La empresa Transelec ingresó el proyecto “Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud” al SEIA el 30 de septiembre de 2020, consistente en la creación de una nueva línea de transmisión eléctrica que uniría la isla grande de Chiloé con el continente. El proyecto es altamente invasivo y destructivo del delicado ecosistema del sur de Chile – ya sumamente intervenido por la salmonicultura y la extracción forestal – pero por sobre todo no responde a las necesidades del territorio que interviene. Hoy en día el archipiélago de Chiloé ya tiene la capacidad instalada de generación (además de otros proyectos en vías de materializarse) que responden con creces a su demanda por energía eléctrica pero aún así se siguen generando contradicciones graves como testimonios de familias sin luz o agua.

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Este proyecto viene a avanzar en la idea de convertir a Chiloé en un polo de desarrollo energético para nutrir las demandas de la industria nacional -especialmente minera- y convertir a Chile en un país exportador de energía, tal como se ha declarado desde este Gobierno y los anteriores.

Es importante mencionar que este proyecto y la empresa que lo impulsa ya han generado, aún sin aprobarse, mucho daño al ingresar al territorio sin autorización, vulnerando lugares que son sagrados para el pueblo nación Mapuche Williche en Ancud.

Esta línea de transmisión afectaría gravemente cualquier posibilidad de que los actores locales definamos la vocación futura del territorio, aprovechando sus atributos particulares como las formas tradicionales de trabajo, la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal, el turismo, entre otras que sustentan las distintas formas de nuestra soberanía incluyendo alimentaria, económica y energética, sin poner en riesgo el lugar en que vivimos y nos desenvolvemos.

La campaña “Chiloé Libre del Saqueo Energético”, lanzada a fines de febrero propone detener los proyectos de inversión que buscan expandir la capacidad de generación y transmisión energética hasta que no exista un debido proceso de planificación u ordenamiento territorial verdaderamente democrático y pertinente ecológicamente. En el estado actual de cosas, la inversión privada está imponiendo por la vía de los hechos una visión de territorio basada en la explotación y el lucro que es incompatible con otros usos actuales y potenciales, robándonos la posibilidad de decidir como territorio.

Esto es un problema a nivel nacional, en el que se promueven y priorizan intereses privados por sobre las necesidades de las comunidades y los territorios directamente intervenidos, perpetuándose una lógica de sacrificio. Necesitamos una energía al servicio de las necesidades insulares de Chiloé, así como de las de toda localidad de nuestro país.

La campaña Chiloé Libre de Saqueo Energético está articulada con varias comunidades del sector directamente afectado en Ancud. Se han sumado esfuerzos en conjunto con las comunidades y otros actores afines, generando instancias de formación y conversación respecto al proyecto. Se identificaron así una gama de puntos problemáticos y se analizaron las mejores estrategias para oponerse al proyecto en el ámbito formal: a partir de las pocas instancias y herramientas que dispone la institucionalidad ambiental para ello. De esta manera, en el marco de la campaña se generaron observaciones que se presentaron al SEA dentro de los plazos correspondientes y se apoyó la presentación de observaciones por parte de afectados y afectadas. Sin embargo, hoy en día necesitamos de mayor difusión para que la población en general tome conciencia de la situación energética a nivel nacional y del peligro que esto conlleva en nuestros ecosistemas y así poder detener este tipo de proyectos y avanzar hacia otras formas de organizarnos.

Chiloé Libre

20 de abril 2021

Redes Sociales:

– Facebook “Chiloé Libre de Saqueo Energético”

– Twitter “@chiloelibredel1”

Contacto para mayores informaciones: Gabriela Cabaña: gabi.cabana@gmail.com

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MÁS INFORMACIÓN

Descripción general

El proyecto “Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud” fue ingresado al SEIA el 30 de septiembre de 2020 por la empresa Transelec. Consiste en la creación de una nueva línea de transmisión eléctrica que uniría la isla grande de Chiloé con el continente. El proyecto es altamente invasivo y destructivo del delicado ecosistema del sur de Chile -ya sumamente intervenido por la salmonicultura y la extracción forestal-, pero por sobre todo no responde a las necesidades del territorio que interviene. Hoy en día el archipiélago de Chiloé ya tiene la capacidad instalada de generación -además de otros proyectos en vías de materializarse- que responden con creces a su demanda por energía eléctrica, pero aún así se siguen generando contradicciones graves como familias sin luz o agua. Entonces este proyecto viene a avanzar en la idea de convertir a Chiloé en un polo de desarrollo energético para nutrir las demandas de la industria nacional -especialmente minera- y convertir a Chile en un país exportador de energía, tal como se ha declarado desde el Gobierno.

Es importante mencionar que este proyecto y la empresa que lo impulsa ya han generado, aún sin aprobarse, mucho daño al ingresar al territorio sin autorización, vulnerando lugares que son sagrados para el pueblo nación Mapuche Williche en Ancud.

La empresa

Transelec ha intentado reiteradamente generar la idea de un acercamiento con las comunidades, para justificar los requerimientos -escasos- que pone la institucionalidad ambiental. Los primeros acercamientos fueron en enero de 2020, identificando con que comunidades podían negociar y con cuáles no. La pandemia no ha permitido visibilizar sus acciones y han actuado de alguna forma encubiertos en las actividades que realizan. En ese sentido, los vecinos y vecinas señalan que ha existido un doble estándar en el diálogo que proponen, donde se aprovechan del desconocimiento del proyecto para apurar acuerdos, los cuales intentan imponer cuando se les empiezan a hacer reparos u observaciones.

La empresa se instala en el territorio con una estrategia que incluye la tercerización de prácticamente todas sus tareas, involucrando distintas empresas consultoras, con además una alta rotación de responsables. Esto les permite entre otras cosas; difundir mensajes sin hacerse cargo de lo que otras “áreas” han dicho o dirán, haciendo promesas de las que nadie se hace cargo después; aislar a los actores afectados; generar expectativas falsas; negar temas o negociaciones porque no son su “área” entre otras prácticas, que le permiten a la empresa beneficiarse de esta extrema compartimentalización o división, que obligan a los habitantes a desenvolverse en distintos frentes siendo que el proyecto es en términos prácticos, uno solo.

Esto ha sido evidente con el tema de las servidumbres y respecto de las cuales están presionando para que las personas las firmen, previo a que puedan informarse correctamente sobre el alcance del proyecto y su afectación sobre los predios. En la discusión de las servidumbres se niegan a tratar temas ambientales, y en las instancias de participación se niegan a hablar de servidumbres, dejando a propósito las principales preocupaciones de los afectados en un limbo que se extiende hasta que ya es demasiado tarde para plantearlas.

Eso se contradice con su imagen pública, donde han apoyado actividades relacionadas a la pandemia del Covid, junto a la Municipalidad de Ancud o el Servicio de Salud Chiloé, donde intentan mostrarse colaborativos y solidarios, pero eso no se refleja en su trato con las comunidades directamente afectadas. Finalmente, la mayor demostración de que esta imagen de “buen vecino” es falsa, radica en el pésimo estudio que fue presentado, el que fue ampliamente observado y criticado por las instituciones y la ciudadanía, revelándose incluso que la empresa omitió información con la que contaba, posiblemente para evitarse problemas o evitar que la ciudadanía se informe.

Rol de los organismos estatales en el conflicto

Una de las situaciones más graves que se han dado en el proceso de evaluación del proyecto de Transelec es una inadecuada participación ciudadana. La ley establece en derecho a la participación libre e informada, pero esto se ha visto sumamente dificultado por la pandemia. Ancud y otras comunas afectadas por el proyecto han estado gran parte del período de evaluación del proyecto en fases 1 o 2, lo que dificulta enormemente el juntarse y conversar respecto a su parecer como comunidad. Han habido algunos esfuerzos de hacer encuentros en persona, pero creemos que no se ha considerado el gravísimo escenario sanitario. Las comunidades han tenido personas enfermas y han querido respetar las restricciones a reunirse. Comunicarse por vías telemáticas se vuelve muy difícil ya que no hay amplio acceso a las tecnologías que lo harían posible. El SEA de hecho suspendió los eventos de participación a fines de 2020, pero los reanudó en febrero a pesar de que la situación de la pandemia seguía igual o peor. Todo esto fue comunicado a funcionarixs del SEA en comunicaciones con ellxs. En suma, el derecho a la participación ha sido sumamente vulnerado.

El Municipio de Ancud en el último tiempo ha mostrado una tendencia cada vez más grave a no presentar observaciones o presentar algunas de muy poco peso a los proyectos que ingresan a evaluación ambiental. El caso de este proyecto de Transelec refleja el poco interés y seriedad con la que esta municipalidad enfrenta sus responsabilidades en las evaluaciones ambientales; tratándose del proyecto con mayor inversión e impactos negativos en la comuna de los últimos años, el gobierno local apenas ingresó observaciones genérica y sin peso al documento. Esto refleja no solo una falta de capacidad y voluntad del equipo municipal, lo que puede verse fácilmente al comparar con la participación de otras municipalidades, sino que además habla de un municipio que no dialoga con las comunidades locales, dejándolas a su suerte frente a proyectos de esta envergadura. Esto contrasta fuertemente con la participación activa y visible del alcalde en las campañas publicitarias de entrega de cajas de emergencia por parte de la empresa, cuya difusión ya fue objetada por Contraloría.

Participación ciudadana

Las comunidades nos hemos organizado para enfrentar el proyecto, pero es muy difícil ya que requiere tiempo y conocimiento técnico especializado. Muchas personas de la comuna se han rehusado a tratar y negociar con la empresa, ante lo cual ésta les aísla y jurídicamente les invisibiliza a efectos de mostrar un apoyo general ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que no es así.

A pesar de las dificultades sanitarias, las comunidades se han organizado para presentar observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación, con la ayuda de otros actores como ONGs, asambleas territoriales, juntas de vecinos, etc. Hay un ánimo generalizado en defender el territorio, lo cual se ha ido complementando de forma técnica y comunicacional, para poder enfrentar la maquinaria de la empresa y el Gobierno, que impulsa el tema energético como una propuesta “verde” o “sustentable”, pero con una lógica empresarial que termina por intervenir y deteriorar las zonas y comunidades donde se instalan.

Todo esto se ha hecho bajo un gran estrés y desgaste emocional para las comunidades. Sin contar con la información o la tecnología para informarse, sumado al nulo apoyo de organismos públicos y el constante temor al contagio de covid-19 (incluso hubo contagios entre funcionarios de Transelec, lo que produjo gran angustia y preocupación).

Campaña Chiloé Libre del Saqueo Energético

A fines de febrero lanzamos la campaña “Chiloé Libre del Saqueo Energético” por redes sociales, compartiendo material informativo y llamando a organizarse y presentar observaciones al proceso de participación ciudadana. En marzo estuvimos en comunicación con varias comunidades del sector directamente afectado en Ancud, para incluir todos los aspectos reconocidos como problemáticos en las observaciones. Se han generado instancias de formación y conversación respecto al proyecto, identificando los puntos a analizar y analizando las mejores estrategias, a partir de las pocas instancias y herramientas que dispone la institucionalidad ambiental para ello.

Objetivo de la campaña

Creemos que este proyecto de línea de transmisión es incompatible con el cuidado del territorio, con las propias formas de vida y trabajo que tenemos, nuestras cosmovisiones y su relación intrínseca con la naturaleza.

Esta línea de transmisión afectaría gravemente cualquier posibilidad de que los actores locales definamos la vocación futura del territorio, aprovechando sus atributos particulares, como las formas tradicionales de trabajo, la agricultura campesina e indigena, la pesca artesanal, el turismo, entre otras que sustentan las distintas formas de nuestra soberanía incluyendo alimentaria, económica y energética, sin poner en riesgo el lugar en que vivimos y nos desenvolvemos. Hoy hay muchas familias sin agua y eso es culpa de la falta de respeto a la hora de instalar o desarrollar proyectos invasivos y sin planificación.

A nivel práctico, lo que proponemos es una moratoria a los proyectos de inversión que buscan expandir la capacidad de generación y transmisión energética, hasta que no exista un debido proceso de planificación u ordenamiento territorial, verdaderamente democrático y pertinente ecológicamente. En el estado actual de cosas, la inversión privada está imponiendo por la vía de los hechos una visión de territorio basada en la explotación y el lucro, que es incompatible con otros usos actuales y potenciales, robándonos la posibilidad de decidir como territorio.

Esto es un problema a nivel nacional, en el que se promueven y priorizan intereses privados por sobre las necesidades de las comunidades y los territorios directamente intervenidos, perpetuándose una lógica de sacrificio. Necesitamos una energía al servicio de las necesidades insulares de Chiloé.

La paradoja de las energías “sustentables”

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 del Ministerio de Energía, aclara que la integración eléctrica regional, no solo contribuye a una “mayor seguridad de suministro”, sino que, “permite la diversificación de la matriz energética, aumentando la competencia del mercado eléctrico, junto con una disminución de costos, la utilización plena de la infraestructura y menores emisiones de contaminantes locales y de gases efecto invernadero”. El propósito es el aumento de las energías renovables como la solar en el norte y eólica en el sur. Sin embargo, el costo de estas energías “sustentables” en Chile y específicamente en Chiloé se han caracterizado por un aumento exponencial en la destrucción del patrimonio de biodiversidad y de naturaleza. Deberíamos agradecer y consolarnos con los programas de mitigación, pero estos desde un punto de vista científico no son nunca comparables a los procesos evolutivos que por millones de años han actuado para establecer aquellos ecosistemas prístinos simplemente destruidos para estas líneas de transmisión eléctrica.

Chile tiene ahora un ambicioso y desafiante objetivo dentro de un mercado global con lo que llaman el “combustible del futuro” o hidrógeno verde e incluso se atreven a declarar que gracias a los recursos energéticos (solar en el norte y eólica en el sur), nuestro país alcanzaría la “sociedad sostenible”. Sin embargo, el costo de este nuevo combustible que no solo aparentemente descarboniza el país, es altísimo. Usando estas energías renovables, Chile podría producir hidrógeno verde por medio de la electrólisis, el fenómeno que produce hidrógeno a partir del agua. Nuevamente llegamos a la misma triste conclusión de que estas energías renovables en Chile tienen un costo de destrucción del medio ambiente presente que al mismo tiempo se combina con la triste realidad del cambio climático (manifestado en la sequía) y los poderes extractivos (por ej. cultivos de paltos) que han consumido el recurso agua.

Es un mito que la electricidad de la energía eólica es energía verde, considerando toda la maquinaria a diesel que se utiliza al “limpiar” los sitios, excavar los cimientos, transportar los diversos componentes y los ensamblajes. La turbina eólica en comparación con otras formas de producción de electricidad produce muy poca electricidad incluso cuando hay suficiente viento. Por otra parte, se deben conectar más turbinas independientes a la red de transmisión eléctrica, lo que obviamente requiere mucha más infraestructura que cuando la electricidad se genera en una sola planta de energía. Fundamentalmente, no existe una tecnología de almacenamiento adecuada para la electricidad que produce el viento.

Por lo tanto, no existe energía renovable, cuando son cientos de kilómetros cuadrados de bosques nativos que tienen que ser sacrificados por estas líneas de transmisión eléctricas y cuando otros ecosistemas frágiles son impactados o incluso destruidos.

Chiloé no es el único territorio amenazado por este tipo de iniciativas. En este camino, hemos encontrado mucha información de comunidades afectadas por proyectos de este tipo, donde se ha utilizado como excusa el cuidado medio ambiental para instalar sistemas de transmisión y plantas de generación eólica sin respetar la naturaleza y las comunidades. Ese es un conflicto que hoy está invisibilizado pero que sin duda se hará de escala nacional en la medida que estos proyectos sigan prosperando en la lógica con la cual se están haciendo.

El sector energético ha sido el que ha tenido mayor movimiento a nivel empresarial y económico, donde se están invirtiendo desde el extranjero (Italia, España, China principalmente) grandes sumas para hacerse con la propiedad de las empresas o mejorar las posiciones de mercado (parte de Transelec ha sido recientemente adquirida por una empresa transnacional del Estado chino, por ejemplo). Esto ha ido de la mano con un gobierno que impulsa como gran estrategia el producir hidrógeno “verde”, que suena muy bonito, pero que en la base está significando mayor intervención y saturación de los territorios, sin un cambio de enfoque en lo que son las necesidades de las comunidades o un verdadero respeto al medio ambiente.

Existe entonces la necesidad de que este tema tome un realce a nivel nacional, que conecte todo lo que está pasando en Chiloé, en el Bío Bío, la Patagonia y tantos otros lugares donde estos proyectos se están instalando, para que el debate sea efectivamente democrático y no siga en este manto de impunidad que tiene ahora.

También nos parece sumamente resaltar que este no es el primer conflicto energético de Chiloé. Ahora mismo, por ejemplo, se está reactivando el proyecto de megaparque eólico “Parque Eólico Chiloé” que intervendrá Mar Brava. También, existe actualmente una lucha de reivindicación cultural y territorial en Alto Gamboa, en un lugar de gran significancia Williche ancestral. El SEA determinó en 2017 que un proyecto de nueva línea de transmisión y nueva subestación eléctrica atravesara ese lugar, con toda la destrucción ecológica, social y cosmológica asociada. La comunidad se enteró cuando el período para presentar observaciones ya había acabado. Pero gracias a la resistencia de la comunidad la empresa finalmente desistió de su trazado original. Todo sin reconocer la vulneración de derechos que han sufrido como pueblo-nación. Estos casos muestran que el saqueo energético de Chiloé ya es un proyecto en curso que ha generado muchos daños, no sólo una posibilidad futura.