A juicio de vocerías de organizaciones de Chiloé y la Patagonia Austral, a diferencia de las campañas que vienen instalando las empresas, aquí no hay una batalla de trabajadores vs ambientalistas.

Intereses empresariales y fuentes de trabajo

Un hecho de enorme preocupación para organizaciones sociales y ambientales del sur de Chile, es la utilización que se viene haciendo de los derechos de los trabajadores salmoneros en el marco de conflictos empresariales de esta industria. 

Un punto de inflexión vivido, luego de más de una década de tramitación legislativa, en su fase final de discusión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), fue la inesperada reacción del sector industrial salmonero, que generó movilizaciones de sus trabajadores, lo que a juicio de organizaciones, fueron realizadas en el marco de una campaña de desinformación impulsada por los propios empresarios y que habría tenido como propósito desviar la atención sobre asuntos de fondo.

El debate en mayo de este 2023 de la Ley SBAP, estuvo centrado en la propuesta que buscaba terminar con el otorgamiento futuro de concesiones en áreas protegidas, debido a la amenaza que puede significar el desarrollo de cierto tipo de actividades extractivas y de alto impacto en la biodiversidad, lo que desencadenó en manifestaciones por parte de trabajadores salmoneros, bajo una campaña iniciada por las empresas, señalándose que dichas medidas generaría un masivo desempleo, la salida de áreas protegidas y que la mayoría de las concesiones estarían ubicadas en estos espacios.

Sin embargo, el proyecto de ley no era de efecto retroactivo por lo tanto no tocaba las casi 420 concesiones salmoneras en áreas protegidas y a juicio de especialistas, estas no representan una mayoría, sino, solamente el 29 % del total de las concesiones totales, hecho que habría demostrado la intención de esta industria de seguir expandiéndose sin regulación en áreas protegidas.

Previo a esto, en la zona patagónica austral, sectores políticos – empresariales habían puesto con alarmismo en el tapete público que, los procedimientos sancionatorios de los organismos públicos competentes ante irregularidades y delitos de la empresa en centros de producción, podría generar una masiva cesantía exigiéndose al ejecutivo que resuelva en medio de una fuerte campaña frente a procedimientos ambientales en tres centros de producción de unos 31 que tendría la empresa transnacional Nova Austral.

Organizaciones y la defensa de los derechos de los trabajadores salmoneros

Para Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento “Defendamos Chiloé”, frente a estos hechos, señaló: “El comportamiento de las empresas en el marco de la discusión de la Ley SBAP, con respecto a sus trabajadores, no fue el adecuado. Lo que todos esperamos es que haya diálogo y argumento de todas las partes involucradas, cosa que no hubo”.

También indicó: “Las organizaciones ambientales locales sabemos que las salmoneras dan empleo importante, tenemos amistades o familiares trabajando allí, por eso defendamos también que reciban un mejor trato, mejores condiciones y mejores sueldos (…) Organizaciones como la nuestra defienden a los trabajadores y trabajadoras, queremos lo mejor para ellos y respetamos su fuente laboral, por eso nunca hemos dicho que se cierren o se vayan las salmoneras”, aseveró.

También indicó: “Lo que nosotros decidimos, es que es el Estado de Chile es quien debe resolver esto, del daño ambiental de la industria y también, que los propietarios de las empresas, del capital, de los bonos, deben reconocer sus impactos negativos en lo socioambiental, en lo cultural, en lo climático y corregirlos al máximo”.

Viveros también recalcó: “Aquí no hay una batalla trabajadores Vs. ambientalistas. Aquí hay un Estado ausente y cuando el Estado se ausenta y deja todo en manos del mercado, sin control ni regulación, ocurre lo que estamos viendo”.

Por su parte, Alejandro Núñez de la Fundación Ciudadanos y Clima, desde Porvenir en el extremo austral, frente a las movilizaciones de los trabajadores impulsados por las empresas cuando se pretende exigir asuntos que involucra directamente los intereses de la gran industria y se pone a los trabajadores en una primera línea, indicó: “Cuando vemos estas marchas, estos temas de protesta, lo que uno ve, es que se hacen caravanas con los mismos trabajadores, con sus familias. Me imagino que también de alguna manera protegen su trabajo, pero lo que nos ha enseñado el tema de las empresas, que, estas, son las que cometen delitos ambientales y son los que tienen la responsabilidad”.

También señaló: “Son los ejecutivos de las empresas los responsables y vemos, asimismo, cómo los trabajadores, que en un momento están en contra de las personas que queremos cuidar el ambiente, el territorio, después terminan juntos demandando a la empresa para poder recuperar parte de sus empleos, de sus fondos, de su trabajo”.

Industria salmonera y campañas por desviar la atención

La directora de Terram, Flavia Liberona, ha afirmado en sus columnas, que la industria salmonera “ha intentado desviar la atención de sus reiterados incumplimientos ambientales”, indicando: “De esta manera, es la propia industria salmonera la que cada cierto tiempo se encarga de recordarnos que su modelo de producción es incompatible con la protección de la naturaleza, y que cuando se trata de obtener beneficios económicos a través de la sobreproducción, las sanciones que aplican los organismos competentes parecen no inhibirla de vulnerar la ley. A esto se suma que un modelo basado en la sobreproducción, no solo daña los ecosistemas en que se emplaza, sino también está atentando contra la misma industria”. 

Liberona también recalca. “En este sentido, parece necesario recordar la crisis del virus ISA del año 2008, donde la industria por sus malas prácticas vivió un tremendo colapso y despidió sin miramientos a cientos o miles de trabajadores. Algunos años después de esta crisis hemos visto como cada cierto tiempo los florecimientos algales nocivos (FAN) provocan severos impactos ambientales, ya sea dentro o fuera de áreas protegidas”.

Para la directora de Terram, tras años de observar el comportamiento de la industria salmonera, “queda en evidencia que a esta solo le importa producir y generar ganancias para las empresas del sector, en gran parte, capitales extranjeros, sin que tengan la más mínima consideración con el medio ambiente y, probablemente, tampoco con las personas que habitan en estos territorios”.

Por Territorios Comunicaciones.