Ambos presos políticos mapuche cuentan con los requisitos mínimos y conducta para acceder a libertad condicional, sin embargo las informaciones apuntan a que gendarmería elabora informes negativos, les sanciona por sus ideas políticas y les discrimina al no cumplir el convenio 169 de la OIT, siendo ellos pertenecientes al pueblo nación Mapuche.

Tras múltiples denuncias efectuadas por los presos políticos mapuche Facundo Jones Huala y José Tralcal Coche, recluídos en cárcel de Temuco y Centro de Estudio y Trabajo CET Victoria, respectivamente. Gendarmería de Chile deberá responder ante tribunales luego de acoger este último la solicitud presentada por la defensa de los afectados frente a lo que se indica como hechos discriminatorios, incumplimiento del convenio 169 de la OIT y negación de acceso a beneficios como libertad condicional, pese a cumplir ambos presos con los requisitos legales y mínimos protocolizados.

Al respecto la abogada Karina Riquelme informó que esta solicitud se realiza «…con la finalidad de que el poder judicial pueda controlar a gendarmería quien depende del ministerio de justicia y quien tiene la obligación de aplicar el convenio 169 a todos los condenados miembros del pueblo mapuche, en este caso verificar en que condiciones están realizando su condena, si aquellas personas que evalúan a quienes son condenados tienen las capacitaciones y la pertinencia cultural. Esto debido a las múltiples denuncias que han existido respecto de los condenados y la falta de pertinencia cultural de quienes generan las entrevistas tanto psicológicas como los trabajadores sociales, quienes no vislumbran ni aplican el contexto en el cual nos encontramos y esto en virtud de la aplicación de los tratados internacionales que el Estado ha ratificado y por lo cual el ministerio de justicia y gendarmería tiene la obligación de mantener a funcionarios capacitados y además generar programas donde en los cuales produzca efectivamente la reinserción que ellos exigen para poder obtener los beneficios intrapenitenciarios que les están siendo negados consecutivamente por salir estos informes negativos».

Para el caso de José Tralcal Coche la audiencia de cautela de garantías solicitada por su defensa será este miércoles 24 de noviembre a las 09 am.

José Tralcal fue condenado el año 2018 a 18 años en el caso Luchsinger Mackay, pese a desecharse el delito de terrorismo, se les sentenció por incendio con resultado de muerte junto a Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca. (Ver más en Condena Caso Luchsinger Mackay).

Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal indicó que esta situación de discriminación y negación de beneficios se debe a presiones políticas

«…a mi padre se le ha negado la salida esporádica, salidas trimestrales y salidas dominicales, a su territorio a su lof, a pesar de que él ha cumplido ya con los plazos definidos por los protocolos para que pueda optar a estos beneficios. Lamentablemente esto ha sido una situación de presión política ya que hemos visto como la familia Luchsinger ha manifestado en prensa su contra a que ellos puedan optar a beneficios».

Es el mismo José Tralcal Coche que a través de cartas a la Dirección General de Gendarmería ha solicitado el informe de psicología con pertinencia cultural, puesto que este documento es una exigencia para acceder a los beneficios intrapenitenciarios.

«Gendarmería de Chile tiene la obligación de implementar los procedimientos legales y reglamentarios y de contar con profesionales adecuados para ejecutarlos. La falta del Informe Psicológico exigida en el marco de la postulación a los beneficios intrapenitenciarios de salidas esporádicas, es responsabilidad de Gendarmería de Chile, y pese a mis reiterados requerimientos, no ha cumplido sus obligaciones legales y reglamentarias. Los incumplimientos de Gendarmería me afectan especialmente, porque provocan que mi postulación a la salida trimestral se vea obstruida por incumplimientos institucionales que, dada mi condición de interno, resultan difíciles de resolver por mi cuenta propia, aunque pese a todas las dificultades materiales y personales estoy intentanto solucionar, lo que no libera de sus oblgaciones a Gendarmería de Chile.» (José Tralcal Coche).

Por otra parte Facundo Jones Huala también fue condenado el año 2018 a nueve años y un día por los delitos de incendio y porte de armas en el denominado caso Pisu Pisue, luego de ser extraditado desde Argentina para enfrentar esta causa. Condena ratificada en febrero de 2019 por la corte suprema y que reafirma el cumplimiento de cinco años y siete meses de cárcel, descontado el tiempo que ha estado tras las rejas en prisión preventiva. (Ver sentencia en TOP de Valdivia condena a Facundo Jones Huala).

A la fecha tanto José Tralcal como Facundo Jones Huala podrían estar en las calles, sin embargo esto no ha ocurrido debido a los reiterados castigos intrapenitenciarios e informes negativos de gendarmería. Siendo incluso solicitado por la abogada Karina Riquelme los registros sobre las sanciones impuestas a Facundo en mayo y noviembre de 2020, en circunstancias que a su defensa no se le notificó y han influido estas sanciones en la no obtención de beneficios.

Con fecha 16 de noviembre de 2021 el juzgado de garantía de Temuco determinó oficiar a gendarmería para que en audiencia del próximo 01 de diciembre presente todos los antecedentes y tratamiento penitenciario hacia Facundo Jones Huala como indica acta de audiencia.

A su vez el tribunal determinó que gendarmería deberá informar sobre las competencias de sus funcionarios.

Además y en relación a extracción de sangre a presos políticos mapuche el tribunal señala que existe la modalidad de huella genética con el fin de acreditar identidad de los condenados:

En tanto la revisión de sentencia del caso Luchsinger Mackay pasó a examen de admisibilidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 de marzo de 2021. Al respecto Karina Riquelme abogada declaró al medio Interferencia “La persecución que se dio en el caso Luchsinger-Mackay contra los 11 acusados que fueron llevados a juicio en tres oportunidades, y de los cuales tres resultaron condenados, es algo inédito tanto para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto por la falta de objetividad y de debido proceso que hubo en la investigación, como también por las denuncias de apremios ilegítimos en contra de la Policía de Investigaciones. Esto fue respaldado por el Poder Judicial en distintas instancias y por más que realizamos las denuncias de apremios ilegítimos llegamos a un juicio en el que incluso se presionó a una jueza para que se obtuviera una condena, presión que se realizó a través de los gremios y que terminó con la condena de tres personas inocentes”. (Ver más en Caso Luchsinger Mackay se reactiva en la Corte Interamericana de DDHH: El gobierno de Chile tiene tres meses para responder).