El 11 de septiembre de 2023, frente al país y al mundo, el presidente Gabriel Boric pronunció palabras que calaron profundo en quienes aún guardamos en la memoria las heridas abiertas por la dictadura: “Democracia hoy y siempre. Nunca más la violencia sustituirá al debate democrático”. Fue un acto de conmemoración solemne, sobrio, marcado por la emoción y por el anhelo de un país que busca reconciliarse con su pasado sin dejar de exigir justicia.
Por eso, resulta doloroso —y profundamente contradictorio— que hoy, el mismo gobierno argumente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este organismo no tiene competencia para pronunciarse sobre las penas aplicadas a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Crímenes que no prescriben. Crímenes que, como sociedad, nos comprometen con un nunca más que debe ser real y coherente.

La denuncia no cuestiona los hechos de 1973, sino la decisión judicial tomada en 2023, bajo plena vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito. Es decir, lo que está en juego no es un problema de “jurisdicción temporal”, sino de voluntad política para asegurar justicia efectiva y proporcional. No se está pidiendo revisar el pasado, sino revisar nuestras acciones de hoy.

¿Cómo entender que un gobierno que se define de izquierda, progresista, defensor de los derechos humanos y de las víctimas de la dictadura, defienda ante la CIDH una postura que objetivamente abre la puerta a la impunidad?
Lo que vemos es una disonancia profunda entre el discurso y la acción, entre la ética proclamada y la legalidad interpretada a conveniencia. Porque si se defiende el “nunca más”, este no puede ser selectivo ni oportunista. No puede depender del contexto político ni de los riesgos diplomáticos. Debe ser un principio rector, uno que atraviese cada decisión estatal donde haya riesgo de revictimización, de minimización del daño, de negación simbólica.
Lo más preocupante es que este tipo de argumentos —cuando vienen de un gobierno que se ha proclamado heredero de las luchas por la justicia— no solo defraudan a las víctimas y sus familias, sino que erosionan el capital ético de toda una generación política. Porque la memoria no se sostiene en palabras, sino en actos. Y la justicia no se legitima con retórica, sino con coherencia.

Recordemos que fue la Corte Interamericana quien obligó a Chile, hace solo unos meses, a dejar sin efecto fallos que rebajaban las penas a violadores de derechos humanos a través de la llamada “media prescripción”. Esa intervención fue celebrada por quienes aún luchan por verdad y justicia. ¿Qué cambió ahora?
Quizá el problema sea ese: cuando las instituciones del sistema internacional comienzan a cuestionar no el pasado, sino nuestro presente democrático, nos vemos forzados a mirarnos al espejo. Y lo que vemos no siempre es cómodo.
Este no es solo un tema jurídico. Es un tema de memoria, de ética pública y de compromiso político. No basta con conmemorar. No basta con discursos sentidos. El nunca más debe vivirse cada día, en cada decisión, en cada fallo, en cada respuesta a las víctimas.
Hoy, la memoria le está hablando al oído, señor Presidente. Escúchela. No por usted. Por quienes no pueden hablar, pero aún esperan justicia.

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Ximena Sepúlveda Varas, Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de La Frontera; Estudiante del Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco; Ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía

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