Chile, tierra de paradojas. En esta tierra fértil, donde la coherencia es un fruto exótico, asistimos a una nueva polémica que revela las sutilezas de cómo se valida la propiedad de la tierra según la conveniencia del observador. Hablemos del Fundo El Nudo, cuya compra por parte de CONADI ha suscitado tantas críticas como titulares. ¿Por qué? Porque algunos sostienen que la transacción estuvo viciada por presiones sobre los dueños. Sin embargo, estos mismos propietarios firmaron declaraciones juradas que afirman que nadie les perturbó ni con una palabra. Pero, ah, la verdad tiene formas curiosas de ser moldeada.

La declaración jurada, ese noble instrumento de la fe pública, parece ahora tan flexible como la conciencia de algunos críticos. Revisados los antecedentes, Contraloría, ese guardián legalista de nuestros desvaríos administrativos, ha validado la compra. Todo en regla. Y, sin embargo, de los mismos sectores que hoy cuestionan la legalidad, vienen historias sobre un pasado no tan lejano en los que ‘otras´ tierras fueron firmadas y entregadas bajo condiciones mucho menos libres, cuando se trataba de comunidades mapuche.
Retrocedamos unas páginas en la historia. En tiempos no tan distintos, las tierras indígenas fueron expropiadas bajo procedimientos que hicieron de la voluntad una mercancía. Firmas obtenidas mediante engaños, coacción o promesas vacías llenan archivos judiciales. El ardid era simple: documentos legales impecables, asentados en contextos de desigualdad brutal. La ley validó aquellos despojos porque, bueno, una firma es una firma. ¿Voluntariedad? Eso depende de quién redacta la narrativa. Los mismos que hoy claman por la invalidez de la compra del Fundo El Nudo no se inmutaron cuando la desigualdad estructural hizo de la legalidad una herramienta de despojo.

Aquí radica la ironía. Cuando los documentos benefician intereses privados, son sagrados; cuando fortalecen procesos de restitución de tierras, son sospechosos. Si la firma de un terrateniente con acceso a asesoría legal y recursos es cuestionada, ¿Por qué la firma de un mapuche despojado de sus medios de subsistencia fue suficiente para justificar su desplazamiento? ¿Por qué la presunción de presión solo pesa en un sentido? La coherencia parece un bien escaso cuando se trata de los derechos de propiedad en tierras ancestrales.

El escrutinio asimétrico de la verdad jurídica es un juego peligroso. Cuando se seleccionan los contextos en que los documentos son válidos según quiénes son los beneficiarios, se abre una puerta que amenaza con consumir la legitimidad de cualquier transacción. ¿Queremos hablar de presiones? Hablemos de las leyes de ocupación, de los títulos de merced convertidos en papel mojado, de las escrituras redactadas con manos forzadas por la necesidad.

Por supuesto, la compra del Fundo El Nudo puede analizarse desde muchos ángulos. El precio, las tasaciones, los intereses de los vecinos poderosos. Pero cuestionar la venta bajo el pretexto de presiones cuando los propios dueños las niegan es una maniobra que bordea lo cómico, si no fuera tan reveladora de una lógica torcidamente conveniente. Si no nos preocupamos por las presiones reales del pasado, al menos ahorrémonos la indignación selectiva.

Los mismos que con una mano denuncian la violencia de las restituciones son los que, con la otra, firmaron el despojo disfrazado de progreso. Y así seguimos, atrapados en ese nudo de contradicciones que define la relación entre tierra, poder y verdad. ¿Será que algunos temen más a la justicia que al costo del suelo? Quién sabe. Lo único cierto es que las declaraciones juradas dicen lo que quieren leer quienes ya han decidido a quién le pertenece la historia.

Ximena Sepúlveda Varas.

Ximena Sepúlveda Varas, Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de La Frontera; Ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía. xime.sepulveda.varas@gmail.com.