Escrito por Amapolilla (Asamblea Libertaria Cordillera)

Se le volvió a dar el carácter de urgencia para votación constitucional a las modificaciones al SIE. La condición de urgencia a una nueva ley o a la modificacion de una ya existente las entrega el presidente, en este caso Piñera, para que se legisle con mayor rapidez.

La necesidad política de intensificar y tecnologizar los mecanismos de Inteligencia y Seguridad Nacional no son una novedad, puesto que desde el estallido social ya se habian agudizado las medidas de control y persecusion, en un intento desesperado por mantener el orden público y tratar de retornar a la normalidad burguesa y ciudadana.

Las ya promulgadas leyes para la protección de la infraestructura del Estado, ley anti- saqueos, anti-barricadas y anti-stickers, son algunas de las formas estratégicas que el gobierno instauró para sentenciar la protesta social, apagar el calor de la revuelta e imponer un nuevo régimen punitivo que sanciona todo lo que haga tensionar la normalidad ciudadana que el Estado-Nación intenta defender, dando aletazos al aire. Aletazos peligrosos que pueden tener un precio muy alto no solo en nuestras vidas privadas, sino que en nuestras vidas y en nuestra libertad, algo que la violencia estatal constantemente amenaza, y que hoy está en proceso de una nueva transformación hacia la conformación de grupos totalizantes de vigilancia e intervención.

Igualmente, el nuevo y ya cuestionado ministro de salud, Enrique Paris, anunció que el gobierno está evaluando el seguimiento de individuxs mediante los dispositivos celulares. Una medida que fue usada en Asia para contener y reducir la escala de contagios de COVID-19, pero, como ya expusimos en uno de nuestros boletines, implica un gran riesgo. La exportacion de estas tecnologías de biovigilancia no será usada solo para fines sanitarios, sino que para extraer toda la información disponible que tengan de nosotrxs, si es que no la han extraído ya. Poder identificarnos, saber donde estamos, nuestros lugares recurrentes, las personas que frecuentamos… suena a un animé de distopía futurista, pero ya está aquí. Y con la tecnologización del SIE, y la re-aparicion de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), sabemos que no tendrán escrúpulos a la hora de acceder a nuestra información para nutrir sus bases de datos, generando nuevos perfiles de criminalidad, peligrosidad o sujetxs de sospecha, aprovechando que las modificaciones al SIE también indican que los organismos de seguridad pueden aplicarse y funcionar a nivel “nacional” siempre que el presidente considere que hay un grupo interno peligroso. La criminalización de la organización y la protesta se están agudizando aún más, y no podemos ignorar esta realidad que está al alcance de nuestros celulares, transformados en dispositivos activos de vigilancia al servicio de la Seguridad política.

No es novedad tampoco que la criminalización de la organización de base en el contexto de la guerra de clases es una táctica usada mundialmente, y que tiene como consecuencia la persecusión de grupos, el encarcelamiento de individualidades, o el asesinato de “líderes” sociales y afines más visibles. Es una realidad que en el territorio que habitamos es casi cotidiana, como ocurre con el terrorismo de Estado en el Wallmapu, o el encarcelamiento sistemático por causas como la ley del control de armas o las nuevas leyes que criminalizan la protesta. También sucedió el año pasado que salió a la luz un documento (pacoleaks) en el que se daba cuenta de que FF.EE mantenía un sondeo al detalle no sólo de algunas organizaciones sociales seguidas e investigadas, sino que también sobre las protestas tanto internas como externas de distintas Universidades, por lo que, si bien no es nuevo que hay presencia de infiltrados de los servicios militares y de inteligencia, todo esto podría intensificarse, como ya ha ocurrido con la Ley (J) Aula Segura, que busca implementarse en centros de estudios superiores.

“Igualmente, mediante resolución fundada de carácter reservado, el Director de la Agencia podrá requerir la destinación a la misma de funcionarios pertenecientes a los organismos de inteligencia policial en comisión de servicio, con el objeto de que se desempeñen como agentes encubiertos a fin de obtener información y recabar antecedentes en el ámbito de las competencias propias de la Agencia, en ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23. “ (modificacion al art. 31 de la Ley N° 19.974. Visible en el inciso i) de las modificaciones actuales)

Estamos en constante vigilancia, y ahora los mecanismos de extracción de información para alimentar las bases de datos de los servicios de inteligencia al servicio de la élite dominante – Estrategia Nacional de Inteligencia del Estado-, son un vaticinio de las futuras redadas masivas de persecusión, encarcelamiento y desaparición, y no es por ser alarmantes, sino que todo aquello ya ocurre en el presente, y va a ocurrir en una escala mucho mayor, si es que nosotrxs no tecnologizamos tampoco nuestros resguardos virtuales e informáticos y entramos a la nueva dimensión de esta guerra.

Tenemos que hacernos cargo de los lugares y las trincheras que usamos y de las defensas de nuestras dimensiones y potencias de vida, porque difícil es que el gobierno dé pie atrás con las nuevas modificaciones que se vienen, y que nos tiran a las puertas de una hipervigilancia que resulta sumamente peligrosa para nuestras vidas, mas aun considerando que quienes tienen el control abogan públicamente por una necropolítica en pos de la estabilidad de sus regímenes de poder, esta vez, buscando legislar para hacer legítima la potestad de intervenir en todo espacio posible, sea público o privado. Y el riesgo no es sólo informático. La presencia de seguridad militar se va a agudizar, por lo que se va a militarizar la ciudad, y nuestra vida, y necesitamos estar preparadxs y tener estrategias para enfrentar esto cuando se acabe este des-habitar la ciudad en el confinamiento, y volver a las calles.