En el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, cárcel concesionada de Concepción, 45 presos sociales se encuentran en huelga de hambre líquida desde el 21 de julio de 2021. Dentro de las principales demandas de la movilización es el retorno del contacto físico entre privados y privadas de libertad con sus familias.

El día Lunes 2 de agosto familiares y cercanos de prisioneros sociales de la cárcel concesionada Biobío realizaron un «barrotazo» en la parte frontal de esta institución penitenciaria. Esta acción busca apoyar la huelga de hambre líquida que cerca de 45 presos del módulo de imputados están llevando a cabo exigiendo el retorno del contacto físico, venusterios y cambios en alimentación mediante una mejora en cuanto al contenido nutricional del listado de alimentos permitidos y que se permita el ingreso de alimentos preparados.

Una de las manifestantes, pareja de un preso social nos comento que «el día de hoy (02 de agosto) toda la cárcel se sumó a la huelga en forma de protesta y que lo más probable es que el número de privados de libertad en huelga permanente vaya en aumento o se sumen de otros módulos.»

Las familias y parejas de los presos han estado organizándose y negociando con gendarmería para que esta acomode el protocolo de visitas a la etapa correspondiente del plan paso a paso, Concepción se encuentran en fase 3 y los lugares de recreación como pubs, centros comerciales y otros espacios abren sus puertas y aumentan el aforo permitido, sin embargo, ni el ministerio de salud, ni gendarmeria han trabajado en un protocolo de visitas acorde al contexto actual.

Esta no es la primera demanda importante relativa a la cárcel que se organiza, el 2020 familiares de presos sociales y políticos se movilizaron para exigir el fin del aislamiento, casi total, en el que se encontraban lo presos respecto del exterior y sus familias ante la inexistencia de un protocolo mínimo de contacto con el exterior.

Recordamos el contacto con el exterior se mantuvo suspendido durante casi diez meses, la única vía de contacto era el teléfono público, pues hasta ese entonces no se habían implementado las tele-visitas. En ese entonces en Concepción se redactó y entregó una carta al director regional de gendarmeria, coronel Diter Villarroel Montecinos. En paralelo a la entrega se realizó una concentración fuera del edificio de gendarmeria regional, la acción arrojó como resultado una reunión en la cual se expusieron las demandas de las familias.

Si bien la situación y escenario sanitario era complejo en ese entonces, el derecho al contacto con el exterior es un derecho fundamental de todo privado y privada de libertad, en el mismo manual de derechos humanos de la función penitenciaria se hace mención a esto y ante ello las instituciones correspondientes deberían haber elaborado un protocolo de forma rápida, sin la necesidad de presión y estrés por parte de sus familiares.

Finalmente gendarmería publicó un protocolo de visitas sin contacto físico y con una estructura acrílica transparente separando al preso de su familia.

Puedes revisar información del protocolo y las cifras de contagios de Covid-19, así como de personal de gendarmería e internos/as inoculados/as aquí.

Al encontrarnos actualmente en fase 3 en casi todo el país el protocolo se torna insuficiente, en conversaciones con familiares nos comentaban que «desde el inicio de la pandemia solo han tenido cuatro visitas y todas sin contacto físico», en total las familias llevan dieciseis meses sin poder abrazarse, la parejas de un preso en huelga nos comenta que «al negar contacto físico están vulnerando también el derecho de niños y niñas, al separarlos de sus padres o madres.»

Ante el escenario actual las familias elaboraron una nueva carta que se entregó, tanto al alcaide del CCP Biobío, como al director regional de gendarmería. Esta vez la carta se acompañó de cientos de firmas de familiares.

La respuesta de gendarmeria fue retirar el acrílico de separación y una leve mejora en los alimentos que se permiten ingresar vía encomiendas, sin embargo esto no es una respuesta a la demanda específica sino que obedece a una política nacional, según nos comentó una de las integrantes de Colectivo No Mas Presxs Por Luchar. Por otra parte gendarmeria entregó un plazo de diez días para comenzar a agendar venusterios, el plazo ha caducado y no han iniciado el proceso.

Como respuesta a las demandas de regularización de las familias y presos/as algunos gendarmes de la ANFUT (Asociaron Nacional de Funcionarios Penitenciarios) decidieron paralizar funciones en contra de la apertura de las cárceles argumentando riesgos de contagio pese a que tanto la población penal como gendarmería se encuentran vacunados. Otro de los motivos que argumentan para iniciar la paralización hace referencia al hacinamiento, realidad que afecta a todas las prisiones, ante ello las familias comunicaron que:

La huelga de hambre de los presos está acompañada de la lucha de las familias y parejas desde afuera, ha tenido muestras de solidaridad de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu a través de un comunicado, se ha informado de barricadas y manifestaciones en varios puntos de Concepción. Se han sumado además a la huelga de rancho presos del CCP Biobío, cárcel de mujeres, presos de Temuco y de Angol.