El artículo 158 y transitorio no pudieron ser modificados, lo que permitirá nuevas concesiones acuícolas en áreas protegidas, siendo despachado así el proyecto al senado para que continúe su tramitación. Las actuales concesiones salmoneras (411) no se verán afectadas, siendo falsa la pérdida de empleos, cuestión expresada por las empresas a sus trabajadores.

Al respecto, Declaración Pública de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL)  sobre apoyo a Ley SBAP y conflicto artificial creado por sectores políticos empresariales.

Declaración pública de la Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL)

El Servicio Nacional de Biodiversidad y Área Protegidas (SBAP) de Chile, es la piedra final para completar una institucionalidad ambiental que proteja adecuadamente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de nuestro país. Aun en formato de proyecto de ley, el SBAP lleva más de una década en el congreso nacional, y se espera que su aprobación ayude a unificar todas las competencias estatales en conservación de la biodiversidad que se encuentran desagregadas en ministerios y servicios distintos.

Como Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), nos preocupa que algunos sectores productivos del país tergiversen la información acerca del impacto de la aprobación de esta ley sobre el empleo y la economía. En específico nos referimos a la campaña de desinformación, en la que algunas empresas salmonicultoras y parlamentarios llamaron a una protesta argumentando que con la aprobación de la ley SBAP, cerrarían las concesiones actuales.

Lo anterior es una campaña infundada, ya que ha quedado establecido y ha sido reiterado, que las 426 concesiones que actualmente están otorgadas para el cultivo de salmones pueden seguir operando, por lo tanto, no es una amenaza contra el empleo actual. La propuesta de ley intenta equilibrar los puestos de trabajo actuales y las condiciones ambientales de futuro, promoviendo formas más sustentables de producción.

Otro punto de gran preocupación es la ridiculización y tergiversación de la información liderada por el Senador PS, Fidel Espinoza, al insinuar que la acuicultura en Chile se reduce a la producción de salmónidos, sugiriendo sarcásticamente la posibilidad de producir “merluza o congrio”, desconociendo que después del salmón, Chile es el primer exportador mundial de mitílidos (mejillones y sus derivados), con 99.000 toneladas anuales en 2021.

A eso se debe agregar la producción de algas, ostras, mejillones y ostiones, los que surten el mercado nacional e internacional. Los servidores públicos tienen el deber de estar informados y la responsabilidad de no engañar a la población con enunciados que desconocen la realidad.

La acuicultura en Chile es una industria que no se restringe a la producción de salmones, y la aprobación de esta ley promoverá que el desarrollo económico tenga mejores condiciones ambientales donde operar, resguardando el mantenimiento de recursos para generaciones futuras y condiciones para su adaptación al cambio climático.

Este lunes 29 de mayo se votó el artículo 158 y un transitorio que se refieren a las concesiones de salmonicultura y al cultivo de otras especies exóticas dentro de las áreas protegidas que pretende conservar SBAP.

El artículo en sí dice: “Art. 158. Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura…” Además, el artículo transitorio contempla que dicho artículo «…no afectará a aquellas concesiones de acuicultura otorgadas con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la presente ley, manteniendo éstas su vigencia conforme las normas sectoriales.” Esto último indica que las 426 concesiones que ya están dentro de áreas protegidas del estado no se verán afectadas.

El pasado viernes, ad portas de la votación en comisión mixta del congreso, la empresa salmonicultora Nova Austral registró un nuevo evento de derrame de Petróleo en el Parque Nacional Alberto d’Agostini, lo que demuestra que la regulación de las actividades productivas es pertinente y completamente necesaria. Dado lo explícito tanto del artículo 158 y como de su transitorio, desde SOCECOL creemos que las empresas salmoneras debieran concentrarse en apoyar el SBAP, hacer una autocrítica a su propia gestión y no crear un conflicto artificial, el cual no posee sustento jurídico y daña la economía del país.

Como sociedad científica, avalamos la aprobación del art. 158 y su transitorio por parte de la comisión mixta del congreso, y rechazamos la diseminación de información que no se sustenta en evidencia en contra de la aprobación de SBAP.

Directiva de SOCECOL

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Las 411 concesiones de la industria salmonera en áreas protegidas que no son tocadas por el proyecto de ley Sbap

Fuentes: Fundación Terram / Revista Ecociencia

El contexto es claro, en Chile, más de la mitad de los ecosistemas se encuentran amenazados y el 62% de las especies corre con la misma suerte. Esta situación es la que busca hacerse cargo el proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se encuentra en su última etapa legislativa en el Congreso Nacional. Este proyecto demoró más de 13 años en ser tramitado en el Congreso, y el miércoles 26 de abril, fue aprobado en su tercera tramitación y por unanimidad en el Senado con 33 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Sin embargo, no ha estado exento de controversias.

«Crear una institucionalidad nueva siempre es complicado», señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas en CNN.

Lo que antes hacían 5 ministerios, ahora recaerá en la creación de un servicio avocado a esta tarea.

• el Ministerio de Agricultura administra áreas protegidas a través de Conaf.
• el Ministerio de Economía administra los parques y reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca.
• el Ministerio de las Culturas gestiona los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales.
• el Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes nacionales protegidos.
• El Ministerio del Medio Ambiente administra las áreas marinas costero-protegidas de múltiples usos, custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema.

El proyecto ha sido criticado tanto desde los sectores de la salmonicultura y minería, como desde las organizaciones de la sociedad civil y ambientales, porque el SBAP permitirá la creación de un organismo único para el cuidado de las áreas protegidas y la biodiversidad del país, pero 411 centros de cultivo de salmón que se encuentran en áreas protegidas, permanecerán vigentes, porque la ley, no actuará de forma retroactiva.

La Fundación Terram, señaló datos reveladores, actualmente existen un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes.

El temor para los sectores industriales, radica en que esto limitaría el desarrollo de las actividades económicas, como la salmonicultura en el sur de Chile. Sin embargo, el texto propuesto por el Gobierno plantea que no se otorgarán nuevas concesiones dentro de las áreas protegidas, lo que no afectaría las concesiones vigentes ni los puestos de trabajo existentes, ya que tampoco es una ley retroactiva.

La dirigencia sindical de la industria salmonera en Puerto Montt, declararon en una carta pública “Somos representantes de emprendedores, comerciantes, transportistas y gente de trabajo que, en las últimas décadas, hemos contribuido al desarrollo del sur de Chile de la mano de la industria del salmón. Entre todos formamos la cadena de valor de esta actividad, que actualmente es fuente laboral de más de 70 mil familias. El proyecto de ley SBAP desconoce la relevancia estratégica y la vinculación directa que tiene la salmonicultura con otras actividades en las seis regiones donde se desarrolla”, expresaron.

Para atender este temor, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas enfatizó mediante su cuenta de Twitter, que “el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como país hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales”.

Es por lo anterior, que las organizaciones medioambientales, manifestaron su descontento y preocupación al respecto de las concesiones vigentes de salmonicultura en áreas protegidas. El día lunes 22 de mayo, cuando la Comisión Mixta suspendió la sesión, más de 120 organizaciones y representantes de la sociedad civil firmaron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, expresando su desaprobación.

Ante los antecedentes de los últimos años y de las últimas semanas sobre cómo operan las salmoneras y su impacto ambiental e inclusive en la seguridad laboral de los operarios de los centros, se advierte el temor ante la posibilidad de permitir actividades económicas que puedan dañar la biodiversidad en áreas protegidas. El principal argumento es que la protección adecuada de los espacios naturales no debe admitir actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación.

Por otro lado, desde Fundación Terram, el abogado Felipe Perillán Caviedes, señala que “un tema clave a tratar, es la preocupante inclusión de una categoría de concesiones, denominadas sectoriales, al interior de las áreas protegidas, pues esto podría comprometer la integridad de estos espacios y permitir la instalación de actividades económicas nocivas que amenacen la biodiversidad. Una adecuada protección de los espacios naturales no puede admitir el desarrollo de actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación”.

En la misma línea, el economista de Fundación Terram, Cristopher Toledo dice que “el texto del Gobierno propone que no se otorguen nuevas concesiones al interior de áreas protegidas, por lo cual no se afectará ninguna concesión hoy vigente y, por ende, no se pone en riesgo ningún puesto de trabajo, como han anunciado de manera irresponsable algunos representantes de la industria”, afirmó.

Ante una inminente prohibición de la salmonicultura, la minería o de cualquier otra actividad industrial dentro de las áreas protegidas, será un requisito mínimo en el contexto actual de crisis climática. El deterioro de estos ecosistemas naturales de alto valor tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las personas y en las proyecciones de vida de la especie humana en el planeta.