Santiago, 10 de octubre de 2018:
Con una sala penal atestada de gente, en la Corte Suprema se ratificó parcialmente la condena establecida en segunda instancia por la corte de apelaciones de Temuco en el Caso Luchsinger Mackay, estableciendo la pena de 18 años de cárcel a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel,  y cinco años como delator compensado a José Peralino Huinca. Retirando la condena bajo ley antiterrorista y calificándolo como delito de incendio con resultado de muerte.

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José Peralino Huinca denunció en todas las instancias posibles, incluso por medio de una querella, a los policías de investigaciones que lo torturaron y obligaron a firmar un documento declaratorio que nunca leyó ni escribió. Esto comprobado por numerosos peritajes. Cuestión que se ha denunciado en el tenor de extrema gravedad puesto que en este relato se funda la condena del juicio, en una declaración obtenida bajo tortura.

Con este fallo, el Tribunal Supremo avala un proceso que se llevó bajo la ley anti-terrorista, en donde no se ha respetado el derecho a la defensa de los inculpados, y que además ha estado plagado de irregularidades, incluyendo el acoso laboral a una de las juezas, doña Ximena Saldivia Vega, quien se fue una temporada con licencia médica, ocultándose las informaciones del tribunal a la defensa; así como el amedrentamiento a los abogados de la causa Sebastian Saavedra (en Caso Luchsinger),  y Karina Riquelme y Eduardo Painevilo (en caso Operación Huracán).

Agotadas las instancias en la justicia chilena, el caso deberá proseguir ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Presentado el recurso de nulidad, se esperaba para este 10 de octubre la decisión que adoptara la corte suprema, sin embargo a través de las páginas de El Mercurio se había adelantado hacia la opinión publica tal decisión. El diario del empresariado ya contaba con la información respecto de las conjeturas que elaboraba la sala penal de la corte suprema, última instancia en el poder judicial de Chile, antes de que se pronunciara.

Declaraciones de Juan Carlos Tralcal desde Santiago momentos después de conocer la resolución:

Palabras de Ignacio Tralcal durante concentración en Temuco, autoconvocada en rechazo a la resolución de la corte suprema

Aministía Internacional dice que el juicio Luchsinger Mackay debió haberse anulado 

Con respecto a la decisión de la Corte Suprema de acoger parcialmente el recurso de nulidad eliminado el carácter terrorista del delito pero confirmando la culpabilidad de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino en el caso “Luchsinger Mackay”, Amnistía Internacional declara:

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• Eliminar el carácter de terrorista del delito y rebajar las penas a los inculpados de ninguna manera es suficiente, pues no contribuye a remediar la injusticia cometida contra ellos. Mantener la culpabilidad de los condenados sigue siendo una forma de avalar un juicio que -a todas luces- fue injusto, pues estuvo marcado por denuncias de irregularidades y basado en estereotipos.
• Es inconcebible que se haya condenado a estas tres personas, teniendo como prueba principal el testimonio de José Peralino, quien- tras inculparse e inculpar al resto- se retractó denunciando que había sufrido apremios por parte de la policía. Curiosamente no existen grabaciones ni registro de las declaraciones de Peralino, pero sí existe la notificación de la Fiscalía que decidió no investigar la denuncia por apremios ilegítimos presentada por él.
• Validar una condena basándose exclusivamente en una prueba que podría haber sido obtenida de manera ilegal, deja un manto de dudas respecto a lo ocurrido y pone en tela de juicio el sistema de justicia.
• Es impresentable, además, que este juicio se haya llevado bajo la ley antiterrorista con todos los cuestionamientos que tiene esta legislación, y hoy la Corte Suprema haya afirmado que el carácter de terrorista nunca existió. Sin dudas, este juicio debió haberse anulado y hacer otro que verdaderamente garantice el debido proceso.
• La decisión de la Corte Suprema de validar este juicio no sólo afecta a las personas imputadas, quienes deberán pasar 18 años de cárcel en el caso de José Tralcal y Luis Tralcal; sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares.