El 21 de junio del presente año 2023 se dio a conocer por parte del presidente Boric la conformación de la “comisión para la paz y entendimiento”, ello como parte de su programa de gobierno y relevada como una política de Estado de alto nivel y compromiso sociopolítico dentro del complejo contexto de las relaciones con la sociedad mapuche (relaciones por todos conocidas como de alto nivel de tensión a lo largo de toda la historia republicana desde que se instaló el Estado chileno y su andamiaje político, administrativo, judicial y económico en territorio Mapuche hace 140 años atrás) que busca dar respuesta o al menos acercarse a dar respuesta a una de las problemáticas más relevantes de los últimos tiempos, derivado de lo que la prensa chilena denominó “el conflicto Mapuche”.

La creación de “una comisión más” generó de inmediato una serie de dudas y cuestionamientos respecto de la verdadera capacidad de resolución, amplitud de miradas, de criterios y alcances que esta tendría, además de la representatividad y la legitimidad ante la sociedad Mapuche, de dicha comisión.

La iniciativa de buscar caminos concretos de acuerdos entre el Estado, impulsado por el gobierno de turno, entre los diversos sectores involucrados en la sociedad actual de la denominada macrozona sur y la sociedad Mapuche y sus diversas expresiones, en principio pudo ser reconocido como una iniciativa valorable, si se ponía el acento en el reconocimiento de la sistemática vulneración de derechos a que fue sometido el pueblo Mapuche desde que el Estado se instaló en el Wallmapu o incluso desde que el país se organizó como Estado o al menos desde que se firmó el tratado de Tapihue. Esta vulneración de derechos, largamente documentada tiene como actor principal e histórico al Estado chileno y como corolario de ello, principalmente el asesinato a sangre fría de miles de Mapuche y el robo y pérdida de la mayor parte de la superficie de su territorio (alrededor de 10 millones de hectáreas) sobre el que posteriormente se constituyó la propiedad “legal chilena” y que fue distribuída entre conocidos militares que participaron en las campañas de exterminio, y asignada a colonos extranjeros a través de agencias de colonización y a chilenos a través de programas de gobierno o derechamente usurpadas de forma violenta sobre terrenos que ya habían sido reconocidos como indígenas por parte del Estado, donde el poder judicial a través de sus agentes jugó un papel importante en los procesos litigiosos avalando la usurpación de la pequeña propiedad Mapuche.

Ante este escenario para un sector del pueblo Mapuche, parecía ser una vía interesante (pero no la única) que se pretendiera abordar desde una perspectiva amplia, transversal, representativa, democrática y con capacidad de resolución, una instancia que entregara un producto legitimado por gran parte de la sociedad, en pos de restablecer el territorio Mapuche y que fuera mucho más allá de las políticas estatales de devolución contenidos en los mecanismos establecidos a través de Conadi, (que de paso ya todos saben que son mecanismos absolutamente insuficientes), y que significara la construcción de acuerdos en pos de afianzar el entendimiento entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.

Esta iniciativa si se abordaba con criterio de política de Estado, basado en la devolución de territorio en una planificación seria con los actores competentes y legitimados, con metas y plazos racionales, pertinentes y adecuados, pudo sin duda haber sido una gran política de Estado, pero a poco andar ha demostrado que efectivamente, parece ser una comisión más, sin nada diferente a otras que le han antecedido y que peor aún parece venir ideada de gente que poco o nada entienden de las raíces que originan las relaciones de tensión entre el Estado y el pueblo Mapuche, y que tampoco conocen de las innumerables ramificaciones y matices que cruzan estas relaciones de tensión y conflictividad denominado para los chilenos “conflicto Mapuche” y para la sociedad Mapuche denominado “conflicto chileno”.

Como primer punto que encendió las alarmas de desconfianza innegablemente hay que mencionar por una parte, al criterio de selección de los integrantes y por otra a los integrantes mismos que componen dicha comisión, y sin caer en argumentaciones peyorativas o descalificativas, es razonable entender a quienes se han levantado como críticos de las personas nombradas en la comisión, ya que ante cualquier análisis, se hace evidente que el criterio principal reflejado en la comisión es una representación forzada de ciertos sectores políticos del espectro social chileno, mas no de los principales actores del objeto-causa interesado en el tema, cual es el pueblo Mapuche.

Como siguiente punto cabe preguntarse cuál será el alcance de lo que se entiende por tierras Mapuche y si se considerarán las tierras que los Mapuche históricamente han demandado; las denominadas tierras ancestrales, si no es así, quedan muchas dudas respecto de la validación del trabajo de la comisión y lo que reviste un riesgo mayor es que con esta comisión se pretende poner punto final a la demanda de recuperación territorial, pero si no se consideran las tierras ancestrales, no cabe duda de que el tema se pone más complejo aún, considerando que no serán los propios Mapuche quien determine ello, sino una comisión sin ninguna legitimidad.

En relación al primer punto, es evidente que lo que se refleja en la elección de los integrantes de dicha comisión es un cuoteo político, un acuerdo entre cúpulas que a esta altura ya nadie lo pone en duda, y que lejos de representar un criterio amplio, transversal, democrático, representativo y de carácter profesional en materia de movimientos sociales, en materia de derecho, historia, cultura, o del movimiento Mapuche, representa más bien intereses políticos de ciertos grupos que actúan en la región, donde lo que sí es claro, es que quien está bien representado es un sector que ha sido por largos años parte importante de la causa del conflicto, sectores de derecha a través de los representantes que allí están, (Aravena, Naveillán), ese sector de la élite político terrateniente que está asentada en territorio Mapuche y que hoy tiene representación en organizaciones gremiales y agrícolas y también en la política nacional; ellos son los principales representados en la comisión.

Por otro lado algunas personas de apellido Mapuche, desconocidos algunos y conocidos otros, pero no por ser parte del movimiento Mapuche o conocedores de ello, sino por ser parte de partidos políticos chilenos tradicionales (muy cuestionados algunos como la DC y PS o de derecha) que poco conocen de las dinámicas territoriales de defensa, y recuperación del territorio Mapuche y que no cuentan con ninguna validación dentro de ese mismo movimiento transversal que ha puesto en la opinión pública las demandas de derechos políticos colectivos y territoriales por al menos los últimos 50 años de historia de resistencias de la nación Mapuche.

Los representantes de origen Mapuche de la comisión están allí por méritos políticos, (al menos los conocidos, “Huenchumilla, Millabur, y últimamente Nuyado”; los otros quizás por cuotas simplemente;) pero, no porque conozcan el tema Mapuche, no porque tengan arraigo en comunidades Mapuche, ni menos porque entiendan la dinámica actual de la demanda sociopolítica y territorial de los diversos territorios y orgánicas que actúan como agentes catalizadores de dichas demandas, sino porque se han destacado dentro de sus partidos o movimientos políticos chilenos o han participado activamente dentro de esa política chilena.

Evidente entonces, es que haya decepción mayoritaria respecto de la comisión formada, por el gobierno a través de los señores Arellano y Ramos, de los cuales, el último funge como secretario ejecutivo de dicha comisión. Decepción porque si hubiese sido inspirada en un criterio amplio, democrático, representativo en lo social, técnico o profesional, sin duda se habría convocado al menos a representantes de territorios Mapuche, que llevan años de lucha por la defensa de sus derechos, pudiendo haberse considerado incluso a actores sociales legitimados del acontecer sociopolítico chileno como por ejemplo algún historiador que conozca de la historia del despojo del territorio Mapuche o algún representante progresista del área judicial, o académico por decir algo respecto de la elección de los comisionados, que le hubiesen dado al menos, una perspectiva más amplia y transversal a la comisión.

Lamentablemente en la comisión formada no se ve nada de eso, todo lo contrario, lejos de aquello, lo único que se refleja es nada más un cuoteo para dejar conforme a los actores políticos que tienen sus intereses en la denominada macrozona sur y refleja por cierto, acuerdos de alto nivel que dejen conforme a las cúpulas políticas para asegurar algo de gobernanza en la región y no dejar un flanco más por donde la oposición al actual gobierno siga socavando o boicoteando la implementación de dicha propuesta y otras políticas públicas, en materias tan sensibles como el denominado “conflicto Mapuche” y asegurar de paso, que lo que queda de tiempo del presente gobierno no se enfrente en esta materia a la obstaculización de la oposición, la que a su vez se asegura de tener representantes en ella y aprovechar de alguna manera la hoja de ruta ahora iniciada y proyectarla en el próximo periodo, ya que lo más probable es que ellos sean gobierno el próximo periodo y tendrán de esta manera insumos avanzados en dicha comisión. Lo que se devela con esta propuesta de integrantes es la misma estrategia de siempre de considerar eternamente a la sociedad Mapuche como objeto de tutela estatal que necesitan ser guiados por cuanto “no tienen la madurez” para representarse solos.

Si se pensó desde los cerebros que idearon esta comisión que el orden de los factores no alteraba el producto se equivocan por la razón antes señalada, ya que si se pensó que nombrando a estos personajes y después convocar a actores de la sociedad Mapuche les resultaría fácil, probablemente choquen con el mismo rechazo con el que se chocó cuando a un mes de asumido el gobierno se aventuraron sin ningún análisis certero ni ninguna lectura previa a enviar a la ex ministra Siches a Temucuicui; en este sentido se les avizora otro estrepitoso fracaso, al menos con los sectores Mapuche que verdaderamente marcan la agenda en materia de control y restitución territorial si no se enmienda la estrategia; esto asumiendo que se tiene pensado en algún momento convocarlos, porque de lo contrario carece absolutamente de sentido el objeto de la comisión considerando que aparte del tema territorio que ya en sí mismo es complejo, (especialmente los territorios ancestrales) hay otros temas que necesariamente se tienen que abordar, como por ejemplo, la situación de los presos políticos Mapuche y estos los han “aportado” justamente los territorios que están en la vía de la recuperación territorial directa.

Ante este escenario una vez más queda de manifiesto que poco se puede esperar de una iniciativa estatal de esta naturaleza y que probablemente quedará en el recuerdo como el intento de una comisión más, pero sobre todo refleja la necesidad urgente del pueblo Mapuche de tomar la iniciativa en esas materias y no estar esperando que sean las políticas públicas estatales las que se hagan cargo de abordar temas tan complejos como la restitución territorial, considerando que el mismo pueblo Mapuche y los representantes de sus diversos territorios saben mejor que nadie cuales son las tierras que les pertenecieron y que hoy están en manos de forestales, empresarios agrícolas o inversiones capitalistas de diversa índole.

En este punto, interesante y necesario sería avanzar sobre un acuerdo colectivo autónomo entre los diversos territorios y orgánicas por sistematizar de modo propio un catastro (ya sea a través de una comisión técnica propia o la forma que ellos estimen pertinente) de la demanda territorial y presentarla no solo al Estado chileno, sino que además a los organismos internacionales de derecho, como parte de una hoja de ruta en torno a la cual cualquier gobierno que asuma deba considerar, por cuanto cuenta con la legitimidad que proviene del ejercicio del derecho propio que emana de una condición de pueblo preexistente y anterior a la creación del mismo Estado chileno y amparada en numerosos instrumentos de derecho internacional, algunos de los cuales han sido suscritos por el Estado de chile.

Como fundamento de ello, interesante sería que la letra de la norma del derecho internacional (C.169 OIT; declaración de derechos de los pueblos indígenas) sea interpretado por los equipos jurídicos Mapuche al alero del derecho propio y no como ha sido interpretado hasta ahora por los equipos jurídicos chilenos de manera interesada, restrictiva y engañosa, faltando a los principios de buena fe, vulnerando el espíritu de dichas normas con la finalidad de restringir su aplicabilidad en territorio nacional.

Es un desafío más que pudiera ser abordado y digno al menos de explorar como una posibilidad por parte de la sociedad Mapuche.

Gunezuamtuafiyiiñ.

Julio 2023.