Como un «error a enmendar», ha calificado el gobierno a través de la ministra del Interior Carolina Toha, la decisión de la jueza Viviana García Utreras para que se revele únicamente a la Defensoría Pública Mapuche identidad de los denominados testigos sin rostro presentados por el ministerio público. En tanto el fiscal nacional Ángel Valencia indicó que «no se ajusta a derecho».

La práctica del uso de testigos protegidos ha sido ampliamente rechazada en materia investigativa y de Derechos Humanos, puesto que erosiona la credibilidad de los testimonios utilizados como prueba para establecer abultadas condenas bajo la también cuestionada ley 18.314 o conocida como ley antiterrorista. Siendo esto último lo que especialmente cuestionó el abogado Humberto Serri el pasado martes 18 de abril en audiencia preparatoria de juicio oral contra Héctor LLaitul, dentro de los errores de vicios formales no conocer quienes prestan declaraciones podría generar dudas sobre la animosidad de les testimonios presentados como pruebas, expresó el defensor a las afueras del tribunal.

A su vez la abogada especialista en Derechos Humanos Karina Riquelme opinó que «Informar las identidades de quienes entregan información para culpar a alguien de un delito, es un tema bastante zanjado en materia de debido proceso penal. Quien sea que fuere acusado de un delito, cualquiera que fuera, tiene el derecho a saber quién lo acusa y de esta manera, poder dilucidar si esa persona o esos testigos tienen algún tipo de interés para declarar en su contra.»

A raíz de lo ocurrido en esta audiencia, es que en medios oficialistas se han manifestado distintas reacciones y acciones, que van desde la ministra del Interior hasta representantes de la multigremial de La Araucanía, como también el fiscal regional Roberto Garrido quien ha anunciado un recurso de protección a favor de los testigos protegidos por encontrarse en peligro su integridad física y psíquica, además de verse afectada la disponibilidad de estos.

En tanto el poder ejecutivo, ejerciendo una clara presión sobre el poder judicial, específicamente la ministra del Interior Carolina Toha otorgó valiosos minutos televisivos para referirse a la decisión del juzgado de garantía de Temuco como «un error que debe enmendarse», enfatizando que su equipo jurídico, que actúa como querellante en este caso, realizarían las acciones necesarias para revertir lo ocurrido.

A su vez el fiscal nacional Ángel Valencia, de visita en la novena región, declaró enérgicamente y muy agitado a las cámaras que la decisión de la jueza «no se ajusta a derecho», y que recurrirían a todas las instancias legales para seguir manteniendo la reserva de identidad en los testigos.

En otras hilarantes declaraciones el diputado RN Miguel Mellado expresó desde el parlamento que la jueza García Utreras había sentenciado a muerte a los testigos y que el Estado ahora debería moverlos de lugar o ciudad debido a la inseguridad en la que se encontrarían de cumplirse lo estipulado.

La Multigremial de La Araucanía, en la misma línea de presión, manifestó que de esta manera se entregaba más impunidad a los delincuentes, minimizando así la historia y reivindicación que representa la lucha Mapuche frente a la ocupación y explotación de las tierras, y que en un importante porcentaje está representada por esta organización gremial, quienes denuncian ya que se ven afectados en su producción y ganancias, donde las recuperaciones de fundos y el control territorial son prácticas a criminalizar.

Así Karina Riquelme refuta lo anterior al aclarar que «Es un derecho básico y no atenta contra la seguridad de los testigos el dar su identidad, pues esa identidad puede seguir siendo resguardada mediante otros medios entregados también por la ley. Así, se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso y se protege a los testigos, logrando un equilibrio justo en el procedimiento penal.»

Se suspende la entrega de identidad de los testigos sin rostro

Finalmente la Corte Suprema ha decidido acoger este jueves 20 de abril la petición del fiscal regional Roberto Garrido de no innovar en la entrega de las identidades en el plazo de 72 horas establecido por la jueza, esto hasta que se resuelva el recurso de protección que ha presentado, ad portas que se retome la audiencia preparatoria de juicio oral este viernes 21 de abril desde las 09 am en juzgado de garantía de Temuco. Por lo tanto la defensa no contará con las identidades y no conocerá la intencionalidad detrás de los testimonios presentados como prueba por el ministerio público, atentando de esta manera a los derechos del imputado Hector Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.

En relación a las presiones que ha sufrido la jueza Viviana García Utreras , Karina Riquelme ha expresado su preocupación «Me parece muy peligroso sí, que nuevamente el ejecutivo entregue declaraciones interviniendo en la decisión de un poder independiente como es el Poder Judicial. Esto referente a las declaraciones de Carolina Toha. Y que además, esas declaraciones vayan en contra de procurar observar el debido proceso, al igual que lo realizan los parlamentarios que critican la decisión judicial de la jueza de Garantía.»

«Todos ellos, parte de la institucionalidad del Estado y la República, que se compone de normas establecidas, deben dar el ejemplo que para la preservación del Estado de Derecho es necesario que los poderes se mantengan en independencia y que además, deben ser el ejemplo de respeto de las mismas normas que componen esa República; dejando de lado posiciones políticas egoístas e individualistas, en especial los parlamentarios que insisten con declaraciones odiosas que no aportan a una convivencia sana, ni menos instan a restaurar confianzas en un territorio que ha sufrido gravemente producto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche«, finalizó Riquelme.