En el marco del 12 de octubre una opinión obligada es lo que sucede en el Wallmapu histórico.

Por Héctor Llaitul Carrillanca. Preso Político Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, actualmente recluído en el CCP Biobío de la ciudad de Concepción.

Uno de los grandes discursos de este gobierno, de la institucionalidad chilena, es el de la seguridad pública. Y es en este contexto que se pretende legislar en Chile respecto a las “usurpaciones” y a la “auto-tutela”, con el fin de impedir y proteger a la clase política y empresarial de las afectaciones a sus intereses por parte de una de las principales acciones que ha impulsado el movimiento mapuche autonomista: las recuperaciones territoriales.

Lo primero que se debe señalar, es que esta iniciativa legislativa se inscribe en el marco del conflicto que mantiene el Estado Chileno con el pueblo mapuche y que ha significado, en los hechos, un fracaso constante del Estado por intentar canalizar a través de migajas institucionales las reivindicaciones históricas de las comunidades en lucha. Contrario a lo esperado por el Estado, en este conflicto se han anidado fuertes y profundos procesos políticos que dieron origen y fortalecieron al Movimiento Mapuche Autonomista, cuestión que asusta a la derecha fascista y al pseudoizquierdismo chileno, quiénes ven a las recuperaciones territoriales como una amenaza a la gobernanza neoliberal . Es por esto que intentan implementar dicha normativa, en lo sustantivo, para poner freno a las acciones del pueblo mapuche que asedian la reproducción del capital en nuestro territorio ancestral.

Los afectados por estas medidas, como siempre, son los pobres del campo y la ciudad. Fundamentalmente hablamos de familias, comunidades que reivindican sus tierras perdidas por la ocupación colonial chilena, así como de familias empobrecidas de los márgenes urbanos que buscan espacios para mejorar su calidad de vida, tal como lo han hecho históricamente. Hablamos de familias mapuche y no mapuche. A todo este conjunto de prácticas la iniciativa legislativa cataloga como “usurpación”, pasando por alto la diversidad de necesidades que ahí se anidan, así como las consecuencias de polarización políticas que se avecinan.

Es en este marco que podemos decir, sin tapujos, que esta propuesta fue diseñada ideológicamente, con fines políticos para afectar al movimiento mapuche autonomista que, en su diversidad de expresiones, ha logrado recuperar alrededor de 200 mil hectáreas del sistema de propiedad usurpado que estaba de manos de la industria forestal y otras inversiones capitalistas.. De hecho, estas acciones del movimiento mapuche autonomista conllevan efectivos procesos de control territorial que restablecen espacios geográficos para la reconstrucción del mundo mapuche, ya que dichas tierras no solo dejan de estar en poder de las grandes corporaciones madereras, sino que implican profundas transformaciones y cambios a favor del mundo mapuche, poniendo coto a las políticas extractivistas y de depredación de la naturaleza.

Por lo anterior, es que hemos de denunciar que, lo que busca la ley de usurpaciones es “forzar y borrar la historia sobre el territorio y el origen del pueblo mapuche”, lo que nos retrotrae a las enseñanzas de nuestros ancestros para volver a afirmar algo muy básico y fundamental para todo mapuche, que es: “a los mapuche nos expoliaron el territorio y nos usurparon nuestras tierras ancestrales”. Fue a nosotros que quienes nos ocuparon y despojaron de lo que nos pertenecía.

Hoy, con la ley de usurpaciones, lo que se pretende es cambiar la historia sobre el origen y el ascendiente respecto de los territorios ancestrales, se quiere instalar una post verdad a la fuerza, utilizando distintas herramientas del derecho que la clase política y económica acostumbra a usar a su favor.

Es en este sentido la elite política, la oligarquía hace resurgir la figura jurídica de la “autotutela” o “defensa privilegiada” como un derecho de protección ante la flagrancia. Sin embargo, este mecanismo conduce a la larga a la “mercenarización” del conflicto, disfrazando estos efectos con un discurso de seguridad nacional. Es así como se van creando las condiciones para la intrusión de bandas paramilitares como forma privada de matonaje.

Al respecto se puede decir, además, que la paramilitarización en contra de los movimientos en lucha o de protesta social es un modelo que quiere seguir la ultraderecha en Chile para enfrentar la causa mapuche con un sentido absolutamente contrainsurgente, siguiendo los parámetros de la doctrina de Seguridad Nacional que tanto horror causó tras el Golpe del Estado en Chile de 1973.

Frente a las pretensiones oficialistas en el marco de la actual ofensiva neofascista, la ley de usurpaciones debe ser entendida de forma amplia, porque está relacionada con otras normas, como la Ley Nain Retamal que es un tipo de amnistía anticipada para las policías y militares por actos de represión ejercidos en contra la protesta social. A nuestro juicio, es una especie de ‘chipe libre’ a la represión desmedida contra toda manifestación y sin discriminación. Significa, en los hechos, luz verde por parte del Estado para reprimir cualquier movimiento social de protesta.

Por lo tanto, estamos en presencia de un tipo de legislación que apunta en el sentido de la estructuración de un Estado policial y que en Wallmapu implicaría un proceso de ocupación de facto, de características político-militares, y privado-empresarial para la dominación y opresión de nuestro pueblo.

A lo que se suma la creación de un artilugio ideológico, que es la ficción de la flagrancia permanente y cuya determinación puede dar origen a la acción de represión policial sin mediar denuncia requerida, ya sea por parte del “actual propietario” del bien, y por no estar bajo la tutela jurisdiccional de algún tribunal. En rigor, esto constituye un absurdo, desde su inicio, ya que ni policía menos los militares se encuentran calificados técnicamente para determinar si una ocupación en los hechos es una usurpación o no.

Esto tiene solo una explicación, los intereses de los grandes propietarios de tierras, como es el caso en el territorio ancestral Mapuche con las forestales, y lo mismo sucedería con las grandes corporaciones inmobiliarias en torno a las ciudades donde se pretende proteger, a como dé lugar, la especulación financiera y técnicas del mercadeo del suelo urbano, que solo favorece a los poderosos.

Actualmente, en la coyuntura política, una parte de la norma ha sido objeto del ‘veto presidencial’, porque el gobierno de Boric no puede aparecer tan subordinado a la oligarquía, pero aún no se definen bien los alcances de esta ley maldita en la tramitación legislativa en el parlamento chileno. Esto porque, en estricto rigor, para la clase política en el poder abordar la creación jurídica de la “legítima defensa privilegiada”, significa, en los hechos, legitimar la externalización de la represión. Se debe considerar, además, que esta ley permite habilitar la dictación de nuevas normas que van en el mismo sentido, legislar sobre conductas que ni siquiera se encuentran aún bien descritas en la ley.

En definitiva, se crean las condiciones para la instalación definitiva de un régimen de ocupación militar en el Wallmapu, al tratarse de normas que tienen como referente y modelo a las normas del Derecho Penal que ha implementado el Estado Sionista de Israel, que en la actualidad ha llevado a un Estado en guerra permanente basado en la ocupación , lo que ha traido actos de genocidio por el sionismo y digna resistencia del heroico pueblo palestino.

Son normas de un Estado autoritario, de un régimen de ocupación que impone medidas de apartheid, que es precisamente lo que se quiere construir en Chile en contra de nuestro pueblo o de nuestras organizaciones y que consideramos, por lo tanto, como un acto más en la declaración de guerra de la que somos objeto por parte del Estado chileno. No se puede más que decir, que la derecha fascista y sus aliados progresistas, paulatinamente viene imponiendo normas y leyes que apuntan a legitimar la criminalización de la protesta social mapuche, a la instalación de facto de un régimen de ocupación militar en nuestro Wallmapu histórico.

Al respecto, debemos agregar que la legalización de grupos paramilitares ha tenido desastrosas consecuencias para otras sociedades, como ha quedado demostrado en Centroamérica y Colombia, así como en Asia y África, en donde la formación de estos grupos, lejos de ayudar a poner fin a los conflictos, han significado el recrudecimiento de acciones militares que tienen como objetivo y víctimas al pueblo pobre, al campesinado y a los pueblos originarios. Miles de campesinos e indígenas han muerto bajo este tipo de represión privada, bajo este concepto de ‘seguridad’.

Por último, podemos afirmar que la ley de usurpaciones y sus normas tienen nombre y apellido, y deben ser consideradas a todo nivel y denunciadas en el concierto internacional como una medida de naturaleza racista, que representa y retrata claramente al Estado chileno de tipo capitalista y colonial. Y es, en este sentido, que se debe comprender por qué este gobierno ha permitido la militarización íntegramente, reflejada con una ocupación militar de facto, no solo haciendo referencia al Estado de Excepción permanente, que ha significado tener a los militares desplegados por todo el Wallmapu, sino también a todas las acciones racistas y de intolerancia política por parte de las actuales “autoridades” que han desarrollado abiertamente la represión y la persecución al movimiento mapuche autonomista y en resistencia.

Frente a la ocupación racista y colonial ..viva el derecho a la rebelion !!
Amulepe taiñ weichan !!