El actuar de los distintos actores políticos en juego deja ver las razones profundas detrás esta escalada de tensión en la Araucanía; para entender las raíces de este conflicto hay que mirar a la historia colonial del Estado chileno y al hostigamiento sistemático y la violencia racista dirigida por siglos contra el pueblo Mapuche, un pueblo originario con una tradición milenaria que se ha transmitido a pesar de diversos intentos de dominación y genocidio perpetrados en el WallMapu.

Por Susanna de Guio y Gianpaolo Contestabile

Foto de Camila Lassalle

La lucha de los prisioneros políticos mapuche sigue, después de la firma del machi Celestino Córdova de un acuerdo con el gobierno el pasado 18 de agosto, que le permitió dejar la huelga de hambre a los 107 días y alcanzar unos primeros resultados en los derechos de los presos. Pero los otros 26 detenidos permanecen en huelga, desde la cárcel de Angol expresan un reclamo claro, respaldados por los de Lebu y Temuco: la reglamentación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que contempla los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que Chile ratificó en 2008. Este tratado internacional, ya firmado y regulado por muchos países latinoamericanos varios años antes que Chile, toma en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos originarios y define que en caso de sanciones penales “deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” (art. 10).

A partir del lunes 24 los presos de Angol, seguidos por los de Lebu, empezaron la huelga seca – que implica no tomar líquidos – además de la huelga de hambre que varios llevan adelante desde hace más de cuatro meses, y muchos de ellos se encuentran hoy en condiciones de salud criticas en el hospital. El lunes 24 de agosto tres de los presos de Temuco solicitaron y obtuvieron un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, que les corresponde según el acuerdo firmado por el machi Celestino. En cambio, no ha logrado muchos avances la nueva mesa de dialogo llevada a cabo el miércoles 26 entre el ministro de Justicia Hernán Larraín y los voceros de los presos políticos que siguen en huelga de hambre.

Si por un lado el gobierno está jugando con el tiempo y las vidas de los huelguistas, angustiando sus familias y comunidades, con el postergar una vez más la posibilidad de un acuerdo en un contexto sumamente delicado, por el otro lado el trato con los camioneros en paro indefinido desde el jueves pasado se muestra permisivo y conciliador. El reclamo del gremio CNTC (Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile) – que no es respaldado por los dos mayores gremios de camioneros, la CNDC y Chile Transportes – busca mayor seguridad para los camioneros que están sufriendo la quema de su vehículo en la Región de La Araucanía. El presidente de CNTC, Sergio Pérez, declaró paro indefinido hasta que no se responda a las demandas, que se extienden hasta exigir la aprobación de 13 leyes ya presentadas en el Congreso, entre las cuales hay la polémica “ley anti-encapuchados” redactada durante los meses de la revuelta, el fortalecimiento de todas las fuerzas policiales chilenas y del departamento de inteligencias, y penas más duras para delitos contra las propiedades, o relacionados a narcotráfico o conductas terroristas.

La ley antiterrorista, aprobada en 2008 por el gobierno de Michelle Bachelet, ha sido utilizada sistemáticamente en contra de numerosos lideres del pueblo Mapuche. A mediados de 2018, el presidente Piñera presentó el Comando Jungla en Araucanía, una fuerza especial de los Carabineros entrenados en Colombia, que unos meses después asesinaron al joven comunero Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui, una de las más activas en la recuperación territorial. A su vez, la muerte de Macarena Valdés, encontrada ahorcada en su casa en agosto de 2016, está vinculada a su batalla contra la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Tranguil, que atraviesa los territorios comunitarios. Criminalizar a los y las referentes Mapuche es parte de una estrategia política de larga data, a través de la cual el Estado chileno protege los intereses de las grandes empresas en Wallmapu, atacando a las comunidades y construyendo la retórica del enemigo interno.

La persecución del machi Celestino Córdova, que dio inicio a la actual huelga de hambre en mayo, no es un caso aislado. Su condena a 18 años no se pudo fundamentar con pruebas, así como otras autoridades espirituales han sido involucradas en montajes judiciales y han pasado largos períodos en la cárcel salvo después ser absueltas sin recibir compensación alguna. Un destino similar le ha tocado por ejemplo a las machi Millaray Huichalaf y Francisca Linconao, los lonko (autoridades políticas comunitarias) Alberto Curamil y Facundo Jones Huala, y el werken (vocero) Rubén Collio.

Un caso ejemplar que muestra las estrategias de persecución judicial en contra de las y los activistas Mapuche es representado por la Operación Huracán. La investigación de inteligencia de Carabineros, realizada en 2017, apuntaba a procesar 8 comuneros acusados de formar parte de una red terrorista Mapuche, pero durante el juicio se comprobó que los chats interceptados, prueba fundamental para legitimar las detenciones, habían sido insertados en los celulares apoderados por los mismos policías. Tampoco este escandalo fue un caso aislado, tanto carabineros como el ejército chileno en los últimos años se han visto al centro de diferentes casos de corrupción y espionaje de activistas, como lo demuestran también los archivos difundidos durante el ataque hacker del 2019, llamado Paco-Leaks.

Muchas de las prácticas de violencia sistemática que se implementaron contra el pueblo chileno durante la insurrección que comenzó el pasado octubre, ya eran la norma para los y las activistas Mapuche. No es casualidad que la solidaridad con los pueblos originarios en resistencia haya crecido durante las movilizaciones de la revuelta chilena y que la la bandera Mapuche se haya convertido en un símbolo de resistencia contra la represión policial y militar.

Frente al llamado a paro de camioneros, que amenaza desabastecer Chile en pleno contexto de pandemia, el flamante ministro del interior Víctor Pérez descarta utilizar la Ley de Seguridad del Estado y deresponsabiliza la CNTC argumentando que los cortes en las carreteras fueron intermitentes y no afectaron a la circulación. El mismo Víctor Pérez es el ministro que viajó a la Araucanía a pocos días de haber asumido el cargo a finales de julio, prometiendo mano dura para resolver los conflictos de la región, y afirmando que “en Chile no hay presos políticos”. Trás esta polemica declaración, grupos de ultraderecha hicieron un llamado a reprimir los mapuche que estaban tomando cinco municipios de la Aracuania para visibilizar la lucha de los presos en huelga de hambre, que se convirtío en el violento ataque a los comuneros en Curacautín y Victoria del pasado 1 de agosto, con el aval de Carabineros, que levantó una ola de indignación en todo el país y a nivel internacional.

El actuar de los distintos actores políticos en juego deja ver las razones profundas detrás esta escalada de tensión en la Araucanía; para entender las raíces de este conflicto hay que mirar a la historia colonial del Estado chileno y al hostigamiento sistemático y la violencia racista dirigida por siglos contra el pueblo Mapuche, un pueblo originario con una tradición milenaria que se ha transmitido a pesar de diversos intentos de dominación y genocidio perpetrados en el WallMapu.

Las comunidades Mapuche continúan siendo perseguidas porque promueven un modelo autónomo de gobierno acorde con su cultura ancestral, que está en abierta contradicción con el centralismo del Estado chileno. Su cosmovisión expresa una conciencia del territorio, del ecosistema y del paisaje que se convierte en un obstáculo para las empresas que quieren extraer valor y recursos de la tierra. Tanto del lado chileno como argentino, el WallMapu está siendo atacado por empresas hidroeléctricas, forestales, pesqueras y por quienes especulan con la renta de las tierras. Así como durante la mal llamada Campaña del Desierto y la Ocupación de la Araucanía, las autoridades Mapuche fueron estigmatizadas y perseguidas, hoy en día se reprimen como si fueran terroristas solo por defender su territorio y su cultura.