Willi Lafken Weychan

Archipiélago de Chiloé, We tripantu 2018.

La Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche por la Defensa Del Territorio Willi Lafken Weychan, es una organización autónoma que reúne a comunidades y asociaciones de comunidades mapuche del gran territorio marítimo que se extiende entre Reloncaví y Taitao. Nuestro objetivo es proteger nuestro territorio y cosmovisión ancestral, asumiendo su defensa y promoviendo el kume felen (buen vivir) en este territorio.

Con motivo de nuestro último encuentro realizado en la isla de Quinchao, en junio de 2018, y luego de analizar una serie de situaciones que vulneran nuestros derechos, queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

Las comunidades de los territorios mencionados hemos vivido un fuerte proceso colonizador, por esta razón muchos de nosotros recién en este momento de la historia estamos reconectándonos con nuestra espiritualidad ancestral, cuyo fundamento es la reciprocidad entre la comunidad y el itrofill mongen o biodiversidad, y por ende el habitar con respeto para asegurar a las futuras generaciones que puedan seguir disfrutando de ella en nuestros territorios.

La ley 20.249 que crea los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), permite a nuestro pueblo administrar los espacios costeros y marinos que hemos utilizado ancestralmente, y muchas comunidades mapuche williche del territorio estamos solicitando la protección de nuestros espacios marinos y costeros a través de esta ley, que en su artículo 3°, señala:

“Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades”.

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, señala en su artículo 26, que “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización (…) Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos”. El convenio 169 de la OIT, por su parte, indica que “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” (Artículo 15 -1); y obliga a los gobiernos a adoptar “…las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.” (Artículo 4 -1).

Lamentablemente, desde la promulgación de la ley 20.249, los diferentes gobiernos han puesto una serie de trabas para su correcta y oportuna aplicación, lo que ha resultado en que, al día de hoy, sólo existen siete espacios costeros ECMPO otorgados en las regiones de Los lagos y Aysén, mientras que otros 50 se encuentran injustificadamente detenidos en diversas etapas de su tramitación.

Sumado a esto, una serie de medidas legislativas y/o administrativas amenazan hoy el principal derecho que se pretendía resguardar con los ECMPO: el uso consuetudinario por parte de las comunidades.

Nos referimos a las siguientes medidas que se encuentran en trámite, o que han sido anunciadas:

– La modificación de la ley de pesca se está realizando sin consulta indígena. La ley de pesca 20.657, fue aprobada sobre múltiples actos de corrupción conocidos por toda la ciudadanía, por lo tanto exigimos su anulación y el diseño de una nueva ley, acorde especialmente a las necesidades de los pescadores artesanales, y que aborde seriamente la sustentabilidad de esta actividad. Este diseño debe contemplar la consulta indígena, ya que obviamente afecta directamente uno de nuestros principales medios de vida.

– Ley de Modernización de Sernapesca, que pretende obligar a todos los recolectores de orilla a registrarse en el registro de pescadores artesanales, lo que claramente vulnera el derecho de uso ancestral del marisqueo por parte de los pueblos originarios. Con esta ley, Sernapesca podrá multar a cualquier persona que se encuentre mariscando si no porta el carnét de RPA. Las comunidades convocadas en esta coordinadora, nos oponemos tajantemente a esta medida, y exigimos que nuestras costumbres sean respetadas, así como nuestro derecho a los recursos de nuestros territorios.

– Ley de Traspaso del borde costero a Bienes Nacionales. Esta ley permitiría al Estado vender espacios costeros correspondientes a terrenos de playa a privados, impidiendo así el desarrollo del uso consuetudinario en estos espacios, y profundizaría el problema del acceso al borde costero. Por otra parte, Bienes Nacionales se encuentra ya vendiendo terrenos que han sido reivindicados por comunidades, como es el caso de las Islas Traiguen y Verdugo en la región de Aysén. Las comunidades nos oponemos a cualquier traspaso de bienes nacionales a privados, hasta que el Estado no determine, de manera participativa, los territorios ancestrales de nuestras comunidades.

– Consulta ciudadana para el reglamento de Caladeros de Pesca. Durante el año 2017 y 2018, Subpesca realizó una convocatoria para hacer observaciones y propuestas al establecimiento de caladeros de pesca, en las regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes. Se busca con ello determinar los caladeros de pesca utilizados por los pescadores artesanales, con el fin de poder declarar los espacios libres como áreas aptas para la acuicultura (AAA), proceso en el que identificamos varias irregularidades y transgresiones:

– La determinación de los caladeros se realizó sin consulta indígena.

– La consulta ciudadana a este reglamento se realizó por medios no pertinentes a la realidad de muchos pescadores artesanales (por internet y por medio de mapas muy pesados para descargar).

– Según el conocimiento ancestral de nuestras comunidades, las especies no necesariamente se mantienen fijas en un espacio determinado, pudiendo cambiar los caladeros con el paso de los años.

– El impacto de la salmonicultura se extiende por decenas de kilómetros, dependiendo de muchas variables en las condiciones oceanográficas, por lo que el concepto de caladero versus AAA, no resulta adecuado para la protección del ecosistema marítimo en la ecorregión chiloense.

Es por ello que:

Con el fin de salvaguardar nuestro territorio marino y costero, así como los usos ancestrales sobre él, exigimos que los ECMPO puedan contar con planes de manejo especiales, realizados sobre estudios de línea base integrales, y no estar afectos a cuotas regionales ni otro tipo de criterios ajenos al equilibrio biocultural de cada comunidad o asociación de comunidades en su territorio.

Denunciamos aquí la grave irregularidad en que cae Subpesca al demorar la admisión de las Solicitudes de ECMPO presentadas por comunidades de Queilen, Carelmapu, Costa de Valdivia, y comunidad Kawesqar de Puerto Natales. Con esto se acentúa la estrategia de entorpecer la tramitación de estos espacios, generando además un conflicto artificial entre las comunidades y otros usuarios del borde costero.

En esta misma línea, hacemos presente que la autoridad marítima está haciendo una interpretación errada o al menos antojadiza, del artículo 10° de la ley 20.249, al suspender la entrega de Permisos de Escasa Importancia para la captación de semillas de mitílidos, en áreas solicitadas como ECMPOs. Esta situación afecta negativamente la relación de nuestras comunidades con los mitilicultores, creando un nuevo conflicto artificial, ya que estos permisos temporales no están considerados en la dicha ley, y además las comunidades están dispuestas en la mayoría de los casos a incorporar la captación de semillas dentro de los planes de administración de los ECMPOs.

En otro orden de cosas, repudiamos la iniciativa del gobierno de realizar cambios en la ley y/o reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), que pretende restringir el derecho a la participación ciudadana, y que no contempla la participación indígena en la evaluación de proyectos que puedan afectar a comunidades. Recordamos que las leyes que se creen o modifiquen deben adecuarse a los estándares de derechos indígenas de los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, como el convenio 169 de la OIT, el Convenio de Biodiversidad Biológica (CBD) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Los Pueblos Indígenas, cosa que evidentemente aquí no está ocurriendo.

Las comunidades agrupadas en esta Coordinadora apoyamos la demanda territorial de la comunidad Alto Fundo Gamboa, que busca proteger un espacio de alto valor cultural y natural para las futuras generaciones, amenazado hoy en día por el proyecto de instalación de una subestación eléctrica de SAESA.

Manifestamos también nuestro máximos apoyo a la demanda del Machi Celestino Córdova, que se encuentra en huelga de hambre por más de 100 días, exigiendo se respete su derecho a la salud, pidiendo sólo dos días para poder realizar su Ngeykurewen, ceremonia esencial en la vida de todo machi.

Las comunidades mapuche williche aquí reunidas, reivindicamos nuestra relación espiritual con el territorio, y reiteramos nuestro compromiso por defenderlo de la depredación y el extractivismo desmedido propiciado por el actual modelo económico, y por trabajar en pos del bienestar, el küme mongen de nuestra gente y de todos los habitantes del territorio.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, así como al mundo político y empresarial, a comprender que nuestra motivación es el derecho a la vida y vivir en una naturaleza sana, que nos brinda alimentación de calidad, medicina, cobijo y belleza. Hacemos un llamado a que como sociedad emprendamos el viaje a la evolución del pensamiento. Nosotros, los habitantes ancestrales de estas islas y canales, nos resistimos a desaparecer y defenderemos nuestros espacios hasta las últimas consecuencias.