El derecho internacional de los derechos humanos fue creado post guerras mundiales. Como una forma también de intentar evitar los enfrentamientos bélicos internacionales, así dice la doctrina. Y en ese entendido ha señalado que los Estados no deben realizar ningún tipo de “perdonazo” en casos de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. No pensando en evitar que esos condenados vuelvan a cometer delitos semejantes, difícilmente podrían; histórica, política y materialmente ya no están en condiciones de reincidir, sino más bien para no otorgar impunidad a delitos tan graves.

Pero algunos creen que la vejez los limpia o algo así. Que se atreven a impulsar una ley que les permita a quienes ya fueron condenados por delitos de lesa humanidad y que tengan más de 75 años cumplan la condena en sus hogares.

De más está decir que la gran mayoría de los condenados por los graves delitos en el periodo de dictadura ya tienen o están próximos a cumplir 75 años. Probablemente esa fue la negociación, obtener varias condenas por delitos de lesa humanidad, pero aprobar esta ley que los envía a la casa.

Pero al parecer los fanáticos del latifundio criollo y monopolista no entienden sobre derechos humanos. Por eso tampoco entienden el deber de los Estados de promover, defender, y desarrollar la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios. Estén sus miembros donde estén. Es decir, también el Estado mantiene esa obligación en el caso de los presos pertenecientes a pueblos indígenas. Y dice también el derecho internacional, que hacerlo no implica vulnerar la igualdad ante la ley; sino por el contrario.

Pero paradójicamente avanza una ley que pretende enviar a sus hogares a los bandidos más crueles y sanguinarios de los últimos años de la historia del país. Los que ya están en la cárcel durmiendo en camas box spring, con cancha de tenis, con médico, kinesiólogo, psicólogo y dentista exclusivo para ellos, en piezas con máximo dos de ellos en cada una, con horario de encierro especial. Yo pienso que esos sí son privilegios, que los presos condenados por delitos de lesa humanidad tienen ya hace años.

Lo que exige el preso político mapuche es que se respete su condición de miembro de pueblo originario, que se respete su condición de mapuche, acorde a las normas del derecho internacional de derechos humanos vigente en Chile. Piden que se cumpla la ley. Y han puesto sus cuerpos al filo de la muerte, sólo para que se cumpla la ley. Y lo siguen haciendo. A la fecha de redacción de este escrito, se encuentra en una huelga de más de 100 días el preso mapuche Guillermo Camus Jara, sólo para que Gendarmería respete la normativa vigente para el caso de los privados de libertad miembros de pueblos indígenas; y ellos -guardianes de los delincuentes de todo Chile, que están presos precisamente por vulnerar la ley penal- no cumplen. Paradojas de la vida nacional.

Por La Vista Gorda.

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