La Comisión de Paz y Entendimiento es una farsa.

Por Héctor Llaitul  

«Mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos. Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial.

Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.

Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social.

Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que, esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.

Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas «proclamadas prácticas democráticas», un gran contrasentido.

Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuales son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se vuelve a repetir el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.

Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza, a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado antimapuche.

Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.

A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan, para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.

Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral. Un diagnóstico que será presentado como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.

En definitiva, esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo y pasará a formar un eslabón más para que la actual administración, la actual gobernanza neoliberal, proyecte un futuro gobierno que estará en manos de la ultraderecha.

Buscar la paz y entendimiento con exclusión de los que luchan es la gran interrogante, ¿cómo se puede buscar paz en un contexto de militarización y de mayor represión? Más aún, con la existencia de muchos presos políticos mapuches (PPM) que hemos venido siendo procesados y condenados sólo por representar la lucha territorial, autonomista y revolucionaria a través de ideas fuerzas y de propuestas políticas para la reconstrucción de nuestro pueblo. Nada se ha dicho de los weichafe que estamos secuestrados por el estado chileno. Porque mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.

La existencia de los PPM se da un contexto de mayor persecución y sobre la base de leyes de excepción que nos remiten a tiempos dictatoriales. En efecto, hoy hay presos políticos mapuche producto a las políticas más sofisticadas para reprimir y perseguir al movimiento autonomista, que con más fuerza hemos asumido la lucha contra el extractivismo y por la reconstrucción de nuestro pueblo, procesos sostenidos con la recuperación de los espacios territoriales, hoy de mano principalmente de las forestales.

Como antesala de la presentación de los acuerdos o los puntos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se viene implementado una verdadera campaña mediática en la que participan los sectores más fascistas de la derecha chilena, obviamente cubiertos por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde se reinstala el discurso que demoniza la causa mapuche, condenando la violencia que ejercen las comunidades para la recuperación territorial. Un discurso que reinstala los conceptos de terrorismo, violencia rural, crimen organizado para deslegitimar y despolitizar la justa lucha por el territorio.

Por otra parte, se está instalando la idea de un supuesto acuerdo de devolución de tierras en que habría una descomunal cifra de dinero que se dispondrá para la reparación territorial hacia las comunidades, lo cual es parte de la farsa que ya conocemos, porque en los hechos está propuesta siempre se va diluyendo en el camino y al final termina en escuálidos recursos y en casi nula viabilidad de devolución de tierras. Lo cual es una constante bajo la legislación vigente con la participación de la CONADI, un organismo putrefacto y funcional del estado capitalista. Solo habrá dineros para reparar a los latifundistas y para engrosar las arcas de las forestales, quienes hacen el gran negocio con la especulación financiera de la compraventa de los fundos usurpados a las comunidades.

Sin duda se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación Mapuche.

La lucha mapuche actual es y será por territorio y autonomía para la Nación Mapuche.

La lucha continúa!!

Amulepe taiñ weichan !!»