sin juicio bajo la Ley Antiterrorista, agentes del Estado responsables de asesinatos contra indígenas reciben penas mínimas o quedan en impunidad. Lo vimos con Camilo Catrillanca, un joven mapuche asesinado por Carabineros mientras conducía un tractor. Al principio, intentaron encubrir el crimen, borrando evidencia y mintiendo sobre los hechos. Solo gracias a la presión social se logró una condena, pero la institución sigue funcionando con los mismos mecanismos de impunidad.

Lo vimos con la «Operación Huracán», un montaje de Carabineros que fabricó pruebas falsas para inculpar a líderes mapuches de ataques incendiarios. Cuando se descubrió la farsa, los responsables dentro de la policía apenas fueron sancionados, mientras que las víctimas nunca recibieron reparación.

Y lo vemos hoy con el caso de Julia del Carmen Chuñil Catricura, una dirigenta mapuche de 72 años, presidenta de la comunidad Lof Putreguel, que desapareció el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos. Julia era una defensora del bosque nativo y del territorio mapuche. A pesar de los esfuerzos de su familia y organizaciones sociales, la búsqueda ha sido deficiente, y las instituciones del Estado no han dado respuestas contundentes. Su caso refleja el abandono y la indiferencia de las autoridades frente a la violencia que afecta a las comunidades indígenas.

Estos son solo algunos ejemplos de un patrón que se repite una y otra vez.

Cuando el pueblo Mapuche exige justicia, recibe represión.

Cuando busca recuperar sus tierras, enfrenta cárcel y persecución. Y cuando es víctima de violencia, el Estado guarda silencio. Un Estado que protege a los poderosos y reprime a los pueblos originarios Mientras las fuerzas de seguridad persiguen y criminalizan al pueblo Mapuche, las empresas forestales siguen explotando sus tierras con total impunidad. La Ley de Fomento Forestal, creada en dictadura y mantenida en democracia, ha permitido que grandes corporaciones destruyan el territorio mapuche, recibiendo incluso subsidios del Estado.

Cuando los mapuches se movilizan para exigir sus derechos, la respuesta es la militarización y la represión. Mientras ellos son tratados como delincuentes, grupos de civiles armados pueden atacar comunidades, quemar sus casas y desalojarlos a la fuerza sin consecuencias. Lo vimos en Curacautín en 2020, cuando grupos racistas sacaron a comuneros mapuches de la municipalidad al grito de “el que no salta es mapuche”, mientras Carabineros observaba sin intervenir.

El estallido social y la solidaridad con la lucha mapuche

Pero algo cambió en Chile. En 2019, con el estallido social, miles de personas vivieron en carne propia la represión del Estado. Por primera vez, muchos chilenos y chilenas comprendieron lo que el pueblo Mapuche ha denunciado por décadas: que en este país la violencia policial no es un caso aislado, sino una práctica sistemática. La bandera mapuche se convirtió en un símbolo de resistencia, porque representaba algo más grande: la lucha contra un Estado que protege a los poderosos y castiga a quienes se atreven a desafiarlo.

No basta con reconocer la violencia, es hora de justicia y reparación El Estado chileno ha reconocido, en informes como la «Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato» (2003), que ha ejercido violencia contra el pueblo Mapuche. Pero el reconocimiento sin justicia es vacío. No basta con admitir que ha habido represión si no se toman medidas concretas para detenerla.

Hoy, hacemos un llamado urgente al Estado chileno para que:

1. Cese la represión y la militarización en territorio mapuche.

2. Se garantice el acceso a una justicia equitativa, eliminando la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista.

3. Se ponga fin a la impunidad de los agentes estatales y grupos privados responsables de la violencia contra el pueblo Mapuche.

4. Se avance en procesos de restitución territorial y reparación histórica.

El pueblo Mapuche no está pidiendo favores ni privilegios. Está exigiendo lo que le corresponde: justicia, dignidad y el respeto a sus derechos. Es hora de terminar con la impunidad y construir un país donde la justicia no dependa de la etnia o del poder económico de una persona.

Como dijo Pierre Dubois: «La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta».

Y en Chile, la justicia sigue siendo un privilegio reservado para unos pocos. Porque mientras la justicia sea un privilegio y no un derecho, no podremos hablar de verdadera democracia en Chile.

¡Marichiweu! ¡Diez veces venceremos!»

Martín Curiche, una de las víctimas del montaje del caso Huracán

(Fotografía de portada: Frente Fotográfico)