Por Abogada Daniela Sierra

Luego de la revocación de la Corte Suprema de la autorización al permiso de salida laboral que había otorgado la Corte de Apelaciones a Víctor Llanquileo es importante destacar la presión que ejerce el gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado, donde queda en evidencia que el poder judicial no es independiente, y que cuando se aplica el derecho apegado a la justicia intervienen para cercenar derechos y garantías consagrados por ley nacional e internacional. En este sentido afirmamos que existe manipulación política cuando se trata del mapuche, que tiene una cultura distinta del chileno, pero se pretende domesticar a los que levantan la voz por derechos políticos, culturales y económicos.

Retrocede el estado de derecho a la época monárquica, cuando no existía la separación e independencia de los poderes del Estado. Retrocede a la época de las Polémicas de Indias, donde se consideró al indígena un bárbaro que había que domesticar, esta presión admitida por los tribunales nos lleva a tiempos muy antiguos, contradictorio con los tiempos actuales en donde se debería profundizar la democracia y el respeto entre los pueblos por el buen vivir y la paz.

Tal como los 80 son reconocidos como un periodo en que la Corte Suprema realizó “graves acciones y omisiones” en relación a los recursos de amparo interpuestos ante las violaciones a los derechos humanos del periodo. Se recordará este periodo como aquel en que la Corte Suprema avaló y permitió graves violaciones a los derechos fundamentales a miembros del pueblo mapuche, vulnerando normativa nacional e internacional vigente, resolviendo de un modo racista, con la activa intromisión del CDE sólo cuando se trata de algunos mapuche, evidenciando con ello su actuación política y no jurídica. Es una actuación contraria incluso a la ética, tomando palabras del propio Presidente de la Corte Suprema, quien el 19 de junio se dirigió a los nuevos abogados que juraron ante él a propósito del día de los pueblos indígenas. Lo resuelto por la Corte Suprema va absolutamente en contra de todo lo dicho por él ese día

Sólo palabras de buena crianza ante el público. El mapuche y cualquier abogado que haya tomado causas de mapuche bien sabe que estas palabras no se cumplen al momento de juzgar.

Hoy, la escasa doctrina jurídica penitenciaria reconoce que la normativa que regula la situación de los presos tiene serias vulneraciones a la constitucionalidad. De ahí que se haya intentado modificar en sucesivos gobiernos, procesos hasta ahora no finalizados. Quedando los presos quienes ya tienen la peor privación de derechos que pueda tener una persona, que es la privación a la libertad se encuentren en el desamparo jurídico, pese a que la normativa señala que ellos no han perdido sus otros derechos, en los hechos el margen que tiene un preso para defenderse de arbitrariedades es muy escaso.

Y en el caso del mapuche, la situación es aún peor. Ya que se levanta todo el aparataje del Estado para presionar a la judicatura a permitir la conculcación de derechos fundamentales. Así tenemos la actuación del Consejo de Defensa del Estado haciéndose parte en recursos de amparo que presentan prisioneros políticos mapuche, ya sea en solicitudes de traslados, autorización de ceremonias, alimentación mapuche, traslados a CET.

Todas cuestiones que debieran estar garantizadas para ellos en su condición de miembros de pueblos indígenas, tal como lo ha señalado reiteradas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más aún si el Estado de Chile ya ha ratificado hace muchos años el Convenio 169 de la OIT, siendo por tanto deber del Estado su aplicación. Y acá se debe tener presente el artículo 10 nº2 que señala que los Estados deben preferir formas alternativas al encarcelamiento para los miembros de pueblos indígenas.

Lo que vemos es lo contrario, larguísimas condenas, prueba indiciaria, uso y abuso de testigos sin rostro, presiones para autoinculparse o para culpar a otros sin tener participación. Tal como señaló el abuelo del pequeño Tomàs, una fiscalía que apunta a tener condenados sin ser culpables. Eso, para el mapuche es pan de cada día.

Las vulneraciones en este último gobierno progresista han aumentado, con un estado de excepción constitucional permanente, un paquete de leyes que apuntaron a endurecer la persecución penal hacia el mapuche, todo en un gobierno en el que gran cantidad de gente creyó que sería más justo en cuanto a la aplicación del derecho, pero todo lo contrario, las violaciones a los derechos fundamentales han tenido un crecimiento exponencial, atentando gravemente contra la democracia y los tratados internacionales.

Por sobre todo lo anterior tenemos, tal como antaño, tribunales que se dejan presionar por el ejecutivo, que responde hoy por hoy a los intereses de grupos hegemónicos del país y no a las necesidades de las grandes mayorías; actuando en contra de los prisioneros políticos mapuche, los que aunque se intente decir que no existen, precisamente este trato desigual de los tribunales para con ellos evidencia más nítidamente que sus condenas no son jurídicas, sino políticas. Tal como ocurrió en esta causa de Víctor Llanquileo, ha ocurrido en otros casos de mapuche, Cortes de Apelaciones que acogen amparos, para luego ser rechazados en la Corte Suprema, última y superior instancia a nivel nacional. No ocurrió así con Monsalve claro, para él la Suprema fue insólitamente garantista, para el mapuche ya tradicionalmente punitivista.