Recientemente, la Comunidad Aymara de Chucuruma ha tomado conocimiento del Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, fechado el 5 de julio del presente año, en virtud del cual destina un “inmueble fiscal” localizado en la Región de Arica y Parinacota al Ministerio de Defensa para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”.

Declaración pública comunidad de Chucuruma:

Tras analizar los antecedentes contenidos en el acto administrativo mencionado, la comunidad aymara de Socoroma ha considerado necesario exponer a la opinión pública lo siguiente:

Maya: que los Lotes A y B ubicados en l “Pampa Campanane de la comuna y provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota”, a lo que se refiere el decreto, se encuentran dentro del territorio histórica y ancestralmente poseído por nuestra comunidad.

Paya: que existe suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años 1750, 1772, 1787 y 1893.

Kimsa: que la Corporación Nacional Indígena, a través de su Fondo de Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la Comunidad de Chucuruma certidumbre jurídica de la propiedad de la totalidad del territorio que históricamente ha poseído, en el que la comunidad ha participado activamente aportando todos los antecedentes documentales de que dispone, así como la información sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para su demarcación.

Pusi: Que la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para regularizar la propiedad de las comunidades aymara, por lo que resulta incomprensible que ambos órganos del Estado en un mismo período no hayan establecido las coordinaciones necesarias para resguardar los derechos territoriales de la comunidad.

Phisqa: que el acto administrativo a través del cual se decreta la destinación, por afectar de manera directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independiente, ratificado por Chile en 2008, sino que debía contar con el consentimiento libre, pleno e informado de la comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Suxta: que parece un contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet implementa un proceso de Consulta Constituyente Indígena para definir un nuevo marco institucional de la relación entre Estado de Chile y los pueblos originarios, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan nuestros derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra cultura.

 Paqallqu: que los aymara somos un pueblo amante de la paz, y aspiramos a vivir en armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris y achachilas, bajo los principios del Suma Qamaña, por lo que no podemos aceptar que nuestros territorios continúen siendo entregados a instituciones militares, incluso con fines de instrucción.

Kimsaqallqu: por la gravedad de los hechos expuestos, la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de Bienes Nacionales revoque el acto administrativo que despoja a la Comunidad de parte de su territorio; y que se adopten todas las medidas necesarias, con la participación de las comunidades aymara, para prevenir que situaciones similares a las descritas vuelvan a ocurrir.

Llätunka: Convocamos a las organizaciones aymara, agrupaciones de la sociedad civil y medios de comunicación democráticos a solidarizar con la comunidad, denunciando estos hechos

Comunidad aymara de Chucuruma

Chucurumamarka, octubre de 2017