El turbio negocio del agua en Chile

Semanas antes del inicio de la revuelta popular en octubre de 2019, el agua se había vuelto un tema central en el debate público chileno. Las múltiples demandas y expresiones que se manifiestan en las calles cambiaron la agenda y el agua pasó a ser un tema menos comentado.

No obstante, las alarmantes cifras que deja la sequía, su uso desmedido por parte de las empresas agrícolas y forestales y los graves casos de contaminación en las redes de agua domiciliaria de varias ciudades, revivieron el debate sobre el turbio negocio del agua en Chile, donde se compran los llamados “derechos de agua” y son empresas privadas las responsables de entregar el agua potable.

La explicación tiene sus raíces en la legislación neoliberal sobre el agua vigente desde la dictadura de Pinochet. Se trata del Código de Aguas de 1981, que transformó a Chile en el único país del mundo en que existe un otorgamiento gratuito y a perpetuidad de los derechos del agua a privados. Lo que comenzó como un fomento a las industrias agrícolas, dio paso a un mercado de las aguas donde las grandes empresas inscribieron los derechos rápidamente, pero las pequeñas demoraron años en hacerlo, generando una concentración y sobre otorgamiento de los derechos de agua en pocas manos, que sumado a décadas de sequía y extracción irregular sin fiscalización, explotaron la capacidad natural de recarga hídrica de los acuíferos.

La situación se vuelve crítica si consideramos que el 94% del agua dulce del país es ocupada por las industrias forestal y agrícola, mientras que solo el 2% corresponde a agua potable de consumo humano. De ese 2%, solo el 36% corresponde a consumo domiciliario. El espíritu neoliberal y privatizador de la ley, no permitió reservar un porcentaje para consumo humano, afectando a pequeñas empresas agrícolas, secando ecosistemas acuáticos y violando derechos humanos básicos como el acceso al agua.

El panorama se complica ya que Chile atraviesa la peor sequía de la historia que pone en riesgo las condiciones básicas de miles de personas que no tienen acceso al agua potable, mientras que diversas localidades agrícolas se están secando y sus animales de criadero mueren por miles, ya que cada vez se registra menos disponibilidad de agua.

El 2019 fue el año con las menores precipitaciones en la historia desde que se tiene registro. Algunos embalses se encuentran en sus mínimos históricos y se estima que en 2019 Chile perdió el 20% de las aguas de sus embalses y menos lluvias y nevazones hace difícil recuperarlo.

Según cifras del propio gobierno, los caudales de los ríos disminuirán a la mitad del promedio histórico, y en la región de Coquimbo se espera 90% menos de caudal que en la temporada 2018-2019. Además, ya son 79 las comunas que a diciembre de 2018 estaban bajo decreto de escasez, afectando a 2 millones de habitantes que equivalen a un 11% de la población. De acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, Chile será uno de los treinta países más afectados por la escasez hídrica de aquí al 2040.

Un ejemplo de los efectos del negocio del agua, es la comuna de Petorca, reconocida por la sequía y las graves consecuencias de los cultivos agrícolas, principalmente de palta, que exige enormes cantidades de agua y que ha afectado el acceso al agua de la población local, que incluso depende de los camiones aljibe que dispone el Estado como medida de emergencia. No obstante, esta situación se naturaliza no solo Petorca y actualmente son miles las familias distribuidas en todo Chile que dependen del agua potable que les llega a través de camiones aljibe. Sólo desde 2014 el Estado ha gastado más de $140 mil millones en este mecanismo, que paradójicamente incluye la compra de derechos de agua a privados.

Por si fuera poco, las empresas sanitarias, también fueron sistemáticamente privatizadas durante la década 1990, donde el Estado disminuyó casi por completo su participación en dichas empresas, quedándose con solo con el 5%. Estas empresas han estado en el ojo de la tormenta a partir de los casos de cortes en el suministro de agua potable en ciudades como Osorno, Los Ángles, Chiguayante y Puerto Octay durante 2019, que en algunos casos fueron de más de 20 días y en otros se debieron a filtraciones de petróleo y químicos en las redes de agua domiciliaria. 

En Chile se lucra con un elemento vital que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos. Es por ello que diversas organizaciones sociales buscan generar los cambios políticos que permitan la desprivatización del agua, y por tanto, la derogación del código de aguas y la protección efectiva de ríos, glaciares, humedales y de todos los ambientes amenazados.