Una nueva excavación recuperó restos humanos que coinciden con aspectos del relato histórico sobre la masacre indígena de San Antonio de Obligado. La arqueóloga Melisa Sánchez explica qué puede revelar la antropología forense y cuáles son todavía sus límites en una causa que busca reconstruir lo ocurrido en 1887.

Por Cecilia Miglio

En Cruz Alta, San Antonio de Obligado, una nueva etapa de excavaciones arqueológicas permitió recuperar restos óseos que, en principio, corresponden a dos personas. Casi 140 años después de la masacre indígena de 1887, el hallazgo realizado en el marco de una causa judicial que busca reconstruir la verdad histórica suma una prueba material a una memoria que las comunidades qom y moqoit sostuvieron durante generaciones.

Los trabajos fueron ordenados por la Justicia Federal de Reconquista y realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo Universitario de Investigación en Antropología Social (GUIAS). Según informó ese organismo, entre el 3 y el 7 de agosto pasado se avanzó en la excavación, la recuperación de restos y la delimitación de un sector de entierros que podría estar vinculado con las víctimas de la matanza. Desde el Colectivo Universitario de Investigación en Antropología Social (GUIAS), además, señalaron que los esqueletos fueron encontrados en una posición compatible con personas maniatadas: ambos con las manos hacia la espalda y uno de ellos también con indicios de haber tenido los pies atados.

Ese dato coincide de manera directa con el acta que el franciscano Ermete Constanzi dejó escrita en 1887. Allí denunció que el 11 de marzo de ese año efectivos del Ejército fusilaron a 16 indígenas, 14 hombres, una mujer y un niño, y que los cuerpos fueron enterrados cerca de la proveeduría de la reducción San Antonio de Obligado. Durante décadas, la versión oficial intentó presentar la matanza como una represalia legítima, incluso sobre la base de una falsedad: que Constanzi había sido asesinado por las propias comunidades.

San Antonio de Obligado había sido fundada en 1884 como una reducción indígena: un espacio pensado para concentrar, evangelizar y disciplinar a comunidades qom y moqoit en pleno avance del Estado sobre la región chaqueña. Allí, las familias indígenas trabajaban en las tierras de la misión, para la guarnición militar de Las Toscas y en establecimientos productivos de la zona. La promesa de entregarles tierras propias quedó incumplida, y la vida cotidiana quedó atravesada por la explotación, los castigos y la vigilancia permanente.

Aunque Julio Argentino Roca ya no era presidente en 1887, las políticas impulsadas durante su gobierno seguían pesando en la frontera. La masacre de San Antonio de Obligado formó parte de esa misma avanzada contra los pueblos originarios, que en esa frontera norte combinó presencia militar, reducciones religiosas y explotación del trabajo indígena.

La investigación histórica ubica el origen del conflicto en otro hecho. En el verano de 1887, el rapto de una niña indígena para ser enviada al servicio doméstico de Rudecindo Roca, entonces gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano de Julio Argentino Roca, encendió la rebelión de una parte de la reducción. Tras la muerte del comandante militar Marcos Piedra y de otro soldado, el Ejército respondió con una persecución y luego con el fusilamiento de personas que, según los registros reunidos en la causa, no habían participado de aquella sublevación.

El hallazgo confirma una historia que nunca desapareció, sino que fue negada. La causa por la Masacre de San Antonio de Obligado avanza como Juicio por la Verdad histórica por delitos de lesa humanidad y reúne documentos, testimonios orales, trabajo arqueológico y antropología forense para intentar responder qué ocurrió en aquel paraje del norte santafesino.

De esa prueba material, de la memoria indígena y del aporte de la ciencia a la búsqueda de reparación histórica habla Melisa Sánchez, arqueóloga formada en la Universidad Nacional de La Plata e integrante del Colectivo Universitario de Investigación en Antropología Social.

“La arqueología viene a confirmar lo que las comunidades denunciaron”

El acta parroquial de Ermete Constanzi es una de las pistas centrales de la causa. ¿Qué aporta ese documento cuando se cruza con la excavación arqueológica y forense?

Para la arqueología, contar con documentación de época es muy valioso, aunque no siempre ocurre. En este caso, la excavación se realiza en diálogo con archivos de conventos, documentos del Ejército Argentino y, sobre todo, con una memoria oral que las comunidades Qom mantuvieron viva durante generaciones. Fueron ellas quienes insistieron en lo ocurrido y llevaron la denuncia ante la Justicia Federal de Santa Fe, con la asistencia letrada de la Abogada Cintia Chávez.

Ese cruce entre testimonios, archivos y restos óseos recuperados, da un respaldo concreto al relato oral. La dimensión forense se suma porque la causa involucra a 16 personas asesinadas: en ese punto, la arqueología no reemplaza la memoria de las comunidades, sino que aporta pruebas para confirmar lo que venían denunciando.

Este caso marca un precedente importante, ya que se inscribe como el Primer Juicio por la Verdad histórica, en contexto de pueblos originarios. En Argentina los Juicios por la Verdad fueron procesos judiciales realizados para investigar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar de 1976.

¿Qué se puede saber hoy sobre las personas cuyos restos fueron encontrados? ¿Cuáles son los límites de la identificación después de tantas generaciones?

Lo que podemos saber es que tuvieron enterramientos individuales: no estaban en una fosa común. Los cuerpos estaban articulados, es decir, conservaban una disposición anatómica coherente. También observamos que tenían los pies atados y las manos por detrás de la espalda. En el laboratorio podremos estimar edad y altura, quizá podamos determinar causa de muerte pero aún no podemos definir si se trataba de varones o mujeres.

Hasta el momento no aparecieron balas, casquillos u otros elementos metálicos asociados a los restos que permitan confirmar, desde la evidencia forense, que fueron fusilados con armas de fuego.

En cuanto a la identificación, el paso del tiempo impone límites muy concretos. A nivel mundial contamos con el índice de abuelidad, construido gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que permite establecer vínculos de hasta dos generaciones. En este caso, por los 139 años transcurridos, hablamos al menos de tres o cuatro generaciones, y el ADN no permite asociar personas actuales con estos restos óseos. Pero sí sabemos, a través de documentos históricos, que hay apellidos que se mantienen desde aquella época hasta ahora. Y también existe la certeza de que las comunidades locales se reconocen descendientes de quienes fueron asesinados.

La investigación histórica menciona un pedido atribuido a Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, para trasladar a una niña indígena y destinarla a tareas de “servicio personal”. ¿Qué peso tiene esa documentación en la reconstrucción de la masacre?

El valor es enorme. Que exista registro de las prácticas del Ejército Argentino aporta elementos probatorios sobre lo sucedido y complementa los registros parroquiales de Ermete en esa misma época. En ese sentido, los documentos orientan la excavación arqueológica y la evidencia material, a su vez, permite sostener el relato de lo ocurrido. Desde una perspectiva crítica y anticolonial, permite exhibir los tratos y destratos hacia las poblaciones originarias, no solo en el despojo de sus territorios sino la apropiación del cuerpo de las mujeres y las niñas con fines de explotación.

Para abordar este caso de manera integral, resulta indispensable incorporar una perspectiva de géneros e interseccional. El devenir de los hechos de la masacre de San Antonio se inicia, fundamentalmente, con el rapto de esa niña originaria para ser destinada a tareas de servidumbre. Esto nos devela cómo, desde la conformación del Estado-Nación, los cuerpos de mujeres, niñas y poblaciones racializadas han sido instrumentalizados mediante lógicas de abuso de poder, machistas y racistas con profundas raíces coloniales. Analizar este hito no es solo un ejercicio retrospectivo; nos permite trazar una línea de continuidad con el presente para comprender cómo estas mismas dinámicas de subordinación y vulnerabilidad estructural se siguen reproduciendo hoy en la actualidad.

La exhumación aparece como una prueba clave para la causa. Según la querella, no tuvo financiamiento estatal directo y pudo realizarse por el aporte de organizaciones sociales, gremios docentes y referentes políticos. ¿Qué implica para una investigación de este tipo depender de apoyos externos al Estado?

Lo primero que implica es precariedad, el trabajo técnico de quienes llevamos adelante la excavación no fue remunerado. Si no hay financiamiento estatal, no hay una política pública sistemática para abordar estos temas. Lo vemos en el desmantelamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el desfinanciamiento del Sistema Científico Nacional. La continuidad quedó condicionada por la falta de presupuesto oficial. Esos apoyos permitieron concretar la investigación. Esta es la cuarta campaña arqueológica, en esta ocasión realizaron aportes el gremio docente de la provincia de Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y una legisladora por Santa Fé.

En lo personal, creo que las investigaciones científicas y las causas vinculadas a la verdad histórica deben contar con financiamiento estatal. En momentos donde la conducción del Estado Nacional desfinancia la ciencia, desaloja a las comunidades a lo largo y a lo ancho del país, este entramado social entre representantes políticos y sindicales, demuestran que la articulación comunitaria y sectorial es clave para que las investigaciones sobre la verdad histórica sigan adelante.

¿Por qué una investigación sobre restos humanos también habla de tierra, memoria y reparación? ¿Y qué importancia tiene que esta historia llegue a las escuelas?

Las comunidades Qom del norte de Santa Fé en general y en particular de Las Toscas y San Antonio, están realizando un gran recorrido que fortalece sus derechos, su existencia, refuerza la memoria, muestra que la organización colectiva es la manera de lograr objetivos duraderos. Con dos referentas como Rosa de la comunidad Dalagay de San Antonio y Ofelia de la comunidad Anañaxag de Las Toscas, este ejercicio de reparación y memoria seguirá dando sus frutos en las futuras generaciones. Ellas y otros integrantes de las comunidades estuvieron presentes en los días de excavación, fue un gran acompañamiento para nosotres.

El impacto en la población de la región es evidente. Durante el desarrollo del proyecto arqueológico, coordiné un taller de Mapeo Colectivo con estudiantes de séptimo grado de la escuela local para diagnosticar el uso del espacio público. El objetivo era relevar sus saberes, experiencias, inquietudes e intereses respecto al lugar. A través de esta dinámica, identificamos tres hábitos de circulación clave: un grupo que utiliza el espacio de forma recreativa y social, otro que lo transita solo como vía de paso, y un tercer grupo que manifestaba no circular por allí, percibiendo el sitio como alejado o exclusivo de ciertas comunidades. Este diagnóstico nos permite levantar datos territoriales valiosos para diseñar estrategias de integración más efectivas.

Consideramos fundamental que la producción de conocimiento antropológico dispute los sentidos comunes en el sistema educativo. En este marco, complementamos el trabajo territorial y arqueológico en Santa Fe junto a AMSAFE. Desde 2023 está disponible un libro que recupera las voces directas de las protagonistas de la masacre de San Antonio de Obligado.

Introducir este libro en las escuelas es clave para contrastar la narrativa oficial. El Estado argentino avanzó hacia el norte con la denominada ‘Campaña al Desierto Verde’ sobre territorios que aún eran federales, instalando la idea de un espacio vacío, cuando en realidad no era un desierto ni estaba despoblado.

Siento que este ejercicio de reparación histórica es urgente y necesario, ya que las comunidades Qom actuales continúan marginadas, atravesando situaciones de pobreza estructural y profundas deudas en materia económica, sanitaria y educativa.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional, se registra la adscripción de aproximadamente un 3 % de la población a alguno de los 58 pueblos originarios reconocidos en el país. Evidencia la necesidad de visibilizar la presencia contemporánea de dichas comunidades, así como de someter a revisión crítica las dinámicas de racismo y endorracismo estructurales que persisten en las narrativas e imaginarios de la identidad nacional.

Como lesbiana, marrona y primera generación universitaria de mi familia, mi compromiso con la investigación y los derechos humanos está profundamente situado. No concibo la antropología de manera abstracta.

Cuando analizamos la Masacre de San Antonio bajo una perspectiva de géneros y vemos que el detonante a finales del siglo XIX fue el rapto de una niña originaria para la servidumbre forzada, entiendo que no estoy estudiando el pasado, sino una matriz colonial y racista que sigue operando sobre nuestros cuerpos feminizados y racializados en la actualidad.

Tenemos una responsabilidad ética con los derechos humanos y con los territorios locales, la de poner la ciencia al servicio de la justicia para deconstruir esas lógicas coloniales que hoy se siguen reproduciendo, y asegurar que la universidad pública devuelva herramientas concretas de emancipación a la comunidad.

Las comunidades de San Antonio iniciaron su pedido de verdad histórica. Seguiremos en ese camino, aportando nuestro grano de maíz por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Créditos de las fotos: Marco Bufano