«A la opinión pública nacional e internacional, a los organismos defensores de los derechos humanos, y a nuestro Pueblo Nación Mapuche:

La Comunidad Indígena Francisco Tripayan Aiñanco, perteneciente al pueblo Mapuche, ubicada en el sector de Calcurrupe, Lago Ranco, viene a declarar su más profundo rechazo e indignación frente al desalojo ejecutado el día de hoy por efectivos de Carabineros en nuestro territorio ancestral. Si bien el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos físicos directos hacia nuestra gente, constituyó un acto de violencia legal, cultural y espiritual inaceptable, sobre el cual declaramos lo siguiente:

1. Negación de la Historia Legal y el Debido Proceso:

Denunciamos que este desalojo es el resultado de un proceso legal y un «diálogo» viciado por violar las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Este atropello ha sido amparado por una legislación que, en vez de proteger nuestros derechos, recorta los plazos y rechaza las pruebas que acreditan nuestro dominio ancestral.

Resulta inaceptable que se nos exijan pruebas de un registro que debería estar custodiado por el Estado, como cualquier otro título de propiedad, pero que, al ser mapuches, ha sido convenientemente extraviado por la institucionalidad. Se nos ha obligado a una búsqueda imposible en archivos estatales a los cuales, incluso, se nos negó el acceso. Exigimos que se reconozca que estas tierras están respaldadas por el Título de Comisario del año 1834, el cual afirma la pertenencia legítima al territorio de nuestro kuyfikeche (ancestro) Francisco Tripayán Aiñanco. Desconocer este documento es un intento del Estado por borrar nuestra historia y despojarnos judicialmente de lo que nos pertenece por derecho propio ancestral.

2. El Rol de la Inmobiliaria y la Violencia Cultural (Destrucción de Patrimonio):

Condenamos enérgicamente que este litigio ilegal haya sido promovido por una empresa inmobiliaria en contra de nuestra comunidad, y que la justicia chilena haya permitido una sentencia que autoriza el «lanzamiento» con uso de la Fuerza Pública.

Durante el operativo policial, los carabineros permitieron que particulares destruyeran nuestra ruca, vulnerando nuestro derecho a la vivienda tradicional. Esta violencia se agrava al considerar que el terreno en disputa es de altísima significación espiritual. La intervención se realizó sobre espacios sagrados y protegidos: nuestro rewe vivo y nuestro nguillatuwe, elementos que son piedra angular de nuestra cosmovisión y que fueron profanados por Carabineros y particulares actuando bajo su amparo. Un desalojo que destruye una ruca y profana un rewe a manos de particulares con la aquiescencia de la fuerza pública no es justicia, es un acto de violencia que replica el despojo colonial.

3. Omisión del Estado ante Sitios Arqueológicos Documentados:

Agravando esta situación, dejamos constancia pública de que en el territorio desalojado existen sitios arqueológicos reales y documentados. Hemos ingresado formalmente cartas y solicitudes al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para su resguardo, frente a las cuales solo hemos recibido el silencio administrativo institucional. La inacción del CMN y el posterior desalojo ponen en riesgo inminente este patrimonio, demostrando un abandono de deberes.

4. Inacción de CONADI y Vulneración de Tratados Internacionales:

Sumado a lo anterior, denunciamos el abandono por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Siendo la institución estatal mandatada por la Ley 19.253 para velar por nuestras tierras, su silencio resulta cómplice. La irrupción en nuestros espacios ceremoniales constituye una transgresión directa a la Ley Indígena, a la Convención Americana de Derechos Humanos y una violación flagrante al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado de Chile a respetar nuestra relación espiritual con el territorio.

5. Restitución Inmediata ante la víspera del Wiñol Tripantu:

El despojo de nuestros espacios ocurre en la víspera de nuestro Wiñol Tripantu (Año Nuevo Mapuche), impidiendo el ejercicio de nuestra religiosidad y la renovación de nuestro ciclo vital. Por lo tanto, exigimos la restitución inmediata del territorio. No aceptaremos que la burocracia estatal nos prive del derecho inalienable a desarrollar nuestras ceremonias.

6. Exigencias Institucionales:

• Exigimos la revisión inmediata del proceso judicial que dio lugar a este desalojo, ponderando legalmente el Título de Comisario de 1834.

• Exigimos a la CONADI que, sin más dilaciones, resuelva declarar el territorio en disputa como sitio de interés cultural y brinde la protección legal correspondiente.

• Pedimos a la CONADI y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se pronuncien públicamente sobre la destrucción de nuestra ruca y la profanación de nuestros espacios protegidos.

• Exigimos la reparación del daño cultural y espiritual causado a nuestra comunidad.

7. Declaración de Perseverancia y Compromiso Histórico: Hacemos un llamado a las comunidades hermanas y a la sociedad civil consciente a solidarizar con nuestra reivindicación. Dejamos en claro que este acto de invisibilización no amedrentará nuestro espíritu. No nos daremos por vencidos. Nuestra memoria es larga y nuestra resistencia también; un mapuche puede luchar toda una vida entera por la tierra de sus ancestros, porque nuestra existencia y dignidad están ligadas de forma irrenunciable a nuestro mapu. La tierra a la que pertenecemos nos esperará el tiempo que sea necesario.

Nuestra lucha es por la verdad histórica y la dignidad de nuestro espíritu.

Amulepe taiñ weichan. Marichiwew.

Por la defensa de nuestra historia, nuestra espiritualidad y nuestro territorio.

Comunidad Francisco Tripayan Aiñanco