Por Asamblea Anarquista del Biobío
(versión en inglés aquí)
La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.
De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.
Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.
Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.
Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.
El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.
Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.
Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.
Libertad a lxs presxs de la revuelta!
#laprotestanoesdelito
Asamblea Anarquista del Biobío
Enero de 2021.
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