“La causa todavía no empezó”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, la abogada que representa a Sergio Maldonado y la familia de Santiago. “Así lo dijimos el 1 de noviembre por las condiciones y el lugar donde se encuentra el cuerpo de Santiago, en un río que tenía treinta centímetros de agua cuando desapareció y por más que no supiera nadar no entendemos cómo se ahogó; porque los buzos pasaron por ahí siete veces en rastrillajes, el 17 de octubre se topan con el cuerpo y no dan ninguna explicación sobre por qué no lo encontraron antes.”

Dijo Heredia que ésas “son todas las preguntas que se amplían a cómo llegamos al 1º de agosto con la violencia desplegada por Gendarmería con la orden del juez Otranto. Por eso pedimos a la Corte Suprema que las respuestas sean aportadas en una nueva investigación por un grupo de expertos independiente”.  Así pasaron los doce meses que transcurrieron desde la última vez que los jóvenes mapuches y el payador chileno Nicasio Luna lo vieron con vida. PáginaI12 reconstruyó la actualidad del expediente con el enfoque de las partes y una fuente judicial clave en la investigación.

“Impugnamos el inicio del peritaje del DNI de Santiago, porque se rompió la cadena de custodia cuando se lo entregaron a Sergio el 24 de noviembre en la Morgue de la Suprema Corte, lo que surja no es válido”, apuntó sobre una de las medidas cuyo resultado aún está pendiente. “Le dijimos al juez Lleral que si se desconocen aún las condiciones en que estuvo el cuerpo tampoco podemos hacer un análisis de ese documento, no se puede reproducir lo que aún se desconoce”, agregó. El 10 de julio la familia se presentó en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), donde se está realizando el peritaje y observaron las condiciones en las que se va a reproducir el medio en que estuvo supuestamente sumergida la tarjeta de identidad de Santiago, que apareció en uno de los bolsillos de su pantalón casi intacto.

Heredia también cuestionó no haber sido notificada de la audiencia en la que Luna declaró como testigo, en la fiscalía de Aysén en Chile, y recordó que lo mismo sucedió cuando el juez federal Gustavo Lleral interrogó al mapuche Lucas Pilquiman. “Todas las partes deben estar presentes”, remarcó. El martes PáginaI12 publicó que el músico que sobrevivió a la represión en Cushamen había respondido las 49 preguntas que envió el juzgado federal de Rawson a cargo de Gustavo Lleral, no una por una sino con el relato que ya había hecho en enero ante la Defensoría chilena, en el que describió haber visto a Santiago corriendo con su mochila delante suyo, haber sido rodeado por gendarmes que le apuntaban y finalmente haber podido cruzar el río Chubut. Una vez a salvo, Luna escuchó decir a Matías Santana que a Maldonado se lo había llevado Gendarmería, y así lo dijo ante la justicia.

Sobre el informe del perito criminalístico Enrique Prueger, publicado el jueves por PáginaI12, la abogada destacó que “no fue pedido por la familia”, pero afirmó que “está en sintonía con las preguntas que le hicieron al juzgado sobre la autopsia, nosotros planteamos que no entendemos por qué llegan a tales conclusiones, y el juez rechazó contestar, fuimos a la Corte porque el magistrado no permite ni siquiera que hagamos estas preguntas a los peritos que firmaron la autopsia”. Cuando en noviembre se conoció el resultado de la autopsia Sergio Maldonado había dicho que el caso no cerraba, sino que se abrían más preguntas, y sin afirmarlo con la misma vehemencia que los mapuches, expuso sus sospechas sobre la permanencia del cuerpo en el pozo durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. En tal sentido, el perito Prueger encontró errores y omisiones en la autopsia, y “afirmó que los estudios verificatorios de la misma contradicen las conclusiones”, algo similar a lo que venía planteando la familia desde aquel momento.

“A menos de un minuto”

Aunque las partes querellantes del caso Maldonado no están unificadas persiguen el mismo objetivo de esclarecer la desaparición y muerte del joven anarquista, viajero y tatuador, durante la represión del 1º de agosto en esos pocos cuadros de tierra lindantes con el millón de hectáreas de Benetton. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sintetizó de esta manera la actualidad de expediente: espera el resultado del peritaje sobre el DNI de Maldonado, que llegue al expediente la declaración de Luna, y cuando eso suceda pretende que Lleral insista con algunas declaraciones testimoniales de los mapuches que no pudieron concurrir aún por diferentes motivos.

Una de las medidas que quedó pendiente es la reconstrucción de los hechos, pero antes tienen que declarar todos los testigos, ya no los gendarmes que si son convocados eventualmente tendría que ser a indagatoria, explicó a este diario una fuente judicial. “No se puede aislar todo el operativo de lo que le pasó a Santiago Maldonado, el incendio de las pertenencias de los mapuches es un delito, los gendarmes no podían hacer eso, es parte del ingreso violento y las irregularidades que cometió Gendarmería, si reconstruimos el hecho hay que hacerlo desde que los gendarmes ingresan al territorio. Hay que investigar aparte el posible delito de daño o estrago del incendio de la casilla de guardia, que fue posterior, y luego ver si tiene que ver con esta causa. En cualquier caso, esa es la parte que no está en duda, que los gendarmes entraron, que hubo un par que fueron hacia la casilla, que tuvieron privadas de su libertad a Claudina y Ailinco Pilquiman y a dos menores por varias horas, que la noche anterior había estado Santiago Maldonado con otros, donde él va agarra la mochila y corre. Se pudieron recuperar muchas fotos y videos, además de que están los testimonios”, agregó el investigador.

El ingreso de los gendarmes allí no estaba autorizado, fue ilegal, “entraron a los tiros dispararon entre 60 y 80 veces cartuchos de goma, y persiguieron a las personas que estaban ahí hasta el río. Se quedaron cinco horas en ese lugar, controlando todo, hay una importante sumatoria de irregularidades”. No hizo falta apelar a la geolocalización, que en todo caso debió ser satelital por la falta de antenas en la zona, porque fueron los propios gendarmes quienes se ubicaron a sí mismos cerca del río, tanto al declarar en los sumarios internos como ante el juez. “Ya no hay dudas de que estuvieron donde pasó lo que pasó, sólo falta completar el relato de los testigos, tenemos en claro el momento en que pasó lo que pasó, sabemos que no estaban a cinco minutos los gendarmes de los mapuches sino a 30 segundos, como mucho un minuto de Santiago Maldonado, no pueden no haberlo visto”, afirmó la fuente.

El ministerio de Seguridad también tiene su parte. “La hipótesis de la desaparición forzada se constituye por dos elementos, no sólo porque hay una persona que no aparece sino porque la autoridad a cargo del operativo en el que desaparece esa persona oculta información, y eso lo hizo el ministerio. No están todas las fotos y todos los videos de lo que pasó ese día, lo que recuperamos fue por nuestra querella. Se le pidió a Gendarmería que aporte todas las cámaras fotográficas con todas las tarjetas de memoria, y sólo así se pudieron recuperar muchas imágenes. La información precisa sobre la cantidad de efectivos que participaron y los vehículos tardó mucho en llegar. Y fue llegando por partes, la introducción de pistas falsas en el expediente en forma sistemática la hizo el Ministerio de Seguridad”, afirmó la querella del Cels. “Ante un operativo donde hay una persona desaparecida actuaron con total normalidad, entonces lavaron una camioneta. No sabemos si la intencionalidad fue borrar pruebas, hay una denuncia concreta, una persona que no aparecía por muchos días, y se hicieron las cosas como si no hubiera pasado nada”, agregó sobre la justificación oficial que invocó un memo que ordena lavar los vehículos luego de los procedimientos.

El Cels había pedido medidas respecto de Pablo Noceti, porque él mismo se puso en el lugar de los hechos, dio una entrevista por radio con claridad expresando su idea y qué es lo que estaba haciendo en el lugar. Aunque el funcionario de Bullrich pasó por ahí a mediodía, una hora después del ingreso de la Gendarmería, no hay hasta ahora información sobre qué tipo de intervención tuvo en el operativo. “Una cosa es el ministerio de Seguridad respondiendo de esa manera hacia los reclamos de la comunidad mapuche, es una clara responsabilidad política, lo que no significa que se traslade en forma automática a la responsabilidad penal”, explicó esta parte querellante. Sin embargo, sí hay incidencia de Noceti en la etapa de investigación cuando fue alertado por el juez Otranto de algunas de las medidas de prueba en marcha. El cruce de llamadas telefónicas también es una medida pendiente, y en caso de ser solicitada Lleral ya cuenta con la sábana (listado de comunicaciones entrantes y salientes) del teléfono del funcionario.

Del análisis de las 19 declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes en septiembre surgen decenas de inconsistencias y contradicciones que nunca fueron aclaradas. “Uno se ubica solo, otro se ubica solo con un tercero, hay otro que dice que no escuchó ningún disparo, el que disparó dice que lo hizo estando a diez metros del que dice que no disparó. Necesitamos completar lo que pasó no sólo para saber quién vio a Santiago y quién hizo qué, sino también para saber por qué se contradicen tanto”, concluyó la fuente.

El cuerpo de Maldonado apareció, no así su mochila y su celular, lo cual también podría jugar en contra de los verdeoliva, si es que llega en alguna instancia el momento en que sean llamados a indagatoria.

A criterio del Cels, las imágenes del expediente confirman las cosas objetivas que los mapuches describieron,  y que Gendarmería quería ocultar. “No llegaron al río, sí llegaron. Matías habla de un camión o camioneta que se pone de culata con la caja mirando hacia el río, él ve que meten un bulto y se va. Eso también sucedió. Metieron las cosas que se llevaron que no habían quemado. Hubo mucho movimiento de camionetas en todo el momento, hay elementos objetivos que coinciden con lo que declaró Santana”, indicó la querella. Sin embargo, afirmó que “no hay ningún indicio en el expediente de qué pasó con Santiago entre el 1º de agosto y el 17 de octubre”.

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