La Esperanza, Intibucá – El pasado 2 de marzo de 2025 se cumplieron nueve años del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca y defensora de los derechos de los pueblos y del medio ambiente en Honduras. A casi una década de su crimen, el proceso judicial ha avanzado con condenas a los autores materiales, pero persisten desafíos en la identificación y procesamiento de los autores intelectuales.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Entre ellos, David Castillo, exmilitar y presidente de la empresa DESA, fue señalado como coautor del crimen. Sin embargo, la reducción de su condena por parte de la Corte ha generado cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial hondureño.
Asimismo, el pleno de la Corte Suprema confirmó la condena de Sergio Ramón Rodríguez Orellana a 30 años de prisión por su participación en el asesinato de Cáceres.

La violencia contra defensores del territorio sigue siendo una preocupación en Honduras. El 14 de septiembre de 2024, el defensor ambiental Juan López fue asesinado pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reflejando la persistencia de los riesgos para quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el país.

En este contexto, la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) ha sido un paso clave en la investigación de responsabilidades intelectuales del crimen de Berta Cáceres, así como en la identificación de posibles delitos conexos de corrupción y fraudes financieros.

El legado de Berta Cáceres sigue presente en la lucha de los pueblos indígenas y movimientos sociales en Honduras y el mundo. Su compromiso con la defensa de la vida y los territorios continúa inspirando a nuevas generaciones de activistas y defensores de derechos humanos.

Magdalena Ivulic
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