En portada: Mujer afectada por las concesiones otorgada a la empresa azucarera Koh Kong en Camboya. Foto de Andrew Ball/Panos/Global Witness.
por Vanessa García Navarro via @https://avispa.org/?p=45942
La crisis ambiental que el mundo actual padece es, por sí misma, un problema titánico que representa un ultimátum a la vida como la conocemos debido a los terribles estragos causados a los ecosistemas. Sin embargo, de esta misma complejidad parten otros tipos de crímenes contra la vida (inmediatos, cobardes, selectivos y en muchas ocasiones invisibilizados): agresiones impunes hacia los activistas defensores de la tierra por parte de poderosos actores que los consideran un obstáculo para sus intereses.
Un estudio reciente elaborado por Global Witness -el cual compila información desde el 2012 hasta el 2020- revela que el agravamiento de la crisis climática va a la par del incremento de casos de violencia en contra de los defensores del territorio y medio ambiente. Es decir, los primeros en pagar con sus vidas son aquellos que acuerpan a sus comunidades y los ecosistemas mediante la organización, educación y acciones directas contra los actores que explotan los recursos naturales.
Aunque se disfrace de acciones en pro del progreso, la tala de árboles, explotación de cuerpos acuáticos, construcción de presas, minería, extractivismo, sustitución ilegal de cultivos, agroindustria, caza furtiva, construcción de carreteras o pesca son actividades que pueden destruir poblaciones enteras al despojar a las personas de sus hogares, perjudicar sus medios de producción locales, contaminar su entorno y agredir directamente a sus miembros.
Latinoamérica liderando el peligro
El año pasado hubo un aumento en casos de ataques letales hacia activistas, reportándose 227 de ellos, lo equivalente a cuatro asesinatos de activistas a la semana, alrededor del globo.
Latinoamérica destaca en los rankings de asesinatos de activistas defensores del territorio del 2020, ya que el primer lugar (por segundo año consecutivo) lo ostenta Colombia, donde se reportaron 65 asesinatos de activistas. Al menos 17 de los casos están vinculados a la intervención del crimen organizado que se dedica a la siembra de hoja de coca, y a menudo focalizan sus ataques a las comunidades rurales. En adición, el gobierno ha demostrado indiferencia debilitando las redes de protección hacia la población.
En segundo lugar, se encuentra México, donde se reportaron 30 ataques letales (20 más que en el 2019). Los pueblos indígenas son los principales blancos de agresiones por parte de industrias extractivistas, como se expone en diversas notas publicadas por este mismo medio.
En tierras asiáticas y africanas la violencia también es alarmante
Se enfatiza Filipinas, con 29 casos de asesinatos de activistas, una amenaza de bombardeo a pueblos indígenas y la represión violenta por parte de la propia policía.
En África se registraron 18 ataques letales (257% más que en 2019). En Sudáfrica se destaca el caso de Fikile Ntshangase, quien lideraba la campaña en contra de la mina de carbón Tendele (Tendele Coal Mine), situada a las orillas de la comunidad de Somkhele. Ella era una profesora, quien instruyó a su comunidad respecto a sus derechos y pese a la adversidad inicial de ser tomada a “loca” logró concientizar a su pueblo para que entendieran la gravedad de la contaminación y los estragos que eso provocaría en la salud. Por su valentía fue asesinada de un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en la sala de su propio hogar cuidando a su nieto. Lamentablemente la justicia no ha alcanzado a resolver dicho crimen.
En la República Democrática del Congo grupos de milicianos asesinaron 15 activistas, de los cuales 12 eran guardabosques a los cuales les arrancaron la vida.
Global Witness generó una investigación extenuante que contempla la indagación individual y verificación de cada uno de los casos reportados (localidad, fecha, contexto, medios, atenuantes, documentación existente) durante 366 días del año pasado (del primero de enero al 31 de diciembre), ya fueran activistas residentes de los propios territorios amenazados o políticos, abogados, periodistas, guarda bosques y miembros de campañas organizadas por sociedades civiles que se unen a favor de las comunidades intimidadas. No obstante, no todos los casos de aniquilación de activistas son denunciados, las denuncias no proceden, no llegan a la luz pública o simplemente algún tecnicismo no le permite ser clasificados como asesinatos de activistas. Además, las comunidades rurales denuncian en menor medida las agresiones, debido a la falta de recursos para hacerlo, lo cual significa que encaramos una cifra de asesinatos superior a 227.
¿Los asesinatos son selectivos?
La respuesta abreviada es un sí. Las intimidaciones, amenazas, criminalización, agresiones físicas, desapariciones forzadas, abuso sexual, asesinato e impunidad son algunos de los diferentes tipos y niveles de violencia a los cuales se enfrentan l@s activistas defensor@s de la naturaleza y el territorio.
Para comenzar se observa una división demográfica. Las comunidades que se reconocen como indígenas suelen ser vulneradas con mayor frecuencia, pues aun cuando en varios países se les reconocen constitucionalmente derechos especiales por tratarse de pueblos originarios, estos no son respetados en el contexto real; además de ser privados de recursos y atención por parte de sus propios gobiernos. Se reconoce como indígenas únicamente al 5% de la población mundial y aun así un tercio de los casos reportados engloban a personas identificadas como indígenas. También existe mayor vulneración hacia los afrodescendientes como se observa en Colombia y Nicaragua (donde la comunidad indígena Mayangna fue atacada por docenas de sujetos armados).
Otro factor que determina la violencia dirigida hacia los defensores del territorio es el sexo. El 90% de los defensores agredidos son hombres. Por otro lado, las mujeres defensoras del territorio y medio ambiente enfrentan mayor riesgo de ser violentadas sexualmente durante su lucha; además, a veces tienen que encarar tanto a los actores externos que invaden su entorno, como a los mismos miembros de su comunidad, que al presentar marcados preceptos machistas tienen a demeritar su activismo. Dicho sea de paso, estos cánones patriarcales son una de las raíces de una menor cifra de activistas mujeres, dado que en algunos casos ellas no tienen siquiera el derecho de poseer tierras y por ende sus opiniones no son tomadas en cuenta al momento de organizarse.
El tipo de ecosistema que los activistas defienden también es un atenuante. En este caso, los bosques tropicales son los ecosistemas predilectos para la explotación. 23 de los ataques letales fueron dirigidos a defensores que accionaban en contra de la tala de árboles y deforestación. Brasil y Perú son enormemente afectados por la deforestación por ser los países sobre los que encuentra la mayoría de las extensiones del Amazonas.
La ubicación geográfica es igualmente un factor de riesgo. Estar cerca de las zonas fronterizas países acrecienta la vulnerabilidad por ser territorios atractivos para la construcción de infraestructura y la conveniencia para la comercialización entre países.
Los guardias forestales fueron un blanco de agresiones al cumplir con la tarea de salvaguardar los ecosistemas. El 8.1% de los 227 defensores del territorio asesinados desempeñaban este trabajo.
Finalmente, la pandemia ha sido un catalizador que juega en contra de las comunidades amenazadas por actores extractivistas, dado que el aislamiento mandatorio por parte de los gobiernos ha incomunicado considerablemente a los pueblos de sus aliados y el resto del mundo, transformándolas en blanco fácil de agresiones.
El papel de los gobiernos
Empresas tanto nacionales como internacionales disponen de territorios a su conveniencia, sin importar si perjudican poblaciones en las cercanías o si su producción afecta irreversiblemente el ecosistema. Los abusos se deben en gran medida a que los organismos del gobierno no cumplen con una función regulatoria integral y se fían en los reportes que las empresas generan por si mismas, sin verificar la veracidad de estos, de modo que anteponen los intereses de la empresa sobre los derechos humanos de poblaciones enteras.
La corrupción también contribuye a la crisis ambiental: cuando no se realizan debidamente las consultas a pueblos originarios, cuando se ignora la ley y cuando se comete usurpación de funciones. Ejemplo de ello es el asesinato de la activista Berta Cáceres -mujer, hondureña, indígena Lenca, activista- cuyo asesinato se suscitó en 2006 (tras cofundar Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y organizar a su comunidad en contra de la hidroeléctrica Río Gualcarque); se comprobó posteriormente que el representante legal de la empresa constructora de la hidroeléctrica (Roberto David Castillo Mejía) fue autor intelectual del asesinato, y también se ha demostró que la empresa estaba coludida con miembros de secretarias gubernamentales.
Del otro lado del mundo las comunidades camboyanas Chhouk, Chikhor y Trapeng Kendal fueron traicionadas por su propio gobierno, que vendió concesiones para el cultivo de caña de azúcar al grupo Tahitiano KSL. Fueron disparados por la milicia de su propio país mientras observaban con impotencia como los tractores destruían sus casas, sus campos de arroz y árboles frutales para dar paso a la empresa extranjera. Pese a que no se registraron asesinatos el año pasado en Camboya una situación de dicha gravedad difícilmente permanecerá “despejada” por mucho tiempo.
Como puede observarse, los activistas son personas que hacen lo posible (y lo imposible) por defender su territorio, sus hogares, sus estilos de vida, medios de sustento e integridad de los ecosistemas que los rodean. Indignantemente pagan con su vida por proteger la vida del planeta, sus culturas y gente. Son violados sus derechos fundamentales y en muchas ocasiones son revictimizados aun después de asesinados, cuando no se hace justicia, cuando sus casos son acallados o echados al olvido.
Las ultimas esperanzas se encuentran en robustecer las penalizaciones a las empresas que incurran en estos crímenes contra la naturaleza, crear redes de protección a l@s defensor@s del territorio y sobre todo que los gobiernos elijan cuidar a sus ciudadanos antes que a poderosas empresas. La justicia podrá abrirse camino cuando el resto del mundo los note y toma su responsabilidad por la destrucción de nuestro planeta.
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