Pese a los intentos de algunos parlamentarios por declarar la reserva de constitucionalidad, el Congreso aprobó la indicación impulsada por senadores de Renovación Nacional, Marcia Raphael y Mauro González, que suspende la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Esta decisión, calificada como inconstitucional y regresiva, amenaza los derechos reconocidos por la ley 20.249, más conocida como ley Lafkenche, generando alarma entre las comunidades originarias y defensores de los territorios costeros.

Desde la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, el rechazo a esta medida es categórico, pues no solo paraliza las tramitaciones, sino que invisibiliza los esfuerzos históricos de los pueblos originarios por proteger y resguardar sus prácticas culturales, económicas y espirituales en los territorios costeros.

Para abordar las falencias estructurales en la tramitación de los ECMPO, en lugar de garantizar la plena aplicación de la ley que protege los derechos y usos consuetudinarios de los pueblos originarios —afectada por serios incumplimientos y prolongadas demoras que superan ampliamente los plazos legales—, se ha propuesto suspender la tramitación y redirigir los recursos de los servicios responsables hacia otras áreas con carencias económicas y de recursos humanos. Esta medida no solo evita resolver las demoras administrativas que son principalmente responsabilidad del Gobierno, sino que perpetúa los atrasos y las incertidumbre que han sido razones por las cuales se generan conflictos socioambientales, y la incapacidad del Estado para responder oportunamente a los requerimientos, aumenta las tensiones que impactan directamente a las comunidades originarias.

“Es lamentable que en Chile no exista una garantía efectiva a los derechos de los pueblos originarios. Sus derechos parecen estar siempre en tensión y dependen de los intereses de otros grupos, lo que genera mucha incertidumbre en las comunidades, y los desvía una y otra vez de sus prioridades de vida. En este sentido la aprobación de esta indicación, expresa el racismo del Estado, que no puede resguardar los derechos de grupos de especial protección, limitando sus posibilidades de desarrollo, y recortando sus derechos sin participación ni consulta de los principales afectados”. Señala Karina Vargas, coordinadora de Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano.

“La ley lafkenche, comúnmente llamada así, no solo reconoce el uso tradicional que las comunidades originarias Lafkenche (personas del mar) realizan en el borde costero, sino que hoy esta ley es invocada por todos los pueblos originarios de todo el litoral de Chile. Es un instrumento que entrega seguridad en cuanto a las prácticas consuetudinarias que se pueden realizar de maneras conectadas con nuestra espiritualidad en un mar que, siendo regulado por la ley de pesca, desconoció profundamente esta conexión vital para una persona originaria. Hoy los ECMPO proponen conectar y relacionar los conocimientos ancestrales para la protección del mar y de su vida biológica. Han vuelto a darle validez y nombres propios a los territorios que, de cara hacia el mar, han vuelto a escuchar su llamado”. Yohana Coñuecar Llancapani, Co-coordinadora RDM, territorio de Walaywé.

Una ley vulnerada por inacción del Estado

Ley que está vigente desde noviembre de 2008, que beneficia a cerca de 400 comunidades originarias a nivel nacional, ha sido una figura legal fundamental para que puedan gestionar de manera sostenible los territorios costeros, promoviendo la conservación de los ecosistemas marinos frente a la sobreexplotación y el daño ambiental.

En lugar de destinar recursos para garantizar la plena aplicación de la ley, al dar cabida a la indicación se ha optado por suspender las tramitaciones, agravando la incertidumbre y el abandono de las comunidades y territorios.

Esta indicación obliga a que el 62% de las solicitudes de ECMPO, que hoy se encuentran en trámite a nivel nacional, sean resueltas en un plazo de seis meses. De no ser así, las solicitudes serían rechazadas, desconociendo el procedimiento administrativo establecido en la propia ley que hoy señala que: por petición de la SUBPESCA, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá pronunciarse dentro del plazo estipulado por ley; de lo contrario, la solicitud se dará por aprobada (Art. 8 Ley 20.249, título II procedimiento).

Impacto en los derechos de los pueblos originarios y soberanía alimentaria

La medida atenta contra el rol que desempeñan las mujeres originarias en la defensa de los territorios, no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que saca del centro del debate el desarrollo sostenible, el cuidado y protección de los territorios, espacios costeros y los bienes comunes naturales.

Así señala Pérsida Cheuquenao Aillapán, Co-coordinadora RDM, territorio Trewako:

“Una vez más se vulneran nuestros derechos como mujeres defensoras del mar, como madres y protectoras de la soberanía alimentaria, quienes salvaguardamos los alimentos y los saberes ancestrales que existen en nuestro territorio. La ley lafkenche favorece el desarrollo sostenible de los recursos, el respeto a los usos consuetudinarios y la conservación, lo cual es fundamental tanto para el presente como para las futuras generaciones. No permitiremos que en nuestros territorios se instalen industrias que buscan corromper nuestra existencia como pueblos originarios”.

Ley Lafkenche, un referente Latinoamericano para defensoras y defensores de los Océanos

La RDM reconoce las graves implicancias de la indicación aprobada, pero reitera su compromiso con la protección de los espacios costeros, las culturas originarias y los derechos de las comunidades, subrayando que no se negociará con sus derechos ni el futuro de los territorios.

Durante la reciente COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, realizada en Cali, Colombia, la Red de Mujeres destacó las contribuciones de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la protección del mar, basada en una visión ancestral, que integra lo espiritual, productivo y cultural. Esta particular perspectiva intercultural y con enfoque de género, despertó un gran interés por parte de defensoras y defensores de los océanos de distintos territorios latinoamericanos.

“A nivel regional, la ley Lafkenche es reconocida por su enfoque en la protección de las formas de vida, prácticas y costumbres de los pueblos que habitan el mar y los espacios costeros. Además, ha impulsado valiosos intercambios de experiencias fortaleciendo redes para la protección de las culturas y naturalezas”. Florencia Diestre, antropóloga, Grupo de Investigación Antropología de la Conservación.

Llamado a la acción y posibles caminos legales.

La Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar emplaza a las y los parlamentarios de pueblos originarios a asumir un rol activo en la defensa de los derechos que les corresponden y que han sido reconocidos por ley. Asimismo, hace un llamado urgente a las comunidades y ciudadanía a observar críticamente a quienes cumplen como representantes, hoy y en el futuro, en el parlamento y así en todos los espacios de toma de decisión.

“Incomprensiblemente, la falta de preparación de las instituciones gubernamentales y de quienes debieran guiar la aplicación de la ley Lafkenche para que se lleven a cabo en los territorios, obstaculizan los procesos, generando rencillas internas entre las organizaciones que habitan los espacios costeros marinos e insulares”. – Ingrid Echeverría Huequelef, Co-coordinadora RDM, territorio de Quellón.

Como Red defenderemos en todas las instancias que se requieran para resguardar nuestros derechos ganados legítimamente en procesos de lucha históricos. Estamos evaluando las acciones jurídicas y administrativas que sean necesarias y cursaremos cartas urgentes a los diferentes relatores de pueblos originarios.

Créditos fotografías: Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar / Fotografía: Gracie Escorza P.
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