A inicios del mes de agosto Margaret Satterthwaite relatora especial para las naciones unidas visitó Chile para observar respecto de la Independencia de Magistrados y Abogados en el sistema judicial chileno, y cómo esto último repercute en el acceso y la igualdad frente a la justicia. Se reunió con equipos de defensa y familiares de presos políticos mapuche. Se reunió con sentenciados, con quienes ya están en largas prisiones preventivas y se enteró de aquellos que han debido realizar huelgas de hambre para que se cumpla la normativa vigente.

Las observaciones que realizó Margareth Satterthwaite abordaron aspectos generales y centrales sobre la independencia del poder judicial, el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía en general y la igualdad frente a la justicia en Chile, incluyendo las garantías a un debido proceso. Esto lo resume iniciando su informe preliminar refiriendo que «El sistema judicial de Chile es lo suficientemente fuerte como para adoptar las reformas que necesita».

La visita tuvo especial preocupación por grupos vulnerables y desplazados de la sociedad en cuanto a su percepción del sistema judicial como pobladores que habitan en viviendas inseguras, los ancianos, las personas LGBT, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad.

Me informaron de que estos grupos experimentan importantes dificultades para acceder a la justicia para la resolución de problemas comunes, como buscar protección frente a la violencia familiar, acceder a servicios para niños, niñas y adolescentes con discapacidades y obtener una vivienda segura. Para algunos grupos, los problemas son graves: los inmigrantes se enfrentan a la separación familiar cuando no pueden pagar u obtener asistencia jurídica, y las víctimas de la dictadura soportan largos procesos judiciales para obtener recursos básicos. A un nivel más profundo, los pueblos indígenas de Chile carecen de reconocimiento en la Constitución y se enfrentan a retos fundamentales en relación con sus tierras y territorios; muchos no ven la forma de hacer valer sus derechos humanos básicos a través del sistema legal.

En su apartado sobre la situación en La Araucanía confiesa haber sentido consternación y realizó un llamado al estado de Chile a poner fin sin demoras al estado de excepción en Biobío y La Araucanía.

Reproducimos este capítulo de especial interés para la situación actual de militarización que vive la población que habita el territorio mapuche correspondiente a Biobío y La Araucanía, y especialmente para aquellas comunidades en resistencia y presos políticos que hoy enfrentan largas prisiones preventivas y abultadas condenas.

La situación en La Araucanía

Aunque reconozco y aplaudo los grandes logros de las autoridades judiciales chilenas, me consternó lo que supe de la situación en Araucanía. No pude viajar allí debido a la tormenta de la semana pasada; sin embargo, me reuní con muchas contrapartes en conferencias en línea y les agradezco su comprensión.

Para empezar, señalo que la violencia y el conflicto no son motivos para dejar de lado las garantías procesales que sustentan el derecho a un juicio justo mediante una legislación especial. Además, debe levantarse sin demora el estado de excepción en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bíobío en la región del Bíobío.

Lamento el asesinato de los tres carabineros en abril de 2024 y los casos de incendios intencionales y violencia armada. Pero me disgustó oír denuncias de periodos de prisión preventiva excesivamente largos, sentencias duras y discriminación en la aplicación de la ley y en los procedimientos. Me preocupé aún más cuando me enteré de que los imputados llegaban al juicio con chalecos amarillos y esposados de manos y pies, una práctica que parece carecer de base legal. Me alarmó oír que numerosos detenidos mapuches recurrían a huelgas de hambre, ya que acciones tan drásticas deberían ser poco frecuentes en un sistema jurídico bien desarrollado y con capacidad para tratar a todos por igual. Al parecer, algunas de estas huelgas estaban relacionadas con solicitudes de beneficios durante la detención a las que las personas ya podían tener derecho.

Aunque los informes indican que la legislación antiterrorista ya no se utiliza contra los mapuches, me angustió oír que las mismas prácticas continúan bajo una legislación diferente. Además, el encuadre de la situación bajo el estado de excepción en el debate legislativo y en los medios de comunicación puede distorsionar la percepción de la situación de seguridad, poniendo aún más presión sobre los jueces que trabajan en la región. Examinaré más detenidamente estas alegaciones para mi informe.

La justicia debe ser uno de los principales pilares de cualquier solución al conflicto. Por ello, el sistema judicial debe participar activamente en la provisión de respuestas justas a las demandas que subyacen al conflicto en la región y debe contar con los recursos y el apoyo necesarios para proporcionar un acceso a la justicia adecuado y culturalmente sensible.

Me animó mucho conocer los avances de la Comisión de Paz y Entendimiento creada en 2023. Su amplia composición y su enfoque basado en el consenso son dignos de elogio. Espero con interés las recomendaciones que la Comisión presentará en octubre y animo a Chile a seguir avanzando sobre la base de estos progresos.

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Observaciones Preliminares de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, al final de su visita oficial a Chile (9 de agosto de 2024).

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