El río Weneywue ha sido históricamente el punto de encuentro entre las comunidades mapuche de Tralcapulli y Llongahue, en la comuna de Panguipulli. La hidroeléctrica Pullinque, construida por Endesa entre 1954 y 1962, inundó la cuenca y desvió el río, causando el desplazamiento de los habitantes de ese territorio y dejándolos sin agua. En el año 2000 la multinacional italiana Enel adquirió la represa y en los años siguientes las comunidades empezaron a organizar su reclamo por la devolución del río. Después de dos años de negociaciones sin resultados, la Asociación Leufu Weneywue está ahora en proceso de demandar a Enel la devolución ya no solo de una parte del caudal ecológico, sino de toda el agua del río.

Por Susanna De Guio

“No podemos esperar que el cambio climático siga avanzando”, dice Daniel Lincocheo, presidente de la Asociación Leufu Wueneywue. Lo dice con la convicción que tiene de esa lucha que empezaron hace cuatro años. Es la batalla por la defensa del río Huenehue – Wueneywue, que significa “lugar de amigos” en mapudungun.

Frente a un nuevo verano, en el lof Tralcapulli hay preocupación. Cada año el calor se hace más insoportable y el río está seco, por lo tanto no puede cumplir la función de regulador ambiental que históricamente tenía. Entre 1954 y 1962 Endesa inundó la cuenca y desvió el río entre el lago Calafquén y el lago Panguipulli para construir la hidroeléctrica Pullinque, causando el desplazamiento de los habitantes de ese territorio y dejándolos sin agua. “En Tralcapulli hay muchas familias que tienen problemas de agua ya en este momento: se les secó su pozo, porque las napas del río se fueron mucho más abajo”, explica Daniel.

Por eso las comunidades de Tralcapulli y Llongahue, después de haber agotado las instancias de negociación, están hoy determinadas a demandar a Enel Green Power, actual dueña de la hidroeléctrica, para que el río vuelva a correr en su caudal.

Cuando Endesa impulsó la construcción de la represa Pullinque, todavía no se hablaba de cambio climático. El objetivo del Estado era electrificar Chile, aprovechando los fondos del Banco Interamericano del Desarrollo, que en los años 60 promovió proyectos hidroeléctricos en distintos países de América Latina. En la memoria de la construcción de la represa tampoco se leen consideraciones sobre la presencia de un pueblo originario en la zona afectada, ni sobre las consecuencias que generaba para los habitantes la instalación de una central de 51MW. “En ese período las familias mapuche que vivían en el territorio no se pudieron organizar para levantar sus demandas”, cuenta María Ignacia Ibarra Eliessetch, que firmó el primer peritaje antropológico pedido por las comunidades que, junto con informes de corte geográfico y jurídico, serán presentados en tribunal en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan. Entre los testimonios que María recopiló en cuatro meses de investigación, las personas más ancianas recuerdan el río como “un espacio comunitario y que proveía agua para beber, alimentos para comer y lawen para tratar muchos tipos de enfermedades”.

En el año 2000 Enel Green Power compró la hidroeléctrica Pullinque S.A., ya en manos privadas desde 1982 y declarada en quiebra en 1999. Una vez más, las familias afectadas no fueron interpeladas hasta que, en los años siguientes, empezaron a levantar distintos reclamos. Antonella Pellegrini, gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de Enel Chile, estuvo en muchas mesas de negociación con las nueve comunidades que residen alrededor de la planta de Pullinque. El año pasado, en un conversatorio auspiciado por Ladera Sur, explicó que Enel está disponible a cerrar acuerdos sobre “las eventuales medidas de mitigación que se pueden hacer a ese impacto ex post” evidenciando que se trata de un accionar “bastante inédito en cuanto a retroactividad”.

La hidroeléctrica se terminó de construir más de 30 años antes de la aprobación de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (1994), por lo tanto no fue sometida a evaluación de impacto ambiental ni cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental. En ninguno de los acuerdos que la empresa italiana firmó con las distintas familias mapuche se comprometió a devolver ni una gota de agua, mientras que Chile enfrenta la mayor sequía de su historia. 

Entre sus estrategias de negociación, Enel se encargó de formar una corporación nombrada Kom Kiñepe Tain Newen, paralela a la organización que ya existía entre familias, a través de la cual empezó a entregar financiamientos para becas estudiantiles y proyectos sociales. Se trata de “malas prácticas de la empresa” destinadas a “generar problemas al interior de la comunidad”, según la ONG AYNI, que trabaja en colaboración con Tralcapulli y Llongahue y se ocupa de conservación de la naturaleza y usos sustentables de los territorios. AYNI denuncia que Enel trató “de hacer un estudio de Valoración contingente, sin antes sociabilizar las herramientas del estudio con la comunidad”, hecho que llevó a la Asociación Leufu Wueneywue a romper finalmente toda mesa de diálogo. Sin embargo, Pellegrini afirmó que en Tralcapulli y Llongahue “no tenemos actualmente un conflicto en curso”. 

Para las más de treinta familias de las dos comunidades reunidas en la asociación el agua no es un elemento negociable con medidas de mitigación. Además de los daños ambientales y productivos causados por la hidroeléctrica sobre tres generaciones durante sesenta años, el río representaba para las comunidades aledañas un punto de encuentro y de rituales, un lugar sagrado y un espíritu viviente, que en la cosmovisión mapuche se denomina ngen. Al cortar el flujo del río con la represa, también su ngen murió, o se adormeció, dejando de ser protección y fuente de vida para el ambiente y la biodiversidad. A las comunidades ribereñas se les quitaron elementos culturales y espirituales claves para su desarrollo, se extinguieron las plantas medicinales que crecían en la ribera, así como desapareció el microclima generado por el Truf-Truf, un espacio entre piedras que hospedaba una neblina densa, protegiendo el terreno y las plantas de las heladas. También fue deteriorado otro sitio espiritual, el Kuseweke, un puente rocoso que unía los sectores de Llongahue y Tralcapulli y que tuvo un rol histórico durante la ocupación hispana en el territorio.

Por más que Enel decida negarlo, la larga historia de los habitantes del río Huenehue habla de un conflicto socio-ambiental en curso, así como lo define también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que incluye la central Pullinque en su mapa de conflicto vigentes en el país.

Enel es una de las empresas que están liderando la transición energética en Chile, como ellos mismos declaran. Con 4,7GW de capacidad instalada, es el primer operador de energía renovable del país y apunta a agregar otros 2GW hacia 2022, invirtiendo en fotovoltaica, solar y geotérmica. Sin embargo, la multinacional no relata con el mismo orgullo que también concentra en sus manos la mitad de la capacidad hidráulica instalada del país, produciendo 3.548 MW con un total de 18 hidroeléctricas a lo largo del territorio.

Entre ellas se encuentran la central de Pangue, que generó una de las primeras grandes movilizaciones socio-ambientales en contra de su construcción, en los años 90, y la mega represa de Ralco, en Alto Bío-Bío, donde la oposición al proyecto marcó un hito histórico uniendo en un solo frente a las organizaciones ambientalistas y las comunidades pehuenches. Enel tiene también un proyecto hidroeléctrico en construcción, Los Cóndores, que tendrá una capacidad instalada de 150MW y utilizará el embalse de la Laguna del Maule, sumándose a las seis centrales que Enel ya tiene en la cuenca del río Maule. En las obras, que ya llevan tres años y van a demorar hasta el 2023, murieron el año pasado dos trabajadores tras un derrumbe en el área de excavación.

Si bien ha sido aplaudida la decisión que Enel tomó el pasado 27 de mayo, de cerrar anticipadamente sus centrales termoeléctricas Bocamina I y II, acelerando así el proceso de descarbonización en Chile, la generación energética sin emisiones de CO2 no es el único parámetro para analizar cuando se trata de uno de los principales operadores mundiales de la energía, que cerró 2019 con un activo de 80 mil millones de euros. “Cuando hablamos de transición justa, pensamos en cómo hacernos cargo de la desigualdad que está detrás del cambio climático”, explica Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. “Por ejemplo, a pesar de las condiciones geográficas del país, y la disponibilidad de agua, tenemos serios problemas de desabastecimiento de agua” sigue Urquiza. “Esto es debido a la escasez vinculada a los cambio de patrones de precipitaciones, pero también a la sobre explotación de los recursos hídricos que nuestro propio modelo permite”.

La memoria 2019 de la empresa hidroeléctrica Pullinque S.A. declara que “la energía eléctrica que produce Pullinque se entrega al Sistema Eléctrico Nacional”. Esto quiere decir que las comunidades de Tralcapulli y Llongahue no sólo no han participado nunca de las ganancias de la empresa que aprovecha el agua del río, amparada por el Código de Aguas, sino que tampoco la electricidad generada por la represa queda en el territorio. 

Frente a la pregunta ¿energía para qué y para quién? Urquiza contesta: “Son fundamentales las tomas de decisiones sobre el territorio y también potenciar los sistemas energéticos más distribuidos, para que las comunidades puedan cubrir mejor sus propios requerimientos energéticos y al mismo tiempo definir cuales son las vocaciones productivas y que esto no sea impuesto por el consumo energético de una industria muy lejos del territorio”.

Sus palabras resuenan con las de Daniel Lincocheo, que mirando al caudal vacío en Tralcapulli concluye: “A las nuevas generaciones no les vamos a dejar pobreza, no les vamos a dejar un río seco, por eso vamos a recuperar el agua, cueste lo que cueste”.

Este artículo fue producido en el marco de la beca Energía y Transición Justa, organizada por Climate Tracker y FES Chile.

Imágenes por Caravana de Medios Libres