La Asamblea Anarquista del Bio-bío ha publicado un documento de análisis de coyuntura titulado: «El coronavirus en la cuna del neoliberalismo». Para leer el PDF haz click sobre la siguiente imagen:

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El coronavirus en la cuna del neoliberalismo

Análisis de coyuntura de la Asamblea Anarquista del Bio-bío

En la región chilena, se viven tiempos agitados. Desde la revuelta popular iniciada en octubre, con la represión, torturas, mutilaciones y muertes como respuesta estatal, hasta la llegada del coronavirus, los días se tornan convulsionados.

Si sumamos a esto la experiencia reciente del terremoto del 2010, además de las revueltas estudiantiles en 2011 y sus réplicas en los años posteriores, tenemos como resultado una década marcada por grandes interrupciones a la cotidianidad y al normal funcionamiento del sistema capitalista.

Acción y reacción

En los cuatro eventos mencionados, el común denominador ha sido el tipo de respuesta social y política, tanto de la acción popular como de la reacción de las esferas de poder. El terremoto en la región del Bio-bío afectó edificios y otros inmuebles, el suministro de agua y energía eléctrica, como también las cadenas de distribución de alimentos por varios días. La reacción natural de sobrevivencia en los dias post terremoto fue el saqueo a grandes cadenas de supermercados y tiendas de retail, pero también o acompañando a esto, estuvieron presentes grandes muestras de solidaridad y coordinación espontánea en los distintos barrios.

Por su parte, la primera respuesta del Estado fue la militarización de las calles y el establecimiento de un toque de queda, medidas pensadas en defensa de las grandes empresas, demorando por lo demás, días en desplegar algún otro tipo de acción que implicase una ayuda concreta a las miles de personas afectadas por el terremoto y tsunamis. Lo mismo ocurrió en el escenario social, cada vez más politizado, desde la revuelta popular de octubre de 2019, donde la respuesta nuevamente fue la militarización, teniendo como consecuencia la muerte y brutal represión.

Sin embargo, a la llegada de la pandemia, los aprendizajes de los cinco meses de revuelta y años anteriores, además del fortalecimiento de la organización popular, permitieron que la población accionara rápidamente ante el coronavirus con un repliegue preventivo de las calles y la suspensión de las manifestaciones masivas, denunciando al gobierno por no suspender las actividades económicas y no atender la emergencia sanitaria y social. Ante esta contingencia, nuevamente, la reacción del poder es la militarización.

El virus del capital

La expansión global del coronavirus llega en una época de grandes convulsiones, no sólo en Chile sino a nivel internacional, en una era marcada por: la crisis climática, las interminables guerras e intrigas por el petróleo y su precio, la desaceleración del capitalismo a nivel mundial en la última década, la guerra comercial entre EE.UU. y China, las constantes amenazas de EE.UU. y su bastión saudí al régimen iraní, así como sus guerras subsidiarias, la constante novela nuclear de relaciones entre Corea del Norte y Occidente y la crisis humanitaria de refugiad@s en la frontera greco-turca, así como en toda la cuenca del Mediterráneo. A lo que debemos sumar los alzamientos populares del 2019 desde Haití a Francia, de Malta a la India, desde el Líbano a Hong Kong y en Sudamérica con Ecuador, Chile y Colombia, todo esto en un contexto de ascenso de una nueva derecha en el continente americano como sucede en Brasil, Bolivia y Uruguay.

En este complejo panorama mundial la llegada del coronavirus y las muertes que se cuentan por miles en todo el mundo, dieron paso a teorías conspirativas sobre su origen, desde un plan de reducción de población mundial por parte de grupos de poder, hasta ataques bioquímicos por parte de EE.UU. a China. Si bien la industria del cine ya nos mostraba bastante de dichas teorías manteniendo estas en nuestra memoria colectiva, lo cual no sería extraño que fuera realidad, la explicación más aceptada y común apunta al origen animal del virus y su posterior contagio a seres humanos (zoonosis). Esta situación también está determinada y relacionada intrinsecamente con la dinámica del capitalismo y su devastadora acción contra la naturaleza, ya que el brote del virus en los mercados de Wuhan (China), guarda relación con la comercialización de animales salvajes provenientes de áreas naturales cada vez más apartadas debido a la deforestación y explotación de áreas silvestres para cultivo y crianza de animales. Esto hace mutar cepas de virus a ritmos que no conocemos y para los cuales nuestro sistema inmune no está preparado.

A esto debemos agregar la ganadería intensiva y el uso de productos agrotóxicos y antibióticos que alteran el sistema inmune de los animales, el hacinamiento en los mercados de animales, manteniendo a estos en jaulas en las que se defecan los unos sobre los otros y con una alimentación deficiente. Todo lo anterior genera las condiciones favorables para el brote del virus o el paso de un virus desde un animal a otro y finalmente al ser humano, como ya pasó con la gripe aviar (SARS CoV) en 2002 o con la gripe porcina A (H1N1) de 2009-2010.

El mundo necesitó de la pandemia para pensar en la forma en que nos relacionamos y cómo la devastación ambiental del capitalismo genera la aparición de virus que nos afectan a todos y todas. Pero la humanidad, dividida por el capitalismo y los Estados, en plena guerra comercial, pugna entre potencias y el inicio de un nuevo ciclo de luchas a nivel global, no responde como requiere el caso. La conexión mundial propia de la globalización y los flujos comerciales hacen que los virus sean una amenaza constante para todos los países. Independiente de su posición privilegiada, los países del primer mundo se ven vulnerables ante brotes en los países del tercer mundo y sus precarios sistemas sanitarios. La propagación de la pandemia revela las grietas preexistentes en el modelo económico global.

El shock

Luego de semanas de negación de los reales efectos del virus por parte de los líderes mundiales, la amenaza sobre los mercados les puso en alerta. El efecto económico inmediato que generó el coronavirus fue la paralización parcial de la producción, lo que a su vez redujo la contaminación y permitió el retorno de la fauna silvestre a las ciudades. A esto se suma la pausa en los accidentes laborales, muertes por contaminación y la devastación ambiental, que nos obligó a reacomodar la cotidianidad dejando de lado lo imprescindible y ficticio de la vida capitalista para resistir el virus.

Pero los desastres son oportunidades para el capital. En todo el mundo, los gobiernos no pararon por completo la actividad económica, importó más el funcionamiento de empresas no esenciales, antes que la vida. Incluso se desarrollaron elecciones municipales en Francia en plena pandemia y la Reserva Federal de EE.UU. redujo las tasas de interés para contener los impactos en el mercado en lugar de financiar la contención del avance del virus. El resguardo de los intereses de los capitales nacionales primó a pesar de la globalización y la conexión de los mercados. El discurso de unidad nacional contra una pandemia que no distingue de clases sociales enarbolado por cada Estado, encubre la división de clases interna y la relevancia fundamental del trabajo en la maquinaria capitalista. En ese sentido, es la clase trabajadora la que sufre con mayor impacto esta pandemia, víctima de las políticas neoliberales que precarizaron los sistemas públicos de salud por años en beneficio de la salud privada, haciendo de la salud un bien de consumo, en lugar de un derecho. Los efectos más nocivos de la pandemia en las clases populares se evidencian en los motines de cárceles de varios países o en los llamados a cuarentena donde la burguesía se puede resguardar, pero la clase trabajadora se expone debido a su necesidad de vender su fuerza de trabajo, con la desprotección propia de los empleos más precarizados y los mercados informales.

En una sociedad con clases sociales antagónicas y una clara división internacional del trabajo, los esfuerzos sanitarios de los Estados y organismos internacionales no se deben a un humanitarismo espontáneo ni genuino, sino al control biopolítico propio de un inventario global, donde los seres humanos, en tanto productos-productor@s, deben ser higienizad@s y controlad@s.

Los Estados respondieron con la militarización, toques de queda y restricciones al desplazamiento que escandalizan a Europa, reacciones que en Latinoamérica son parte de la historia reciente y que en Chile, desde la revuelta de octubre, ya son parte de la cotidianidad. El cierre de fronteras, el pánico infundido por la prensa y la creación de un nuevo enemigo encarnado en el virus, es el caldo de cultivo para actitudes racistas y el aprovechamiento del shock para la implementación de medidas militaristas sobre la población. Además de la implementación de políticas públicas que profundizan la división de clases y favorecen la acumulación de capital mediante el rescate de la banca y grandes empresas, la inyección de liquidez a los mercados y el aumento de la deuda para que la máquina capitalista siga funcionando.

El coronavirus en la cuna del neoliberalismo

En América Latina, el virus se ha expandido con más fuerza en países con presidentes de derecha y marcada tendencia neoliberal, como son Brasil, Chile y Ecuador. Estos países figuran en el top 4 de la lista de contagios y, en los dos primeros, destacan las declaraciones de Bolsonaro y Piñera durante los primeros días de la expansión del virus, restándole importancia y minimizando sus efectos. Como era de esperar, estos gobiernos no detuvieron las actividades económicas ni decretaron cuarentenas en sus países, la respuesta fue la militarización con toque de queda nocturno en Chile y parcial en Ecuador, como si el virus tuviera horario de trabajo.

En el caso chileno, las consecuencias del coronavirus se comenzaron a sentir desde antes que llegara el primer contagiado, ya que “nuestra” economía extractivista tiene a China como principal comprador de cobre y productos agrícolas, por lo que la recesión del gigante asiático ya se anunciaba en el precio del cobre, el alza del dólar, la devaluación del peso, baja en los ingresos fiscales y los salarios, además de los primeros despidos en diversos sectores. Ya con los primeros casos de coronavirus, las medidas sanitarias y de contención sirvieron para desplazar del debate público al movimiento de protestas y asambleas iniciado en octubre contra la precarización de la vida, que si bien tuvieron una baja en el verano, volvieron con fuerza en marzo y tuvieron a las masivas manifestaciones del 8 de marzo como último hito de la calle.

El criticado gobierno intentó encontrar en la crisis sanitaria un alivio a la crisis política. Por su actuar represivo, las violaciones a los Derechos Humanos y no atender a las demandas populares que iniciaron la revuelta, Piñera contaba con un 6% de aprobación en las encuestas, el más bajo que ha tenido un presidente en la historia de Chile. Las protestas fueron suspendidas por las organizaciones convocantes y el plebiscito que debía ser en abril para aprobar o rechazar una nueva Constitución y que nació como contención del poder ante la revuelta, fue aplazado para octubre por el parlamento. La primera medida del gobierno ante el shock fue cercar y borrar las consignas de la Plaza de la Dignidad, epicentro de las protestas en Santiago. Ante el clima de pánico, el gobierno intentó aprovechar la oportunidad para lavar su imagen y mostrarse como la salvación ante la pandemia. Pero dada su naturaleza empresarial, un sistema de salud pública profundamente precarizado por el experimento neoliberal iniciado en la dictadura de Pinochet y el mal manejo para contener la propagación del virus, vuelven a poner en tela de juicio al gobierno y las cacerolas vuelven a sonar, pero esta vez desde los balcones.

A fines de marzo, una conocida encuesta pública indicó que la ciudadanía califica el desempeño del gobierno ante la crisis con nota 3,6 (en escala de 1 a 7). La reprobación del gobierno se debe a su deficiente contención de la expansión de contagios en los primeros días de pandemia, que comenzó con la detección de casos positivos en personas de barrios altos de la capital provenientes desde países europeos donde ya se registraban miles de casos. Este sector acomodado se encargó de propagar el virus por Santiago y una vez fueron suspendidas las clases en las escuelas y se paralizaron algunos servicios, decidieron salir de Santiago por unas vacaciones de pandemia hacia sus cabañas en el litoral central, donde fueron recibidos por las comunidades con barricadas que intentaban prohibirles el acceso por el riesgo de contagio. Ante la nula contención de los barrios en que se iniciaron los contagios, fue la organización comunitaria la que busca las respuestas.

En paralelo, comenzaba el bombardeo comunicacional con el llamado al autocuidado, las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos para evitar el contagio. Pero en la realidad, el gobierno no decretó cuarentena para no afectar a las empresas, continuando con las aglomeraciones en el transporte público y la propagación del virus. Por su parte, el llamado al lavado frecuente de manos encontraba a miles de personas sin acceso al agua producto de la sequía y la privatización del agua vigente desde la dictadura. Con el correr de los días y cuando los contagios se contaban por miles, Piñera intentaba controlar los ánimos argumentando que “estamos mejor preparados que Italia”, asegurando que incluso se compraron ventiladores mecánicos en enero, situación que fue desmentida días después por otro representante del gobierno que indicó que las compras fueron en marzo. La pretendida “preparación” del gobierno ante la pandemia contrasta con un sistema de salud pública precarizado, saturado, sin equipamiento suficiente y con la triste cifra de cerca de 26 mil muertes al año de pacientes que no encuentran atención médica oportuna. La situación se vuelve preocupante con el aumento diario de casos de trabajadore@s de la salud contagiad@s, quienes han realizado protestas y denuncias de falta de equipamiento de protección.

El brazo derecho de Piñera en esta campaña, el ministro de salud Jaime Mañalich, tampoco brilla por sus declaraciones y su historial. Ya en 2015 fue expulsado del Colegio Médico por faltas a la ética, producto del escándalo de 2013 cuando ocupaba el mismo cargo durante el primer gobierno de Piñera, donde una investigación detectó que el 44% de listas de esperas del sistema público fueron simplemente borradas y cerca de 30 mil personas quedaron sin atención. En la presente crisis, los errores del ministerio comenzaron antes de la llegada del coronavirus, tal como ocurrió con la vacunación contra la influenza y las fallas logísticas que demoraron su aplicación en varias ciudades que generaron aglomeraciones de personas en los centros de salud y significaron una alta exposición de la población. Esta situación prende las alarmas por la real capacidad de contención que se desplegará en las siguientes semanas y la masividad de contagios que se pronostica. Para atender debidamente a la contingencia, las recomendaciones pasan por la pronta detección de los contagios, pero en Chile se realizan pocos exámenes diarios y los resultados de las muestras están demorando 72 horas o más. Además, la poca transparencia del Estado con respecto a los datos reales de contagio ha hecho difícil el seguimiento y contención de su expansión.

Capitalismo de desastre

La autora Naomi Klein describe el “capitalismo de desastre” como la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. Con la llegada del coronavirus a Chile, la oportunidad de negocios que se abría, sumada a la desregulación neoliberal del mercado de la salud, dieron paso a que en los primeros días de la pandemia los productos higiénicos como alcohol y mascarillas subieran enormemente de precio en las farmacias. Lo mismo ocurrió con el examen del coronavirus, llegando a costar cerca de $150 mil en clínicas privadas y cerca de $80 mil en hospitales públicos para quienes no tienen previsión, como ocurre con quienes trabajan independientes. Si bien para quienes sí poseen previsión el valor era menor y en otros casos gratuito, el gobierno tuvo que intervenir ante el descontento y regular el precio de los exámenes para el sistema público y privado. Lo mismo sucedió con el anuncio de alzas de los planes de la salud privada, que generó gran revuelo obligando al gobierno a aplazar el alza por tres meses.

Otra polémica de sobreprecios en plena pandemia fue la compra de los ventiladores mecánicos que se utilizan para pacientes gravemente afectad@s por el virus. El gobierno adquirió 23 ventiladores mecánicos por $644 millones, siendo que el mismo modelo fue ofrecido 2018 por el mismo proveedor a $10 millones menos cada uno. Desde el gobierno justificaron el negocio argumentando que la empresa contaba con stock para entrega inmediata. Algo similar ocurrió a fines de marzo con el arriendo del Espacio Riesco, un centro de eventos de Santiago que el gobierno arrendó por $20 millones mensuales, instalándose cerca de 700 camas para enfrentar la pandemia y que generó revuelo porque se podrían haber habilitado otros espacios a menor costo.

Estos casos generaron polémica porque en el “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” que declaró Piñera desde el 18 de marzo, el gobierno puede fijar precios de productos esenciales, expropiar propiedad privada e incluso nacionalizar empresas.

El uso de los recursos fiscales para hacer frente a la pandemia ha estado en el centro del debate. La discusión es alimentada por la intención de ciertos municipios de comprar el medicamento Interferon Alfa 2B elaborado en Cuba, que si bien no es una solución definitiva, se trata de una proteína que actúa a nivel celular interfiriendo la multiplicación del virus y según sus defensores, ha sido utilizada con éxito en China y España para tratar casos graves de Covid-19. La compra masiva del Interferón Alfa 2B ha sido descartada por el gobierno, al momento que el clima de debate es alimentado por la noticia de la decisión del gobierno de España de nacionalizar los hospitales privados para enfrentar la crisis sanitaria. Medida impensable en el Chile neoliberal, donde Piñera descartó de plano la posibilidad de nacionalizar hospitales privados, los cuales, una vez que la pandemia llegue a su punto más alto de contagio, serán arrendados por el Estado para contener la saturación del sistema público y por tanto, terminaremos pagando tod@s. Ante esta polémica Piñera declaró que: “No usemos una crisis sanitaria, de la magnitud del coronavirus, para tratar de imponer ideologías”, como si las privatizaciones y el liberalismo extremo no fueran un tema político e ideológico.

Por su parte, el comportamiento social incubado por la cultura del lucro y el bienestar privado sobre el colectivo, llevó a varias personas a comprar más de lo que necesitaban e incluso a comerciar productos como alcohol y mascarillas a mayor precio en el mercado informal e internet. Tal como hicieron impunemente las farmacias.

El uso de las facultades y los recursos fiscales en la pandemia ha vuelto a generar el debate sobre la naturaleza neoliberal del sistema chileno. Donde el comportamiento gubernamental-empresarial y los límites de lo público y lo privado en la cuna de neoliberalismo, están determinados a favorecer los negocios sobre el bien común, inclusive (y sobre todo) en plena pandemia.

Huelgas pandémicas

Ante el avance del virus en la región chilena, fueron las comunidades y la sociedad civil las que tomaron medidas de prevención y presión al gobierno para que implementara una contención a la expansión. Luego del primer caso detectado el 3 de marzo y el rápido aumento día tras día, las comunidades educativas fueron las primeras en pedir el cierre de los establecimientos educaciones, medida que fue postergada por el gobierno a pesar de las presiones de los alcaldes. El gobierno cedió al 15 de marzo y l@s estudiantes dejaron de asistir, pero en muchos establecimientos continuaron asistiendo sus trabajador@s.

Esta situación se repitió en varias empresas con manifestaciones y huelgas espontáneas que pedían la suspensión de actividades y la implementación de medidas de cuidado en el transporte público. El gobierno respondió con acciones insuficientes como el cierre de empresas un par de horas antes de lo habitual. El movimiento de manifestaciones alcanzó un punto alto con las protestas y cacerolazos de l@s trabajadores de los malls y grandes centros comerciales, que luego de varios días lograron el cierre definitivo. En la provincia de Arauco, región del Bío-Bío, fueron masivas las protestas y cortes de ruta de l@s trabajadores de la construcción de la planta forestal MAPA, donde trabajan 8 mil 200 personas, que luego de días de protesta lograron paralizar la obra. Así también fueron los cierres comunales en Cañete y Tirúa.

Las (in) acciones del gobierno

La respuesta del gobierno ha sido el toque de queda nocturno a cargo de militares y carabineros, que ya tuvo su primera víctima en Santiago con una persona baleada por un policía el 26 de marzo. El uniformado argumentó legítima defensa, pero hay videos que desmienten dicha versión. Por otra parte, en medio del desprestigio de las fuerzas de orden por su actuación en la represión de la revuelta, dos de los generales designados para comandar el toque de queda figuran en millonarios casos de corrupción que hace un par de años se descubrieron en el ejército.

En las calles se aprecia menos movimiento, pero las actividades económicas continúan operando en gran mayoría. Se vive una especie de cuarentena parcial, ya que sólo se aplica cabalmente en algunas comunas de la capital y un par de ciudades del resto del país. Este comportamiento empresarial por parte del gobierno se manifestó también en el caso de las licencias médicas laborales, ya que el 18 de marzo un dictamen del ministerio de salud indicó que sólo se pagarían las licencias a las personas que dieron positivo en el examen de coronavirus, pero excluyendo a quienes fueran sus contactos cercanos. Al poco andar y producto de las reacciones de amplios sectores, la medida fue depuesta por el gobierno y se extendieron las licencias. Por su parte, amplio rechazo han generado los casos en que la población se ha visto forzada a aglomeraciones innecesarias y evitables. Al igual como comentábamos anteriormente en relación a los errores en la vacunación de la influenza y las aglomeraciones que provocó, el inicio de la cuarentena en 7 comunas de la capital activó el mecanismo de permisos temporales para circular por las calles desde el 26 de marzo. Estos permisos se obtenían en un sitio web del gobierno que requerían registro, el que rápidamente se saturó y obligó a miles de personas a largas filas en las oficinas gubernamentales. Con la gente aglomerada y esperando por atención, el presidente anuncia por cadena nacional que el registro ya no era necesario y sólo se obtendría con el documento de identidad. La indignación fue grande, al igual como ocurrió con las aglomeraciones en los edificios municipales el 31 de marzo, fecha en que vencía el plazo para pagar los permisos de circulación de vehículos. Si bien unos días antes el parlamento había promulgado una ley que aplazaba la fecha del pago, en la práctica permitió que dicha prórroga quedara sujeta a intereses. La situación aglomeró a miles de personas y la indignación obligó al gobierno y al parlamento a revertir la medida. A estas situaciones debemos agregar las aglomeraciones en las oficinas del Seguro de Cesantía, que además de dar señales del aumento masivo de los despidos, deja en evidencia la poca anticipación del gobierno para habilitar debidamente los sistemas informáticos de consulta, los que se encuentran saturados y motivan las aglomeraciones. 

A pesar de las recomendaciones del Colegio Médico, el gobierno se resiste a decretar la cuarentena total, como lo hicieron en Argentina o Perú cuando incluso tenían menos casos de contagio que Chile. Por otra parte, diversos municipios han decretado improvisadas cuarentenas preventivas, las que el gobierno central rechaza acusando que no tienen las facultades legales, y las cuales fueron inmediatamente desestimadas por los mandos militares a la cabeza de los gobiernos regionales en pos de la «normalidad», evidenciando nuevamente a los poderes que sirven.

El Estado, como institución capitalista, no generará una distribución de la riqueza que permita una cuarentena efectiva. En la cuna del neoliberalismo, el Estado subsidiario entrega al mercado la decisión de proteger la vida o continuar la acumulación de capital. Desde el gobierno y los medios de comunicación invaden con los llamados a no salir de los hogares, a la responsabilidad individual, pero ese tipo de cuarentena voluntaria no es posible para tod@s y son much@s quienes salen a trabajar. Además, sea voluntaria o total, una cuarentena que no esté acompañada de una masiva toma de muestras significa contagiar a la población sana e impide tener seguimiento de los contagios, cuestión que el gobierno no muestra interés en atender.

El virus buena persona

En la cruda realidad del mercado del trabajo en Chile, para la mayoría de l@s trabajador@s sería muy complejo realizar una cuarentena voluntaria sin recibir aportes directos, sobre todo si consideramos el gran número que trabajador@s precarizad@s que no cuentan con un contrato de trabajo ni seguro de cesantía. Además, sólo un pequeño porcentaje, puede realizar trabajo a distancia vía internet y el resto se ve forzado a salir a las calles y exponerse.

Debemos esperar a que el virus se vuelva buena persona, tal como dice Mañalich, mientras se fomenta el confinamiento en los hogares, los que bajo una estructuración patriarcal de la sociedad, son escenario de un aumento en casos de violencia hacia las mujeres. Así lo indica el aumento en un 70% de las llamadas al Fono 1455 de “Orientación en Violencia Contra la Mujer”. También es preocupante la situación en los recintos del Servicio Nacional de Menores (SENAME), institución encargada de los niños, niñas y adolescentes infractor@s de la ley o cuy@s tutor@s no pueden garantizar su cuidado, pero que en realidad funciona con prácticas carcelarias y abusivas, que desde 2005 a 2019 han provocado el fallecimiento de 1.700 menores residentes. Punto aún más crítico son las cárceles, donde al 13 de abril se registran 24 pres@s y 59 gendarmes contagiad@s. Esta situación ha generado motines por parte de pres@s que exigen la implementación de medidas para contener el virus, cuya propagación se favorece con las precarias condiciones de higiene y el hacinamiento de las prisiones. En esa línea, las organizaciones sociales intentan presionar para que l@s 2.500 pres@s que dejó la revuelta popular iniciada en octubre puedan cumplir su prisión preventiva fuera de la cárcel. Aún más crítica es la situación para la gente que sobrevive en la calle y cuya cifra en Chile se calcula en 20 mil.

El show debe continuar

Dada su naturaleza empresarial, el gobierno de Piñera anunció el pasado 19 de marzo un paquete de recursos que apuntan a contener la situación, pero como si se tratara de una crisis económica que afecta a un determinado eslabón de la cadena, más que atender una crisis sanitaria donde se rompe el funcionamiento real de la economía. Esto debido a que de los $11.750 millones de dólares, equivalentes a un 4,7% del PIB (Producto Interno Bruto), sólo un 35% representa gasto; en salud, aporte al seguro de cesantía y el llamado «Bono Covid-19». Este último consiste en un pago a personas que cumplen ciertos requisitos y se encuentran dentro del 60% de menores ingresos. Este pago consiste en $50.000, una sola vez y según cifras del gobierno alcanzaría a 1 millón 600 mil personas, pero con el elevado costo de la vida en Chile, ese monto se vuelve totalmente insuficiente para enfrentar la pandemia.

El otro gran porcentaje del paquete económico está entregado en forma de créditos para que las empresas tengan liquidez, es decir, capacidad de pago y dinero a mano. Esto quiere decir que el Estado asumirá el pago de los impuestos que hacen las empresas al fisco por un par de meses y luego las empresas deberán pagar. Pero, aunque dicho pago sea sin intereses, funciona como crédito y no se puede considerar un gasto social en el marco de una pandemia donde no hay producción y la cadena económica se rompe. 

Para hacer efectivo el paquete económico, el gobierno promulgó la llamada “ley de protección al empleo”, que profundiza la flexibilidad laboral en perjuicio de la clase trabajadora. Esta ley permite a las empresas “suspender” la relación con sus trabajador@s, congelando el pago del salario y reduciendo los pagos previsionales y de salud en un 50% del salario. Los ingresos de l@s trabajador@s llegarían desde las cuentas individuales del seguro de cesantía, que permiten el pago del 70% del salario, pero decrecen 15 a 10% cada mes hasta que se acaba el monto de la cuenta. Sólo en ese momento, se activan los fondos del seguro solidario, que se financia con aportes de las empresas y el Estado. Además, las empresas podrán “acordar” con sus trabajador@s la reducción de la jornada laboral y del salario en proporción a ello, complementando los ingresos con un 25% de su remuneración, con cargo al seguro de cesantía. Es todos los casos, la “suspensión” del trabajo implica prioritariamente el gasto de las cuentas individuales del seguro. Estas medidas del gobierno indican que será el mercado el que regule el impacto de la crisis en la clase trabajadora, ya que dependerá de las empresas la suspensión de los contratos (asumiendo los gastos previsionales y de salud de sus trabajador@s) o simplemente despedirles.

No obstante, el plan deja desprotegidos a l@s trabajador@s precarizad@s que no tienen contrato de trabajo ni seguro de cesantía y que representan un 38,9% de la fuerza de trabajo ocupada, sumando casi 3 millones 600 mil personas. En este clima, se pronostica la quiebra de empresas y despidos masivos, sobre todo en el sector de servicios como comercio, transporte, hotelería, restaurantes, actividades recreativas y profesionales, que en conjunto emplean a más de dos millones de personas en el país.

Siguiendo la receta neoliberal, el Estado no interviene el mercado, ni siquiera en tiempos de crisis, en los que podría hacerse cargo de los salarios, suprimir el cobro por servicios básicos y deudas financieras. En ese sentido, el gobierno “negoció” con las empresas la suspensión de las cuentas de los servicios básicos para el 40% de la población de menos ingresos. Además, algunos bancos han activado la postergación del pago de créditos, pero en varios casos se trata de un nuevo crédito con tasas de interés más altas. En esa misma línea, el 16 de marzo el Banco Central anunció la baja de la tasa de interés para inyectar liquidez al sistema financiero, lo que significa que los bancos podrán solicitar a dicha entidad créditos a tasas más favorables, con el fin de brindar créditos más rápido a las personas y empresas. Todas estas postergaciones y nuevos endeudamientos tendrán un efecto devastador en el mediano plazo, sobre todo si consideramos que un 82% de personas mayores de edad están endeudadas, es decir, más de 11 millones de personas en un país de 18 millones de habitantes.

A principios de abril el gobierno anunció un segundo paquete de medidas económicas que siguen en la línea de bonos parcelados y créditos a empresas. Se trata de cerca de 5 mil millones de dólares, que sumados al primer paquete llega a $16.750 millones de dólares, es decir, un 6,7% del PIB. De este segundo paquete, 2 mil millones de dólares serán usados en bonos para trabajador@s informales que no tienen acceso al seguro de cesantía. Según cifras del gobierno, la medida ayudará a cerca de 2 millones 600 mil personas pertenecientes al 60% de menores ingresos, no obstante, todavía no hay anuncios sobre el monto de los bonos ni de ayuda a l@s trabajador@s que emiten boletas de honorarios. Los otros 3 mil millones de dólares serán destinados al FOGAPE (Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios), cuyo saldo final se estima en 24 mil millones de dólares. Este fondo se utiliza para dar garantía estatal a los créditos que toman las empresas, las que en tiempos de incertidumbre comercial aumentan el riesgo de no pagar los créditos que solicitan a la banca. Ante ello, el Estado se hará cargo de hasta un 85% del crédito en casos de incumplimiento de pagos. Es decir, se financia con dineros públicos el riesgo del crédito a las empresas y un eventual salvataje de la banca.

Este panorama revive el debate sobre los fondos de pensiones y la posibilidad de utilizarlos para hacer frente a la pandemia. Ante algunas propuestas de utilizar el 5% de dichos fondos para quienes más lo necesitan, el gobierno se negó de plano. A pesar de que marzo cerró con las pérdidas más grandes en la historia de los fondos de pensiones, debido a que en el privatizado sistema de pensiones que tiene Chile, las empresas que administran los fondos (AFP) invierten con ellos en el mercado financiero, el que ha visto duras caídas a nivel mundial producto del virus. Según cifras de las propias AFP, los fondos de pensiones perdieron en marzo casi 25.000 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB. Es decir, invierten con las pensiones de la clase trabajadora en sus negocios y ahora que andan mal, reparten las pérdidas.

Vivimos un nuevo asalto neoliberal en medio de la pandemia, donde aprovechan el shock para imponer medidas económicas de salvataje estatal a bancos y empresas, pero no para atender las necesidades de la población. Todo esto intenta ser maquillado con la “solidaridad” de los grandes grupos económicos, que crearon a fines de marzo el llamado «Fondo Privado de Emergencia para la Salud», que busca reunir 50 mil millones de pesos y donarlos para los gastos públicos de salud ante el coronavirus. A lo que sumaron sus “desinteresados” aportes en el festín empresarial de la Teletón a principios de abril.

Mutaciones en el virus del capital

El capitalismo ha demostrado a lo largo de su historia una constante de crisis y acomodaciones congénitas. La actual crisis, por su dimensión global, permite la experimentación con nuevas-viejas formas de control y militarización que podrían extenderse más allá de las catástrofes. A pesar de las denuncias de EE.UU. contra China sobre ocultar y manipular cifras de contagio y muertes por el coronavirus, la receta de la vigilancia digital y control total de China se extiende como modelo para enfrentar la pandemia. El modelo chino para frenar el virus, basado en un Estado centralizado, se muestra más eficaz que el liberalismo occidental ahora más afectado que la propia China, reviviendo posturas estatistas de administración del capital.  

El sistema-mundo capitalista está en recesión y para reactivarse el capitalismo ocupará la misma estrategia usada en la crisis del 2008: rescates estatales a la banca y empresas financieras, y la emisión de créditos para oxigenar al sistema. La actual crisis subirá los niveles de desempleo y desigualdad, las deudas fiscales se pagarán con recortes sociales y precarizaciones en la clase trabajadora, la que nuevamente terminará pagando la crisis.

Brote anticapitalista

Las duras consecuencias que dejará la pandemia en las clases oprimidas del mundo podrían significar una profundización del ciclo de luchas iniciado el 2019 en distintas partes del mundo. Para el caso chileno, la pandemia encontró al pueblo con ciertos niveles de articulación barrial y asamblearia aprendidos durante los 5 meses de revuelta. Esta regeneración del tejido social se perfila como la clave para las muestras de solidaridad y cuidados comunitarios que ya se multiplican en varios territorios. En paralelo, en el plano de lo simbólico, el gobierno abre viejas heridas con el proyecto de “ley humanitaria”, que si bien busca garantizar que personas mayores cumplan sus condenas de cárcel en sus hogares, incluye la posibilidad de que se vean beneficiados los militares asesinos, torturadores y violadores de Derechos Humanos de la dictadura que actualmente cumplen condena en sus cárceles especiales. Por su parte, el poder judicial aprovechó el silencio de las calles para absolver a 8 condenados por violaciones de Derechos Humanos de la dictadura, además de rebajar a 3 años y 1 día el castigo a otros nueve, a quienes además se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. Ese aprovechamiento retorcido del shock por parte del Estado, tomó niveles de provocación con la visita de Piñera a la Plaza de la Dignidad a principios de abril, donde se fotografió posando en el epicentro de la revuelta santiaguina y generó amplio rechazo en la población.

La atomización social consecuencia de la pandemia deberá ser combatida con la recuperación de las calles y la entrada en una nueva fase de la revuelta, que encontrará duras batallas ideológicas de cara al “plebiscito constituyente” aplazado para octubre y que desde el poder se perfila como su mejor carta para contener el alzamiento popular iniciado en 2019.

Nuestra apuesta es continuar las luchas desatadas y proyectar alternativas que apunten a la superación del principio de autoridad, base de la civilización y origen de la dominación patriarcal, la división de clases sociales y la separación de la humanidad con la naturaleza. Lo que nos ha llevado a los actuales niveles de depredación ecológica y la emergencia de nuevos virus que evidencian el círculo vicioso de la pandemia capitalista.

Asamblea Anarquista del Bio-bío

Región chilena

Abril de 2020

biobioanarquista@riseup.net