A continuación exponemos dos comunicados emanados recientemente desde la isla grande de Chiloé, comuna de Ancud. En relación a la denuncia que hacen dirigentas Mapuche Williche de la comunidad Buta Lauken Mapu, quienes a su vez administran el Ecmpo Calle. Gatillado esto por la querella en su contra que ha presentado el delegado presidencial provincial de Chiloé Marcelo Malagueño, involucrándolas en una riña de terceros donde ellas intervienen como arrendatarias de cabaña.

El arrendatario de la cabaña involucrado en la riña, residente en la ciudad de Santiago fue sancionado por estos hechos en el mes de mayo, por lo que cinco meses después presentar esta querella en contra de las dirigentas, no se entiende de otra manera más que como una forma de involucrar a una comunidad indígena administradora de un Ecmpo, argumentando violencia en la implementación de la ley y justificar modificaciones que están siendo impulsadas por el gran lobby salmonero en el congreso y territorios.

DECLARACIÓN PÚBLICA DIRIGENTAS MAPUCHE-HUILLICHE
ESPACIO COSTERO MARINO DE PUEBLOS ORIGINARIOS ECMPO-CALLE

La comunidad indígena Buta Lauquen mapu solicitó el Espacio Costero Marino de Pueblos originarios Calle, de la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, siendo la administradora desde el año 2017. La presidenta de la comunidad indígena, Iberia Teruman, fue la primera mujer mapuche huilliche en postular y adjudicarse una ECMPO en Chiloé, la cual hasta el año 2023 había recibido felicitaciones por parte de SERNAPESCA por su administración.

Sin embargo, el año 2023 todo cambió y esta comunidad ha sido víctima de una persecución política por parte de funcionarios públicos designados por el gobierno del presidente Gabriel Boric, quienes, motivados por realizar cambios en la Ley Lafkenche, han utilizado el nombre de nuestra ECMPO Calle para justificar y fundamentar frente a la opinión pública sus intereses políticos.

¿Como se explica que un problema de índole personal dentro de una localidad haya tomado ribetes del orden de querer fundamentar la necesidad de un cambio a una legislación que aplica a todo el territorio nacional?

Primero informarle a la comunidad que en las ECMPO existen administradores y usuarios. El señor Luis Villegas, siendo usuario de la ECMPO Calle, tenía intenciones de apoderarse de la administración de la ECMPO desplazando a la actual presidenta que pertenece a la comunidad indígena solicitante de la ECMPO. Dado que esto no le fue permitido por la asamblea, él comenzó una serie de denuncias en diferentes instancias, intentando denostar, manchar y enlodar la imagen de la presidenta de la comunidad indígena y de la ECMPO. La dirigente de la comunidad indígena ha realizado diversas denuncias por las amenazas que ha recibido por parte del señor Luis Villegas, tanto en Fiscalía de Ancud y en Capitanía de puerto.

Luego de estos hechos, los funcionarios Alberto Millaquen de subpesca región Los Lagos y Tamara Santos del plan buenvivir de la provincia de Chiloé, realizaron una serie de reuniones con la directiva de la ECMPO y la comunidad indígena, en la cual se les indica que el plan de manejo y el plan de administración tiene falencias, y que la comunidad indígena debía renunciar a la ECMPO de Calle. Ellos han liderado denuncias y difamación de la ECMPO de Calle en diferentes instancias públicas, cuyas intenciones poco a poco las hemos ido aclarando a medida que pasa el tiempo.

La dirigente de la comunidad indígena tiene cabañas que arrienda a turistas en verano. Ocurre que las personas aliadas a Luis Villegas comenzaron a tener actitudes de hostigamiento con uno de los turistas arrendatarios que venía de Santiago. Este turista, que no tiene ninguna relación familiar con las comunidades indígenas, el 16 de febrero del año 2024 a las 16 horas fue agredido por varias personas, frente a lo cual sacó un arma a fogeo (arma de juguete que no tiene poder de hacer daño ni matar a nadie) para intentar disuadir a quienes les estaban atacando, frente a lo cual estos sujetos lo intentaron atropellar. Frente a estos hechos, llamaron a la señora Iberia Teruman, dueña de las cabañas, quien salió a ver qué estaba pasando con su arrendatario, frente a lo cual también le intentaron atropellar quedando con lesiones que nunca fue a constatar.

Estos sujetos realizaron una denuncia el mismo día en la noche y tres días después presentaron videos de pruebas. Este turista de Santiago fue citado a declarar por carabineros y presentó el arma a fogeo como prueba, quedando una orden de alejamiento. Esta persona volvió a Santiago y no ha vuelto a regresar a Chiloé y menos a nuestra localidad.

Llama la atención que cinco meses después, Marcelo Malagueño de la delegación presidencial provincial de Chiloé presente una querella donde además de involucrar al turista de Santiago que ya fue sancionado, incluye en la querella a la presidenta de la comunidad indigena Iberia Teruman y a su hija Flor Teruman, intentando involucrar esta vez a la comunidad indígena y a la ECMPO de Calle en estos hechos.

Las dirigentes indígenas más bien han sido víctimas de una constante persecución y tratos vejatorios, no solo por parte del señor Luis Villegas, sino que también han recibido hostigamiento por más de un año por parte de los funcionarios Alberto Millaquen de subpesca del Ministerio de Economía y Tamara Santos de Plan Buen vivir del Ministerio de Desarrollo Social quienes los presionan para que la comunidad indígena renuncie a la ECMPO. A este concierto ahora se suma el delegado presidencial provincial de Chiloé con una querella, todos operadores políticos que hoy están buscando utilizar a la ECMPO Calle para fundamentar los cambios a la Ley Lafkeche.

Como mujeres mapuche-huilliches hemos sido víctimas del Estado de Chile y de las autoridades designadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric, quienes no han escuchado ni nos han dado el espacio para dar nuestra versión de los hechos. Al contrario, lejos de buscar un dialogo y soluciones a nuestras problemáticas, han difamado contantemente a nuestra comunidad indigena y a la ECMPO de Calle, juzgándonos y usándonos con motivos netamente políticos.

Nosotros somos comunidades pacíficas, pero la querella presentada por la delegación presidencial provincial de Chiloé manifiesta esta persecución política que ya no vamos a seguir tolerando y llegaremos hasta las mayores instancias para limpiar nuestro nombre como mujeres mapuche-hulliches, el de nuestra comunidad y el de nuestra ECMPO Calle.

Lunes 24 de junio de 2024.

Iberia Teruman presidenta comunidad Buta Lauquen Mapu:

Firman:
Iberia Teruman Presidenta Comunidad indígena Buta Lauquen mapu Fono: +56 9 9257 6129
Flor Teruman Vicepresidenta Comunidad indígena Buta Lauquen mapu Fono: +56994213325 Email: terumanfloreliana@anita

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DECLARACIÓN PÚBLICA
Mesa de trabajo Comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Ancud sobre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios de la Ley Lafkenche

Las comunidades y asociaciones indígenas de la comuna de Ancud que participan de esta Mesa de trabajo, hacen un llamado a las autoridades comunales, provinciales, regionales y nacionales a la responsabilidad cívica, generar instancias de diálogo y desarrollar acciones para avanzar a la paz social.

Nuestra Mesa de trabajo está constituida por 40 organizaciones y en nuestra última sesión analizamos la información que se ha dado a conocer en los medios de comunicación, en donde se han manifestado diferentes visiones respecto a la Ley Lafkenche. Esta ley permite la creación de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), que son áreas solicitadas por las comunidades indígenas al Estado de Chile, quienes postulan para obtener la concesión y administración de un determinado territorio marítimo.

La ley Lafkenche fue redactada por representantes de los pueblos originarios, quienes hemos usado los mares y bordes costeros desde tiempos ancestrales, pero no estábamos considerados en la Ley de pesca. Esta propuesta de Ley fue presentada en el Congreso Nacional con apoyo de la pesca artesanal y aprobada en el año 2008 de manera transversal por todos los sectores políticos. Los ECMPO buscan resguardar la cultura y tradición de los pueblos originarios que hacen uso del borde costero, llamados usos consuetudinarios, entre los que se encuentra nuestra cosmovisión y espiritualidad, ceremonias religiosas, desarrollo de artesanías, uso de recursos hidrobiológicos como peces, mariscos y algas.

Si bien lo postulan y administran las comunidades indígenas, en el plan de administración también se incluyen personas naturales y organizaciones sociales como sindicatos de pescadores, buzos mariscadores, recolectores de orilla, juntas de vecinos, empresas de turismo, artesanos, todos quienes quieran realizar el uso y la conservación de la naturaleza en el borde costero, respetando la ley de pesca, evitando la sobreexplotación, la contaminación y pérdida de nuestros recursos naturales, de los cuales depende nuestra alimentación, salud y espíritu.

Cuando existen usos consuetudinarios relacionados a la extracción de los recursos hidrobiológicos o caladeros de pesca, los pescadores artesanales que participan en el plan de administración de la ECMPO y que están inscritos en el registro nacional, solicitan planes de manejo como lo estipula la ley de pesca, respetando las cuotas y vedas que determina el servicio público. Nosotros respetamos la ley y los planes de manejo, porque entendemos que eso nos permitirá proteger la biodiversidad para las actuales y futuras generaciones, sin sobreexplotar los recursos marinos. En las ECMPO bajo nuestra administración hay riqueza y diversidad de productos marinos, porque los cuidamos. Lamentablemente eso no ocurre en zonas de mar fuera de la ECMPO, en donde vemos con tristeza la sobre explotación y pérdida de los recursos marinos, junto con ello la pérdida de la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos chilenos.

Reconocemos que han existido problemas de implementación de la Ley Lafkenche, que se ha dado principalmente por:

1. El proceso para que las comunidades indígenas obtengan una concesión del territorio marítimo tiene ocho pasos, en cada uno de ellos intervienen diferentes servicios públicos y todo este procedimiento está demorando más de 10 años. Esto ha generado una larga “lista de espera” en donde la aprobación o rechazo de las solicitudes de las ECMPO queda detenida. De los 3 millones de hectáreas solicitadas en todo Chile, el Estado solo ha adjudicado un 5% a las comunidades indígenas. Muchas solicitudes se rechazan, se disminuyen los tamaños de las zonas solicitadas y un gran porcentaje están detenidas en los distintos pasos de su tramitación. Por lo tanto, se pide a los organismos públicos agilizar la tramitación en los tiempos que estipula la ley, que debiera demorar máximo 2 años.
2. Desde que se inicia el proceso de solicitud de una concesión y también luego de la adjudicación, no ha existido capacitación por parte de los servicios públicos como CONADI, Subpesca o Sernapesca, para que tanto los administradores, usuarios y habitantes locales tengan claridad de cómo se implementa la ley lafkenche y la ley de pesca, para explicar a la ciudadanía que es lo que se puede o no se puede hacer, asi evitar malas interpretaciones de ambas leyes. Nosotros somos comunidades rurales sin acceso a telefonía móvil, menos a internet, lo que dificulta enterarnos de lo que se legisla y acuerda en el Congreso Nacional que está en Valparaíso. Solicitamos que los tres poderes del Estado y los diferentes gobiernos estén presentes en nuestros territorios y nos informen sobre las leyes y su adecuada implementación.
3. Los servicios públicos no realizan una adecuada fiscalización en el borde costero. Existen personas que quieren ingresan a extraer recursos marinos sin la autorización que solicita la ley, no respetan los planes de manejo aprobados por subpesca, las cuotas de pesca ni las vedas, lo cual va en contra de la mantención de los recursos marinos en el largo plazo. No es responsabilidad de las comunidades indígenas fiscalizar, pero si denunciar cuando esto ocurre. Para personas que no conocen ni respetan la ley de pesca, esto les genera molestias y toman represalias en contra de las comunidades indígenas. Solicitamos que los organismos públicos que deben fiscalizar estén presentes en el borde costero, evitando de esta forma la sobreexplotación de los recursos marinos y los malos entendidos.
4. Si bien pueden existir problemas puntuales de convivencia entre personas en algunas pocas localidades, estas deben ser resueltas en función del diálogo. El gobierno a través de su Plan Buenvivir, debieran ser los promotores del diálogo y el entendimiento para ir resolviendo las diferencias que existen en algunas localidades. Sin embargo, hasta ahora sólo han generado más división y conflicto, perjudicado a los pueblos originarios de Chiloé.

Lamentamos que las autoridades comunales y provinciales han escuchado solo a un sector de la población, generando y aumentando la confrontación entre nuestros propios vecinos y familiares. La mayoría de nosotros somos huilliches y también pescadores artesanales, buzos mariscadores, recolectores de orilla, otros somos trabajadores de las salmoneras, todos partes de las mismas familias. No queremos que el Estado siga dividiendo a nuestras comunidades, confundiendo a la opinión pública e incluso levantando injurias graves con publicidad en contra de dirigentes de las comunidades indígenas.

En el caso de las dirigentes mapuche-huilliche de la localidad de Calle, comuna de Ancud, Chiloé, a quienes las han tratado de vincular injustamente en una riña callejera, nosotros las escuchamos y confiamos plenamente en su inocencia de los hechos que se le imputan. Es por eso que exigimos al Delegado Presidencial Provincial de Chiloé Marcelo Malagueño que retire la querella presentada en contra de estas dirigentes indígenas, se informe bien de la realidad de nuestros territorios antes de realizar declaraciones y acciones que ensucian el nombre de las mujeres huilliches y de todas las comunidades indígenas de Chiloé.

Solicitamos también que tanto parlamentarios como autoridades locales dejen de dividir y generar un clima de confrontación, quienes debieran informase bien antes de opinar, llamar al diálogo y a la paz, ser parte de la solución más que ser parte del problema.

Si quieren cambiar la ley lafkenche, estamos disponibles para conversar y buscar todas las alternativas posibles con tal de que esta ley funcione bien, lo cual debiera realizarse a través de una consulta indígena. El Estado debe propiciar instancias de diálogo con respeto, sin agresiones verbales ni tratos vejatorios en contra de los miembros de nuestras comunidades indígenas, actitudes que últimamente hemos visto con bastante frecuencia.

Los huilliches de Chiloé somos comunidades dialogantes, es por eso que tuvimos excelentes relaciones con la coroña Española durante 274 años y también durante ya casi 200 años con la República de Chile. En enero de 2026 es la conmemoración de la anexión de Chiloé a la República de Chile y esperamos realizar esta conmemoración en paz y unión entre todos los habitantes de esta provincia.

Como comunidades indígenas vamos a ser protagonistas de un dialogo civilizado y queremos pasar a la historia como quienes promovemos la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable, el trabajo inclusivo y respetuoso entre pueblos originarios, pescadores artesanales, buzos mariscadores, recolectores de orilla, trabajadores de las salmoneras y todos los habitantes de la provincia quienes quieran trabajar y cuidar nuestro territorio.

Hacemos un llamado a las autoridades y a la opinión pública a informarse mejor antes de juzgar injustamente a las comunidades indígenas, unirse a nuestro trabajo de paz y dialogo informado.

Mesa de trabajo de comunidades y asociaciones indígenas comuna de Ancud, Chiloé.
28 de junio de 2024.