La noche del 3 de mayo del 2007, durante el segundo año de gobierno de Michelle Bachelet, los trabajadores forestales subcontratados de la empresa “Horcones”, filial de Bosques Arauco en Concepción (propiedad de Empresas Arauco, también dueña de CELCO y propiedad de Empresas Copec, del grupo Angelini) salían nuevamente a la carretera a protestar. Tras tres meses de infructuosas negociaciones y de violenta represión por parte de la FFEE de carabineros no había mermado el ánimo de lucha en los trabajadores para ser considerados en igualdad de condiciones y salarios que de aquellos de planta.

Vía Radio Villa Francia

Fue en ese contexto, durante los enfrentamientos entre trabajadores y las fuerzas policiales, en que muere acribillado el joven trabajador forestal Rodrigo Cisternas Hernández (26) a manos de carabineros. Más de 25 balas disparadas desde distintas armas (en los peritajes se encontrarían balas 9mm, atribuibles a sub ametralladoras UZI y de pistolas calibre 38), las que finalmente impactaron el cuerpo del joven operario forestal causándole la muerte.

Según relatos de trabajadores presentes, Rodrigo, ante la impotencia de la represión que sufrían él y sus compañeros y luego que carabineros arremetiera en contra de ellos y los autos de los trabajadores -los cuales resultaron destruidos por la acción policial, incluyendo el de Rodrigo- fue en ese momento en que Cisternas tomó una retroexcavadora -cargador frontal- para repeler el ataque por parte de piquetes de Fuerzas Especiales de carabineros y se avalanzó sobre un bus de la institución. Carabineros, en una acción desmesurada, disparó en reiteradas ocasiones hacia la cabina de la maquinaria en donde estaba Cisternas.

Tras la muerte de Rodrigo Cisternas, la movilización de trabajadores subcontratados -iniciada semanas antes de su deceso- llegó a su fin. Tras el trágico desenlace se lograron los 23 puntos del petitorio sindical, logrando -en parte- equiparar las condiciones de trabajo de los trabajadores de planta con los subcontratados. A partir de la lucha de los subcontratados de Bosques Arauco y la muerte de Rodrigo Cisternas, comenzó una ola de protestas y huelgas de trabajadores subcontratados en el país, comenzando por los de CODELCO y continuando con los de ENAP.

El caso quedó en manos de la Justicia Militar, la que poco tiempo después -el 07 de diciembre de ese año- terminó por cerrar la investigación, luego que el ministro en vista, Renato Ñuco Luco decidiera que ya no había más nuevos antecedentes. El cierre de la investigación generó critica en la familia de Rodrigo y varias organizaciones sindicales, quienes apuntaron a la parcialidad de Ñuco Luco, quien en dicha época cumplía funciones en la Escuela de Carabineros como docente de la institución uniformada. Sin embargo la familia, encabezada por Lina Fernández, madre de Rodrigo, su esposa y su abogado siguieron insistiendo tozudamente para obtener justicia.

Fue recién en abril del 2013, cuando el Primer Juzgado Civil de Concepción, determinó la responsabilidad policial y del Estado Chileno en el crimen, ordenando al fisco cancelar una indemnización de 30 millones de pesos a la viuda del obrero asesinado, Evelyn Sanhueza y también 10 millones de pesos cada uno de los cuatro operarios heridos de bala durante la protesta. Así mismo, se determinó el pago de 20 millones de pesos a un quinto trabajador, quien producto de la acción represiva de carabineros perdió la vista en su ojo izquierdo.

En la resolución, la magistrado agregó: “resulta efectivo que se incurrió en la falta de servicio que se invoca y ésta a la luz de los hechos, causó daños, que son una consecuencia inmediata de aquella; daños que con evidencia, además de físicos con relación a los participantes en el conflicto, son psicológicos, de fuerte impresión, de indefensión, de sentimientos encontrados, de perplejidad; no otra cosa podría causar el que un padre de familia por luchar por sus reivindicaciones salariales vuelva en un ataúd a su hogar, otros heridos de bala y otro sin uno de sus órganos vitales; por lo que el demandado es responsable civilmente del daño moral causado” (sic).