Las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs) ‘Cisnes’, ‘Punta ballena’ y ‘Ballena chica’ en las Guaitecas (a petición de la comunidad indígena Pu Wapi); y la solicitud de ECMPO ‘Islas Huichas’, solicitada por las comunidades Antunen Rain, Pewmayen, Aliwen y Fotem Mapu, enfrentan un escenario altamente complejo por tres razones básicas:

Primero: por una parte, la insularidad aysenina es un escenario de disputas productivas respaldadas por una normativa nacional que promueve el extractivismo como figura primordial de desarrollo económico. En sentido inverso, los ECMPO’s son figuras que buscan asegurar un habitar equilibrado, donde múltiples usos (festivos, de subsistencia, de extracción sustentable, etc.) puedan ocurrir con las mismas posibilidades equitativamente. Lo paradójico de la fórmula imperante es que se espera que desde el mar y litoral se extraigan dividendos, pero éstos no se disfrutan en el lugar sino muy lejos de allí. Quienes son residentes deben hacerse cargo de las consecuencias negativas que quedan en el lugar (desechos plásticos, disminución de especies nativas, eutrofización que favorece el Florecimiento de Algas Nocivas (FAN)). Además, poseen una baja escolaridad, lo que los obliga a participar marginalmente ganando tan poco que, sumando y restando, más bien subvencionan el enriquecimiento de otros a costa de su esfuerzo.

Segundo: El discurso de desarrollo nacional impulsa la migración de las personas desde los espacios insulares hacia centros urbanos donde, se supone, vivirán mejor. Así lo sugiere un estudio realizado por la Fundación Superación Pobreza respecto a los isleños de las regiones de Los lagos y Aysén. En esta lógica no existen muchas posibilidades de que un joven isleño pueda, por ejemplo, adquirir educación media en una isla (salvo excepciones gratificantes, como ocurre en Melinka), o estudiar una carrera técnico-profesional, y poder trabajar una vez obtenido este título. Quienes optan por vivir de oficios tradicionales como la pesca artesanal, recolección de algas, extracción de leña, entre muchos otros, casi siempre son considerados como actores subalternos, mal pagados (a pesar del enorme esfuerzo y sacrificio que despliegan en su trabajo y vida), que no merecen reconocimiento.  Sin embargo, gracias a ellos las localidades insulares se han mantenido vivas por tanto tiempo, a pesar de todos los problemas que han sufrido durante su historia y todas las barreras que enfrentan.   

Tercero: Tal vez lo más crucial: los discursos que imperan en la capital regional, y representantes del Estado,  que cuestionan a las comunidades indígenas y el uso de la Ley Lafkenche insisten en que en la región la población indígena es mínima y/o es de origen foráneo a la región.

Ambas afirmaciones son claramente falsas. Los datos del último Censo 2017 son categóricos: al menos la mitad de los habitantes isleños se reconocen como pertenecientes a un Pueblo Originario (por ejemplo, en la comuna de Las Guaitecas la cifra alcanza el 51%, muy similar a lo que sucede si se analiza desagregadamente la situación de otras islas habitadas). De este modo, las solicitudes de ECMPO en estos archipiélagos sí son coherentes con sus habitantes, su sentir y demandas. Esta invisibilidad discursiva no debería sorprendernos: los descendientes selk’nam en Chile y Argentina lo sufren desde hace mucho tiempo debido a que la literatura histórica, antropológica, educativa, etc, de ambos países siempre los tratan como un pueblo extinto.

La segunda afirmación, que la población indígena del litoral sería foránea a la región, es también fruto del prejuicio y la incomprensión de la historia, la cultura y la territorialidad del pueblo originario que lo habita. Ignorancia, pero también una intencionalidad, el racismo y el clasismo que impera en la región, han contribuido desde hace décadas a invisibilizar la existencia y el habitar permanente de cientos de familias indígenas en el litoral.

Hoy en día son estas familias las que se han organizado en comunidades y están solicitando una mínima reparación a la inmensa expoliación que han sufrido en los últimos siglos. Al solicitar la administración del espacio marino y costero de su territorio ancestral, lo hacen también proponiendo un nuevo modelo de uso, no orientado al extractivismo ilimitado, sino al uso racional y sustentable de los medios de vida que el territorio puede brindar.

Resolver esta invisibilidad intencionada es clave, pues mientras se siga insistiendo en que los Pueblos Originarios de la región de Aysén no existen, el conflicto sólo se incrementará y la identidad regional seguirá careciendo de una de sus raíces más importantes.

Los mares, islas y costas de la región son uno de los escenarios con mayor biodiversidad del país (así lo demostró hace mucho tiempo una investigación de la Universidad Austral de Chile que buscaba explicar por qué a los grandes cetáceos les atrae tanto). Esta biodiversidad es, potencialmente, capaz de generar economías para beneficios de todos quienes la habitan, tanto en el continente como en su archipiélago. Pero ello requiere que los servicios ecosistémicos insulares se mantengan en muy buenas condiciones, algo que durante milenios fue una condición basal en el modelo de vida indígena. Si tomamos como antecedente lo que el modelo de desarrollo imperante le ha hecho al archipiélago de Chiloé, no sólo Aysén, sino también Magallanes debiesen reflexionar colectivamente sobre lo que quieren como futuro. Y entre todas las figuras legales que existen hoy en día para ‘usar’ el mar, los ECMPO son probablemente los únicos que en lugar de ‘usar’ plantean el ‘vivir’ como filosofía basal.

Lo anterior toma una real preocupación al momento de conocer las realidades que deben superar las comunidades al observar que una solicitud realizada por la comunidad Pu Wapi Melinka fue rechazada en 2017 por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero sin fundamentar los motivos. Ante lo cual, y tras un largo proceso de apelaciones desencadenó el pronunciamiento de la corte suprema obligando a dicha comisión a votar nuevamente “con estricto apego a la ley”, sin embargo, el 29 de noviembre de 2018 una vez más ocurrió lo mismo. Por el momento, se interpuso un recurso de protección, solicitando una orden de no innovar sobre el espacio en cuestión. De ser rechazada, significará dar pie a que la cuestionada industria salmonera utilice el área para sus propósitos en desmedro de la población humana y no humana del lugar.

Esta reflexión es también un llamado a la sociedad no indígena de la región, a abrirse a aprender y comprender la existencia de otros/as vidas y racionalidades, y a apoyar el establecimiento de los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios, una nueva forma de administrar el territorio por parte de esa mayoría que vive en y del territorio.

Coordinadora de Comunidades Willi Lafken Weychan