Por Abigail Moon Kuyen & afinidades, Wallmapu, 2026.-

“En cuanto te decides a luchar contra lo establecido, el castigo es una de sus consecuencias (…) esta postura va mucho más allá de la visión demócrata de inocente/culpable.” (Mónica Caballero, 2014, escrito desde prisión en Ávila)

En medio de la semana de agitación por la libertad de Mónica y a días de una nueva revisión de su libertad condicional, la insistencia del Estado en mantenerla tras los muros es solo la confirmación de que nunca basta con cumplir los requisitos que se establecen en sus leyes cuando el poder nos considera peligrosas.

Actualmente, Mónica Caballero Sepúlveda se encuentra cumpliendo una condena de 12 años de prisión en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, dictada en diciembre de 2023 como cómplice de colocación y activación de artefactos explosivos, puntualmente el que estallo en Edificio Tanica ubicado en Vitacura.

Este centro de oficinas corporativas donde operan diversas empresas vinculadas a capitales financieros, servicios legales y de inversión, se configurá como un espacio donde se articula el poder económico y empresarial materializandose en el relaciones estructurales de dominación del sistema-capital.

Monica fue detenida el 24 de julio de 2020, y desde entonces ha permanecido tras las rejas, acumulando cerca de seis años, gran parte de ese tiempo en prisión preventiva.
En noviembre de 2025, su situación fue revisada por primera vez en el marco de la libertad condicional. Pese a que cumplía con los requisitos exigidos por el Decreto Ley 321, que regula este beneficio y establece criterios para su otorgamiento, le fue negada.

No por incumplimientos concretos, sino por evaluaciones sobre su supuesta peligrosidad y su posición política. Mónica nunca ha ocultado su postura anarquista y, desde la prisión, ha mantenido una presencia activa a través de escritos y reflexiones que circulan fuera de los muros, tensionando y desbordando la categoría de “presa” que le impone el sistema penitenciario, negándose a habitar el rol que este pretende fijar.

“Intentando constantemente romper con el rol exclusivamente de ‘presx’ al que nos pretende delimitar el Poder” (Monica, 2023, Comunicado ante el inicio de juicio oral).

Prisión preventiva, el castigo anticipado del poder.

Desde su detención en julio de 2020, Mónica Caballero Sepúlveda pasó más de tres años en prisión preventiva antes de ser condenada en diciembre de 2023. Esta medida, que en teoría debería ser excepcional y de carácter estrictamente cautelar, se extendió en su caso por un periodo prolongado, operando en la práctica como una forma de castigo anticipado en una causa atravesada por su posición antiautoritaria.

Este mecanismo ha sido aplicado también, de manera sistemática, contra comuneros mapuche, en un contexto donde se busca encerrar a quienes históricamente han sostenido procesos de resistencia y reconstrucción de su autonomía política y cultural frente a un sistema capitalista-colonial. El caso Operación Huracán es uno de los episodios más descarados del poder en Chile, dejando en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar el aparato estatal-judicial para anular procesos de resistencia y mantener el control sobre quienes desbordan sus lógicas. Los comuneros enfrentaron largos periodos de prisión preventiva mientras se sostenían acusaciones basadas en pruebas falsas fabricadas por organismos de inteligencia.

Asimismo, durante la revuelta social de octubre de 2019, su uso abusivo fue ampliamente denunciado, aplicándose incluso con el solo mérito de declaraciones policiales, perdiendo así su carácter cautelar y operando en la práctica como una pena anticipada. Este patrón muestra con claridad que el encierro funciona como castigo incluso sin condena, dejando en evidencia que la presunción de inocencia, ese principio que el propio sistema dice resguardar, no es más que una herramienta selectiva que se sostiene para políticos, empresarios y sectores privilegiados, mientras que, cuando se trata de la persecución de la rebelión, ya no importa probar el delito y la condena comienza a instalarse anticipadamente, incluso desde la prensa hegemónica, que instala la culpabilidad en la opinión pública, invisibiliza el sentido de las acciones y deshumaniza a pu lamuen y compañeros, presentándolos como sujetos desalmados, insensibles o desviados.

Pruebas, inferencias y construcción del relato.

“Las ideas son el combustible que da la energía necesaria para ejecutar prácticas antagónicas al dominio capitalista.” (Mónica Caballero, 2024, “Que el recuerdo del weichafe se transforme en combustible”)

La condena dictada en 2023 contra Mónica Caballero Sepúlveda se sostiene en una forma de construcción probatoria que se ha vuelto habitual en causas de persecución política. No se trata de evidencia directa, sino de una cadena de indicios a partir de la cual la fiscalía construye su teoría del caso: un relato armado mediante asociaciones, interpretaciones e inferencias.

En este caso, ese relato se articula en torno a registros de cámaras que no captan directamente los hechos, seguimientos e interpretaciones de desplazamientos, asociaciones por vestimenta y reconstrucciones basadas en inferencias.

Y aunque el derecho penal permite el uso de prueba indiciaria, su utilización en causas de persecución política tensiona un principio básico: la necesidad de acreditar responsabilidad más allá de toda duda razonable.

Sin embargo, en estos casos ese estándar tiende a flexibilizarse, desplazando la discusión fuera del esquema de culpables e inocentes dependiendo a quien se esta juzgando.

En esta semana de agitación por la libertad de Mónica, a romper el aislamiento, extender solidariad y hacer circular la palabra:

“Al otro lado de los barrotes, las rejas y los muros, hay manos y corazones inquietos accionando por quienes estamos dentro de las jaulas del capital.” (Mónica Caballero, 2021, “El viento trae buenas señales”)

¿Cuánto encierro hace falta cuando lo que se busca no es justicia, sino sostener el orden que encarcela?