Por: defensa de los acusados Bastián Llaitul, Roberto Garling, José Ignacio Lienqueo

Seis presos políticos mapuche que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de dos años deberán mantenerse privados de libertad a la espera de un juicio que nunca llega.

¿La razón? la propia autoridad judicial, por iniciativa propia y en dos ocasiones, ha pospuesto la etapa procesal más importante para los acusados, sin respetar estándares internacionales básicos en materia de Derechos Humanos, y que obligan al Estado Chileno: debido proceso y plazo razonable, al parecer, aplicable solo para algunos.

Desde el día 13 de octubre del año 2023, cinco de los imputados del denominado caso Quilleco, perseguidos penalmente por su presunta participación en dos delitos de incendio de maquinaria forestal y un supuesto homicidio frustrado a Carabineros, se mantienen bajo la medida cautelar más gravosa de nuestro sistema penal, en el marco de una investigación liderada por el cuestionado Fiscal Juan Yañez Martinich.

En el mes de abril de 2024, se suma la prisión de Rafael Pichún Collonao.

Pese a una serie de irregularidades, entre ellas, una reformalización que excede los límites de lo permitido por las propias leyes Chilenas, y el nulo valor del principio de presunción de inocencia que debiera primar respecto de personas que, además, no registran antecedentes penales, el proceso avanzó, con miras a la realización pronta de un juicio oral en el que, finalmente, pudiera decidirse sobre su inocencia o culpabilidad.

Así las cosas, el Tribunal de Juicio oral en lo penal de Los Ángeles, fijó inicialmente el juicio oral de estos acusados, para el día 10 de octubre del año en curso, no obstante aquello, a sólo días del inicio del juicio, el mismo Tribunal, a petición de ningún interviniente, comunica la decisión de reprogramar el referido juicio oral para el mes de febrero de 2026. Es decir, un Tribunal de la República, que debiera ser imparcial, obrar a petición de parte y propugnar un apego irrestricto de los derechos fundamentales, decide posponer el juzgamiento de personas privadas de libertad, en al menos 4 meses, con el único fundamento de tener un «topón de juicios» y el colapso de la agenda del Tribunal. Dado que aquello era abiertamente ilegal por contravenir normas expresas sobre los plazos en los que deben realizarse los juicios orales, las defensas de todos los acusados acudieron a la Corte de Apelaciones de Concepción, a través de una acción de Amparo Constitucional que fue acogida, por lo cual, fue la misma Corte de Apelaciones quien ordenó expresamente al Tribunal de Los Ángeles, adelantar la realización del juicio. Bajo esa premisa, por orden del Tribunal Superior, el Tribunal de Los Ángeles, fija el inicio del juicio oral para el día de mañana 28 de noviembre, sin embargo, hoy, a menos de 24 horas del inicio del juicio oral, en circunstancias que una serie de familiares de los presos y comunidades se encuentran movilizadas desde distintos territorios para dar apoyo y estar presentes en la decisiva jornada, sorpresa: El Tribunal nuevamente, sin que nadie lo haya solicitado, comunica que NO HAY JUECES que conformen la sala, por lo cual, vuelve a reprogramar el juicio.

Resulta vergonzoso que en un Estado democrático de derecho, supuestamente respetuoso del debido proceso, personas que debieran presumirse inocentes, deban soportar bajo el peso de sus hombros, la encarcelación que se prolonga en el tiempo únicamente por la inactividad del poder judicial, que, en dos meses, no ha sido capaz de nombrar jueces que cumplan con el deber que les corresponde y que, por cierto, respeten el deber de inexcusabilidad en el juzgamiento de los ciudadanos. Cabe preguntarse:

¿Por qué se niegan los jueces a asumir este juicio?

¿Por qué la Corte de Apelaciones no tiene la autoridad suficiente para designar en tiempo y forma a quienes cumplan con el deber constitucional?

¿Si la Corte de Apelaciones no tiene autoridad sobre sus propios jueces, quién la tiene?