Tras haberse conmemorado dos años del levantamiento popular de octubre de 2019, el sentimiento de impunidad generalizado que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles sigue estando presente, incluso con más fuerza. Entre las miles de víctimas, quienes se dedicaron específicamente a registrar y visibilizar manifestaciones, sufrieron persecuciones, abusos y otros atropellos de forma habitual por parte del personal policial. Cuatro periodistas y comunicadoras sociales decidieron dar sus relatos ante la ausencia de justicia.

Por: Daniela Mansilla, Paula Navarro, Rodrigo Aliaga y Martín Berríos.

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“No recuerdo si fue por radio o por celular, pero le dicen a un carabinero que estaba ahí que no me vaya del lugar. ‘No, si es ella’, dijo él. Ahí en dos segundos pensé ‘cagué’”, relata la periodista Claudia Aranda, quien, luego de ser reconocida, sería esposada, amenazada y golpeada dentro de un vehículo de Carabineros, según denuncia.

De acuerdo con la documentación proveniente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su caso es uno más de los 3.569 ataques a civiles por parte de agentes del Estado, registrados desde el 19 de octubre de 2019 al 23 de mayo de 2021.

De todos estos casos, sólo cuatro han resultado con responsables identificados y condenas efectivas relacionadas con violación a Derechos Humanos. En los demás, la Fiscalía aún investiga.

Las periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la prensa entrevistadas para este reportaje coinciden en opinar que el accionar policial buscó, en general, impedir el registro de las acciones de control del orden público.

Acorde a cifras del Observatorio del Derecho a la Comunicación, sólo entre octubre y diciembre de 2019 se registraron 27 detenciones y 103 agresiones a comunicadores, dos de las cuales terminaron en traumas oculares con pérdida de visión de al menos un ojo.

Muchas de estas operaciones policiales fueron efectuadas por fuera de las normas que establece el propio Protocolo de mantenimiento del orden público durante las manifestaciones de Carabineros.

LA PESADILLA DE REPORTEAR

Claudia Aranda fue abordada por Carabineros en las cercanías del puente Purísima de Santiago, el 19 de marzo de 2021, a eso de las siete de la tarde, cuando se dirigía a cubrir una manifestación.

Al estar portando un escudo, fue retenida y se le realizó un control de identidad. Pese a sus intentos de explicar y mostrar todas sus credenciales, la detuvieron. Según relata, en el procedimiento le torcieron las manos, cayó al suelo entre las risas de los funcionarios y luego fue pateada en el suelo por ellos. Finalmente, le decomisaron sus pertenencias, entre ellas su cámara y su teléfono, y fue bruscamente subida a una patrulla de patente Z4913. Dentro de ella, la periodista, en el suelo y con las piernas hacia arriba, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento.

“Cuando desperté fue por las arcadas, sentí que estaba vomitando. Lo primero que hice fue calmarme, entré en mí. Desperté con dolor y con sensación de ahogarme; asustada porque si vomitaba me podía aspirar el vómito por la posición en que estaba. Lo único que pude ver por los hoyitos del casco de la bicicleta que llevaba es que estaba todo oscuro. Pensé en una fracción de segundos: ‘me van a matar’. Yo sé cómo es el procedimiento, te tienen que dejar en un bus de detenidos. Eran más de las nueve de la noche, si está oscuro es porque es esa hora”, evoca.

Fue llevada al Consultorio 1, Ramón Corvalán Melgarejo. Al abrir la puerta, cayó al suelo, nuevamente entre risas y burlas de Carabineros. Entre empujones fue llevada a constatar lesiones, donde el doctor de turno solicitó derivarla a la ex Posta Central. Lamentablemente, y como consta en su declaración, Aranda no llegó ahí sin antes pasar por la 1º Comisaría de Carabineros, ubicada en el centro de la capital, por órdenes del subteniente a cargo de su detención, Matías Urzúa Herrera.

Ingresó por el estacionamiento de dicho recinto. Al bajarse del carro, Urzúa, delante de otros funcionarios intimida a Aranda diciéndole: “escúchame, periodista culiá (sic), puedes poner las querellas que quieras, a nosotros no nos pasará nada”, según relata ella.

“Ahí tengo un poco de confusión, porque a esa altura empecé a tener miedo. Creo que debe ser la vez que más miedo he tenido. De las veces más terroríficas que pasé fue cuando pensé que me iba a morir ahogada, esta fue la siguiente vez que sentí tanto miedo. Hice una lista de cosas que me dejan mal recordar y estas son las dos que están en mi lista”, confiesa.

Dentro de la comisaría fue insultada y grabada, esto último con la excusa que el fiscal de turno fue quién solicitó dicha acción. Luego de encarar al subteniente por su actuar, fue esposada nuevamente, esta vez a un travesaño que había dentro de las jaulas de detenidos. Tras permanecer un largo rato sin poder sentarse, se le hizo entrega de dos papeles que debía firmar, los cuales establecían que sus derechos fueron respetados durante el procedimiento y que fue notificada del motivo de su detención. Se negó a firmar ambos documentos.

Siendo ya las 12 de la noche, y por orden del fiscal, fue dejada en libertad. La funcionaria a cargo de su salida preguntó por qué no fue derivada a la ex Posta Central como había ordenado el médico. Luego de una discusión con ella, Urzúa determinó llevarla al Instituto Traumatológico, donde sólo se le administraría un antinflamatorio y la dejarían irse a su casa.

Tras constatar sus lesiones en dicho recinto, a eso de las una de la mañana, fue nuevamente derivada a la comisaría donde se le entregaron sus pertenencias. A las dos de la mañana logró ponerse en contacto con Beatriz Contreras, jefa regional Metropolitana del INDH, a quien le contó lo sucedido.

“Al día siguiente, concurrí a constatar lesiones al SAR de Recoleta, siendo dejada en observación por 48 horas por el compromiso de conciencia, además de indicar medicación por las policontusiones y el edema”, dice.

Luego de esta experiencia, a Claudia Aranda se le asignó un tratamiento psiquiátrico urgente en un programa especial del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, donde varias víctimas del contexto del estallido social han sido derivadas. En ese contexto, Claudia decidió salir de Chile y asentarse en Canadá.

“NO HAY DERECHO”

Patricia Torres recuerda que el 24 de octubre fue detenida junto a sus colegas del diario La Estrella de Arica, Estefany Carrasco y Alfredo Sanhueza.

“Llegó una camioneta y una patrulla. La camioneta iba con pacos (sic) de civil y de la patrulla se bajan dos uniformados. El que se acercó estaba muy exaltado. La detención fue muy violenta, especialmente al momento de preguntarnos o decirnos cosas. No querían escuchar ninguna palabra” afirma Patricia Torres.

Si bien, los tres periodistas se encontraban sin salvoconducto al momento de sus detenciones, los uniformados no estuvieron dispuestos a recibir explicaciones. “Nosotros les decíamos: ‘somos periodistas, estamos haciendo un trabajo periodístico’ y, es verdad, hay un toque de queda, pero también está el derecho a la información. Nosotros estábamos realizando nuestro trabajo. Uno de los pacos uniformados nos dice: ‘aquí en este momento hay toque de queda y no hay derecho. Ustedes no, no tienen derecho a nada’. Todos ellos estaban súper armados”, detalla.

En su relato, Torres explica que sus colegas tenían una credencial del Colegio de Periodistas, la cual podía ser usada como salvoconducto como les fue explicado en el medio que trabajaban. Sin embargo, el personal de Carabineros desconoció dicha condición.

“Nos dijeron ‘miren, si no se van ahora con nosotros en la patrulla, se van a ir en esa’ -que es como una perrera. Realmente a mí me entró mucho miedo porque ya habían ocurrido varias cosas en el país que tenían que ver con abusos sexuales hacia mujeres; ya habían pasado casos de desaparición”, comenta la periodista.

Al subir a la patrulla notaron un comportamiento extraño en los funcionarios. De camino a la comisaría donde se dirigían sufrieron un leve impacto en el vehículo, generando confusión y frustración en los carabineros presentes. “Se notaba que estaban en algo raro, era un actuar errático”.

Luego de esta situación fueron dirigidas a la 3º Comisaría de Arica donde las profesionales fueron separadas de su compañero. En ese momento, y a pesar de haber logrado establecer contacto con la representante del Colegio de Periodistas de Arica, Patricia Gálvez, ambas fueron obligadas a desnudarse y agacharse.

“Cuando íbamos a entrar a la celda, llega una paca y nos llama hacia ella para que pasemos a revisión. Yo le pregunté para qué nos iba a hacer pasar. Se negó diciendo que no nos iba a dar ninguna explicación. Estefany pasó primero. Y bueno, también un poco naturalizando la violencia de las instituciones, nosotras desconocíamos en ese momento que el desnudamiento no se debía hacer. Luego pasé yo. Primero me toca la parte del pecho, incluso me revisa también la espalda para ver si tenía algo. Después, me hace quitar la ropa de abajo y agacharme frente a ella”. La funcionaria en cuestión era la cabo segunda de Carabineros, Francisca Estefanía Benavides Vera, como estableció la Justicia.

Tras ello, fueron trasladadas a una celda, donde luego de unos minutos, vieron a otro funcionario apresurándose a la oficina. Con preocupación ordenó la liberación de las periodistas que se encontraban privadas de libertad.

“Se veía urgido, como que él supo que la habían cagado con nosotras, como que no habían cachado la magnitud de lo sucedido, que éramos periodistas”, recordó Torres. En ese momento, Patricia Gálvez se contactó con la comisaría, quien les explicó que se había cometido un error.

Luego de ser puestas en libertad, las periodistas pudieron regresar finalmente a sus casas y descansar, para luego dar paso a un duro ejercicio mental, como explicó Torres, de cuestionar las acciones de Carabineros esa noche, como también de reunir valor para iniciar un proceso judicial en búsqueda de alguna reparación por los daños sufridos.

Víctor Hugo Lagos, jefe regional del INDH en la región de Arica y Parinacota, estuvo al tanto de la situación de Patricia y nos indica que los desnudamientos ilegales que “no eran algo nuevo”.

“Es algo que se practicaba muchas veces, por ejemplo, con los familiares de privados de libertad en las cárceles (…) En octubre del 2019 queda en evidencia porque resulta que nosotros estábamos observando”, agrega.

El procedimiento judicial ha sido lento e incluso ha contado con la ausencia de su victimaria, la cual fue finalmente localizada para tomar su testimonio luego de meses y ser formalizada con una medida cautelar que impide a la funcionaria acercarse a menos de 100 metros de las afectadas. La investigación está por cerrarse, pero en el camino el fiscal general que tomó el caso bajó la calificación jurídica a “apremios ilegítimos contra partículares”, distinta a la ingresada por el INDH de “tortura”.

“Eso le baja la posible condena. Además de eso, la fiscal que lleva la causa quiere bajar aún más la condena a un beneficio de suspensión condicional. Esto permite que si ella mantiene una buena conducta por un año queda con sus antecedentes limpios. Creemos que la condena debe ser acorde a la gravedad del asunto”, lamentó Torres.

En la actualidad, la periodista tuvo una audiencia con la fiscal para explicarle la situación y busca, también, tener una audiencia con el fiscal regional, Elías Gutiérrez, para explicarle la gravedad de bajar este tipo de condenas. “Esto no debería quedar impune”, agregó.

“MAMÁ, ESTO ES HISTÓRICO”

Paulina Acevedo es periodista, forma parte de la Red de Medios de los Pueblos, además de realizar enlaces para una radio en el litoral central y colaborar en investigaciones para TeleSur, entre otras labores. También es vecina del sector donde se ubica la Plaza Baquedano, actual y popularmente llamada Plaza de la Dignidad. La periodista estaba trabajando la noche del 12 de marzo de 2021 cuando escuchó a una de sus vecinas comentar ‘oye, están sacando la estatua de Baquedano’.

De inmediato, decidió cubrir el hecho. En primera instancia salió sin compañía, pero al quedar su ipad sin batería, decide volver a su domicilio donde se le suma su hijo de 20 años, un estudiante de cine que constantemente la había acompañado a situaciones similares, y quién junto a su cámara quiso sumarse a las labores de reporteo. Obtuvieron sus permisos correspondientes para el toque de queda y las credenciales para cubrir el evento.

“Sacaron al famoso caballo con toque de trompetas y todo. Empezó el punto de prensa, pero en un momento una conocida, la Ale Pérez, escuchó a un civil con un militar decir que alguien tocaba la trutruca mientras sonaba la trompeta. El civil le dice ‘ahora sabemos dónde hay que ir a detener’, señalando el departamento desde donde provenía el sonido”, recuerda la periodista.

Mientras se realizaba el punto de prensa, comienza a instalarse un lienzo. Paulina y su hijo se separaron en ese momento. Él empezó a registrar el despliegue del telón y la periodista se quedó cubriendo la conferencia. Ahí es cuando tomaron a una persona detenida. Instintivamente salió del punto de prensa a registrar la detención. Fotografió la patente y el número. A su regreso, notó que su hijo también era llevado detenido por Carabineros.

“Sabiendo que estábamos en una situación súper oficial y que estábamos documentados, sabía que era super ilegal lo que estaba haciendo el funcionario. Me acerqué y le dije al oficial: ‘¿qué es lo que ocurre? Él está conmigo, es parte de mi equipo. Yo estoy acreditada y tengo mis permisos, pero el tipo no me quiso escuchar. De hecho, después Simón me dijo ‘mamá, cuando me tomó yo también traté de explicarle, pero el tipo ni me miraba. Estaba absolutamente enajenado’”.

El joven fue subido al carro policial mientras su madre intentó, sin éxito, entregarle una explicación a los tres efectivos que se interpusieron y lograron bloquear su camino. Es en ese momento cuando escuchó una voz de mujer decir “súbanla”. Cuando se encontró arriba del carro exigió saber el motivo de su detención y la de su hijo, pero los funcionarios desconocieron que ella fuese la de los documentos e ignoraron sus cuestionamientos.

Arriba del vehículo se encontró con Alejandra Pérez activista por el acceso a la salud y convencional constituyente electa en representación del distrito 9. Fueron llevadas a la 19º Comisaría de Carabineros, donde ya había unas veinte personas detenidas en el corralito del patio. Pérez señaló que sufre de arritmia cardíaca producto de un cáncer, así que ambas fueron desplazadas a un lado. El resto de los detenidos eran jóvenes que se encontraban en Bellavista, según recopiló Acevedo.

Sobre la funcionaria que exigió su detención, Paulina la identificó como la teniente Tatiana Domínguez, de la 40º Comisaría de Fuerzas Especiales, ahora denominadas como Unidades de Control del Orden Público (COP) de Lo Espejo.

“Ella hace todo el procedimiento nuestro, a diferencia de los demás detenidos, incluso de Rafael. Solamente las dos mujeres. Me incautaron el teléfono y el iPad, cosa que no pasó ni con mi hijo, ni con Rafael o Alejandra”, recuerda.

Las periodistas pasaron a un segundo control de detención, con el fin de constatar lesiones. A Acevedo le fueron entregados dos documentos: uno aseguraba que a ella le habían sido reconocidos sus derechos y el otro que ella se encontraba al tanto del motivo de su detención. Se negó a firmar ambos, mientras que Pérez accedió a firmarlos.

Fueron llevadas a un policlínico de Las Condes, pese a que se encontraban cercanas a la ex Posta Central y del Hospital Salvador. El procedimiento duró hasta las siete de la mañana y fueron devueltas a la comisaría en Miguel Claro. Cerca de las nueve de la mañana comenzaron a llegar sus abogadas y personal del INDH, quienes fueron notificados que la detención de Acevedo se encontraba bajo la figura de obstrucción a la detención e infracción al código sanitario.

Al llegar a Gendarmería, tras un paseo de dos horas, le informaron que su detención fue por desórdenes públicos y maltrato de obras a Carabineros, contrario a lo que le notificaron a su abogada.

En la audiencia llegaron a un acuerdo de sobreseimiento, pese a la insistencia de Acevedo de decretar su detención como ilegal, para así también dejar inutilizados los métodos de pruebas con los que Carabineros contó en dicho encauzamiento, en caso de que decidiera tomar alguna acción judicial. Fueron liberadas cerca de las 7 de la tarde, luego de más de 16 horas de su detención.

La periodista asegura que su detención fue por la acción de la teniente Domínguez. “Ella estaba a cargo, no solamente es la que ordenó nuestra detención, ella es la oficial mayor de todos los procedimientos que se hicieron ese día en la plaza. El personal de la comisaría 19º era quien hacía la retención, pero quien ordenaba todo y quien tenía el procedimiento a cargo era ella”.

Acevedo buscó defensa legal en la abogada Karinna Fernández, quien desde la organización Londres 38 se ha encargado de tomar casos de esta naturaleza. Los delitos que la periodista le imputa a Carabineros son vejámenes, vulneración de derechos, falsificación de instrumento público y violencia estatal de género.

“Cuando se es mujer, la violencia es otra; hay violencia, pero es distinta. Tiene que ver con el maltrato social. Es esa cosa de ‘qué se están metiendo las mujeres en el hueveo (sic)’ y el hombre es al choque, con fuerza. En nuestro caso es como distinto, es como ‘córrete de aquí’. Cuando he ido a ayudar a chicos detenidos esa es la agresión que se me ha dado. Ya estoy acostumbrada, nunca he ofendido o agredido físicamente, porque sé que esa es mi forma de mantenerse por sobre ellos”, dijo.

Actualmente su querella fue declarada admisible. Se le han tomado declaraciones, donde Alejandra Pérez y su hijo son testigos. En sus palabras, la situación más grave es la de falsificación de instrumento público, la cual se da cuando Carabineros le imputa cargos distintos a los que le fueron informados a su abogada y al personal del INDH.

“La falsificación de instrumentos es un delito y cuando lo hace Carabineros, que son ministros de fe, es tremendo. Finalmente, el parte de detención no lo hizo la 19º, la hizo la 40º comisaría. Uno de los abogados de Karina se dio cuenta que Domínguez está en otras causas. Los COP son los que están a cargo de los procedimientos en Plaza Dignidad. Mi objetivo es que se decrete que todos los delitos se establezcan y que la falsificación le valga la baja. A lo mejor sirva que esta funcionaria tiene otros cargos, no sé”, explica.

“TU SABES QUE ERES EL OBJETIVO”

Paloma Grunert es periodista y realizadora audiovisual, sus registros en manifestaciones, marchas y ocupaciones relacionadas a la revuelta, parten en noviembre de 2019, fecha en la que decidió regresar a Chile desde el extranjero, donde se encontraba residiendo y estudiando.

Al recorrer las inmediaciones de la Plaza Dignidad y, a pesar de los más de dos años transcurridos desde el levantamiento; murales, aceras y barandas intervenidas, se encargan de recordar cada uno de los atropellos que han sucedido en el lugar.

“Este lugar está lleno de huellas, de pequeñas animitas populares, porque así como la violencia ha sido sistemática, también de alguna manera los muros dan cuenta de que la resistencia continúa y, pese a que uno dice ‘oh ya no hay revuelta’, el hecho de seguir viendo las calles intervenidas con mensajes que hablan de los asesinados y torturados, te devuelve también la certeza de que hay una voz ahí que sigue dando vueltas”, apunta.

Asegura que es consciente de los riesgos de su labor. “Cuando tú vas a registrar, sabes que eres uno de los objetivos de Carabineros, ellos buscan impedir que tu grabes como primera medida, y no sólo eso, ya que tú tienes que estar constantemente ingeniándotelas para poder grabar, porque ellos están censurando todo el rato tu registro”, sostiene.

Tras sufrir una agresión por parte de carabineros el lunes 28 de diciembre de 2020, la periodista está a la espera de las diligencias que la Fiscal Ximena Chong, ordenó realizar a la PDI, para identificar a los responsables de sus lesiones.

“Ese día estábamos en Alameda con unos compañeros y nos pusimos en el bandejón para poder limpiar nuestras cámaras. Afortunadamente uno de ellos andaba con su Gopro grabando en el casco, y me pide un pañuelo. Pasan unos segundos y ahí es cuando el guanaco, el carro número 66, que estaba frente a nosotros, mueve su manguera y me dispara directamente a la cara. Se ve que detrás mío no había disturbios, no estaba pasando nada en ese momento. Ahí me bota y pierdo el casco en la caída, fue tan fuerte el impacto que salgo del bandejón y caigo a la calle. Cuando intentan levantarme, y se ve en el video, me desmayo. Ahí me agarra un compañero y vuelven a tirar el chorro mientras recibo ayuda”, relata.

El impacto que la llevó a golpearse en la cabeza y perder el conocimiento por algunos instantes fue subestimado por la periodista, acostumbrada a presenciar niveles de violencia aún más extremos. Sin embargo, y tras revisar las imágenes de su impacto y caída, decidió hacer pública la situación que había vivido.

El video fue publicado y ampliamente difundido en redes sociales. “Lo vio mucha gente, se contactaron conmigo personal del INDH, la Fiscalía, y también Londres 38, que es donde trabajo y me apoyaron desde el principio con esta situación. Entonces ahí empezamos la querella. Me contaba la abogada que está llevando el caso que los disparos que hace el guanaco no son aleatorios, sino que cuentan con un visor donde apuntar y como fue tan directamente a la cara, hubo alevosía. Desde mayo está la orden de investigar, pero no ha avanzado. Hace poco me llamaron de Fiscalía para saber si la PDI se había comunicado conmigo”.

“Mi intención -prosigue- no es obtener algo con esa querella, sino sumar una más a todas las querellas que existen sobre violencia de los pacos y sobre todo a comunicadores. En la calle no ves nunca a periodistas de TVN o de medios hegemónicos, porque de partida los echan al tiro de la plaza, no son bienvenidos. Quienes cubrimos lo que hace Carabineros somos medios independientes, que siempre estamos ahí. Muchos compañeros que han sido víctimas de violencia mucho más agresiva o con consecuencias más graves que las mías, no han querido levantar denuncias porque algunos creen que no sirven de nada y porque también existe el temor a ser perseguidos”.

UNA BALANZA ENTRE IMPUNIDAD Y JUSTICIA

Chile cuenta con una historia de violación sistemática a los derechos humanos que no solamente tiene que ver con la última dictadura cívico-militar que se vivió tras el golpe de Estado de 1973. Pueblos ancestrales, minorías y disidencias sexuales son constantemente vulneradas por agentes del Estado, según reportes de derechos humanos.

En el país existe una entidad estatal que se encarga de prestar defensa ante estos atropellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Víctor Lagos es abogado y jefe regional del INDH en Arica y Parinacota. Él junto a un equipo que, comenta, no supera las cinco personas, tuvieron que observar y tomar acción ante distintas vulneraciones de derechos humanos en el contexto del levantamiento popular de octubre.

“El trabajo es siempre regional y a pesar de que la región de Arica no supera las 250.000 personas, su realidad es muy distinta a lo que ocurre en Antofagasta, por ejemplo, o Tarapacá que, siendo regiones vecinas, son muchos más grandes. Para ser honesto nos vimos bastante superados, porque resulta que la observación no era netamente en la manifestación misma, después vienen las consecuencias: personas en los hospitales, con heridas, o detenidas que había que ir a ver a las unidades policiales y militares”, describe sobre los primeros días de la revuelta en el norte.

“Nosotros asistimos a cerca de cincuenta manifestaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Entrevistamos a más de ciento cincuenta personas en distintas unidades policiales, hasta que llegó el Covid y paramos por protocolos del servicio de salud”, señala.

Lagos hace referencia a un elemento que es transversal en el relato de las entrevistadas para esta investigación y también en otros casos que involucran violencia policial: El uso desproporcionado de la fuerza.

“El control de la fuerza no la tiene el manifestante, la tiene el Estado, que cuenta con herramientas y mecanismos dañinos para la salud de las personas, como bombas lacrimógenas o escopetas antidisturbios”, expone.

“Estos no son posibles de equiparar con una olla y una cuchara de palo. Ni siquiera con una piedra, a pesar de ser elementos peligrosos. Cuando estamos hablando de que el control del orden público lo tienen los funcionarios y funcionarias de las distintas policías, evidentemente surgen ciertos elementos relevantes, como que la reacción del Estado debe ser proporcional. A partir de ahí comenzamos a ver rápidamente episodios y situaciones que no cumplían con esta proporcionalidad, Por ejemplo, responder a un grito con un gas lacrimógeno a la cara, es una cuestión absolutamente desproporcionada”.

Según informes entregados por el INDH, en diez de las dieciséis regiones del país se registraron cincuenta y siete agresiones a periodistas, durante el ejercicio de sus labores. Este número corresponde a personas identificadas como comunicadores, pero no existe certeza de que otras personas, también de las comunicaciones, hayan sido debidamente identificadas como tales.

Por otra parte, en la Región Metropolitana, el equipo jurídico de la institución está compuesto por Pablo Rivera, Tania Rojas y Beatriz Contreras, quien posee la jefatura.

Rojas es abogada del área jurídica del INDH e indica que la persecución hacia reporteros y comunicadores no es una casualidad. “Nosotros a partir del estallido social -sin perjuicio de que antes se habían registrado un par de denuncias- detectamos este fenómeno especialmente contra comunicadores sociales. En general ha habido un patrón de conducta por parte de fuerzas policiales, en el cual obstaculizan e impiden la labor de ellos. Les agreden, requisan sus materiales de trabajo ya sea cámaras o videos. Además, sufren graves agresiones como chorros del carro directo al cuerpo resultando en daño tanto físico como a sus herramientas de trabajo, detenciones ilegales, etc. Ocurre un fenómeno que a pesar de que ellos no estaban en la manifestación propiamente tal, igualmente recibían agresiones”

En palabras de este equipo, la institución fue sobrepasada, tanto por la cantidad de denuncias como por la manera de registrar las mismas, además de problemas asociados a la sistematización y la posterior aparición de la pandemia.

“Nosotros, de las 3 mil querellas, tenemos 60 formalizadas y de esas formalizadas hay solo 3 condenas. Habían 4, pero se presentó una en recurso y se acogió, entonces es un escenario bastante difícil”, indica Pablo Rivera, abogado encargado de la Unidad de Protección de Derechos del INDH.

“Como sede metropolitana empezamos a funcionar en abril del 2018. Entre abril del 2018 y septiembre del 2019 habíamos ingresado aproximadamente unas 150 querellas, lo que constituía la mitad que ingresamos entre octubre y diciembre del 2019.”, añade Beatriz Contreras.

A esta sobrecarga de trabajo, se suman las características propias del sistema de Justicia. “El proceso penal es tremendamente hostil con las víctimas. Muchas de ellas se han ido desinteresando por el proceso, porque ya ha pasado mucho tiempo, porque quieren seguir con sus vidas. Resulta que ven lentitud en el proceso de investigación donde, siendo el INDH la parte querellante, la arista investigativa la tienen en su poder el Ministerio Público. Las investigaciones no avanzan, le toman tres o cuatro declaraciones y la causa sigue donde mismo”, explica Víctor Hugo Lagos, desde Arica y Parinacota.

Tras cumplirse dos años del estallido social, el director a nivel nacional del INDH, Sergio Micco expresó su parecer ante los medios nacionales: “Hoy en Chile estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”.

*Este reportaje terminó de editarse en Santiago de Chile, durante el mes de diciembre de 2021.

Fotografía de Daniela Mansilla.