Alex Lemún tenía 17 años cuando el oficial de Carabineros, Marco Treuer le disparó en la cabeza mientras la comunidad del joven reivindicaba un fundo de Forestal Mininco del grupo Matte (Fundo Santa Elisa, comuna de Ercilla), asesinato que quedó en la impunidad por largo tiempo y que fue la antesala al “Plan de Operación Paciencia” (Fines del 2002 al 2005).

Camilo Catrillanca tenía 24 años, era padre de una hija de 6 años y su compañera esperaba otra hija que nació en mayo de este 2019. Camilo fue asesinado mientras intentaba proteger a un niño en un tractor, siendo acribillado por la espalda, en la cabeza, el 14 de noviembre del 2018 por miembros del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y del Comando Jungla, crimen perpetuado luego del desplome de los planes de operación “Huracán y Andes”, asesinato que intentó cubrirse con un montaje y que involucró la responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe señalar que Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), también fueron asesinados por la espalda por otros miembros del GOPE, como parte de una cobarde practica, así como hoy se mutilan ojos de manifestantes en octubre-noviembre de 2019. Asimismo, Brandon Hernández Huentecol, con 17 años, fue víctima de un intento de homicidio, quien recibió por la espalda y reducido en el suelo más de 180 perdigones en diciembre del 2017, varios de los cuales permanecen al interior de su cuerpo, tras ser sometido a más de 15 operaciones, con afectaciones para toda su vida. En mayo del 2016, Ruth Meñaco del sector de Lleu Lleu de Tirúa, gritaba a los agentes represores que dejaran de lanzar bombas lacrimógenas en la comunidad y su vivienda, ya que sus hijos de tres, once y doce años sufrían los embates de los gases. Fue atacada y herida con disparos perpetuados por miembros del GOPE en presencia de los niños. Estos son solo algunos ejemplos.

El asesinato de Alex Lemún

El 12 de noviembre de 2002, después de 5 días de agonía, murió en Temuco, Alex Lemún, de 17 años de edad, tras recibir un impacto de bala en la cabeza por parte del oficial de Carabineros Marco Treurer, mientras participaba en la recuperación de un predio (Forestal Mininco) en la comuna de Ercilla.

Luego del asesinato, vino una razzia policial, con aplicación de la Ley antiterrorista, persecuciones por “asociaciones ilícitas terroristas”, militarización por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campañas informativas a través de medios masivos comerciales, todo, articulado por sectores privados y gubernamental en un plan que se denominó “Paciencia”, dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche, plan que buscaba frenar las movilizaciones del Pueblo Mapuche por tierras ancestrales y las protestas contra las forestales, donde el asesinato de Lemún fue prácticamente un punto de partida y que se extendió hasta el 2005, en el periodo de Ricardo Lagos.

El oficial Marco Treurer fue premiado con ascensos consecutivos, blindado por la institución. Pasó de mayor a T. Coronel luego del asesinato e incluso, tuvo jefaturas como de transporte al interior de la institución en la zona central de la Región de O”higgins.

El asesinato de Alex Lemún se enmarcó en la impunidad que la Justicia Militar chilena otorgaba a agentes estatales policiales que cometían asesinatos y abusos contra civiles, sin embargo, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de abril de 2006 por representaciones Mapuche defensoras de derechos humanos vinculadas a la familia, dando cuenta de la incompatibilidad de la jurisdicción militar con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Luego de casi 7 años, La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la protección judicial.

Por requerimiento de la CIDH en el año 2017, La Corte Suprema ordena reabrir el caso y que sea llevado por la justicia civil, estableciéndose un Fiscal especial al respecto. Así, Treurer Heysen, luego de 16 años de impunidad, a partir del 2018 tuvo que comenzar a sentarse en el banquillo de los acusados, con prisión preventiva, a quien se le rechazó un amparo y luego una acción de sobreseimiento en mayo de este 2019. Hoy se encuentra a la espera de una condena.

El asesinato de Camilo Catrillanca

Camilo Catrillanca Marin, fue asesinado el 14 de noviembre de 2018, tras recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza, mientras intentaba proteger a un niño que lo acompañaba en un tractor. El proyectil fue disparado por el GOPE – Comando Jungla, aún en investigación.

Según informes policiales de inteligencia, Camilo Catrillanca, ya estaba previamente en la mira. El documento -“Exposición coordinación zona control orden público”– que CIPER reveló a fines de noviembre del 2018 lo indicaba, el que fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE). La misma unidad que en esos precisos días de 2017 llevaba a cabo la “Operación Huracán”

Camilo era activo en la defensa de los derechos Mapuche. Fue nieto del conocido lonko en los procesos territoriales de Temucuicui, Juan Catrillanca e hijo del dirigente y werken, Marcelo Catrillanca, quien también fue perseguido por el estado en años anteriores.

Cabe recordar, una vez cometido el asesinato. Andrés Chadwick como Ministro del Interior, dijo a la prensa: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta la rebelión social de octubre del 2019.

En septiembre de 2019, La Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (que se mantiene en el cargo), en el crimen del joven Camilo Catrillanca.

En el texto, de 247 paginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.

Previo al asesinato de Camilo Catrillanca, estuvo activa La “Operación Huracán”, acto desde una unidad de inteligencia de Carabineros, sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, con el propósito de frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.

La Operación Huracán no era aislada, era la antesala a la Operación Andes que intentaba llevarlo a un escenario internacional y transfronterizo (Chile – Argentina), con el involucramiento de los gobiernos de Chile y Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecía un tráfico de armas” desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile, pero todo se vino abajo con el desmoronamiento de la operación Huracán que daba cuenta que todo fue una invención.

Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulación de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, mientras el gobierno de Piñera trataba de desmarcarse, tratando de aparecer como “víctimas” de esta unidad de Carabineros.

Cabe recordar que en septiembre del 2017, el Gobierno se hizo parte del montaje y comenzaba a hablar de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche, razón por la cual el ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La operación también involucró viajes e intercambios de fiscales y policías de Neuquén y la Araucanía.

Hoy, desde inicios de noviembre del 2019, la Ministra Bullrich junto a otros integrantes del Ministerio de Seguridad, se encuentra imputados por casos de violencia, represión, muerte y espionaje a comuneros Mapuche en Argentina.

Alfredo Seguel