Temuko, 22 de marzo.- Presentan recurso de amparo contra violencia policial en marcha mapuche del pasado miércoles 20.

Lo que era una manifestación convocada de manera pacífica y que contemplaba en su programa la culminación con un acto artístico cultural en plaza Teodoro Schmidt jamás pudo realizarse, ya que en menos de cincuenta metros esta marcha fue atacada por la represión policial. Se cuenta con pruebas gráficas según el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH y la observación por ellos sobre utilización desproporcionada de gases lacrimógenos, carros lanza aguas, balines de goma y gran contingente de policia militarizada contra niñ@s y adult@s, sin mediar provocación alguna. Esto en medio de un perímetro urbano, cercano a hospital y colegios. Federico Aguirre, director regional INDH da cuenta también de un menor herido con balin de goma perteneciente a la comunidad de Temucuicui tradicional.
Por otra parte María Verónica Cifuentes Curin denuncia que medios de comunicación, gobierno regional, políticos y carabineros la acusan falsamente de utilizar a su sobrino discpacitado (mayor de edad) como escudo humano frente a fuerzas especiales, en circunstancias que el joven Javier Nitrihual Torres es una persona autónoma con plenas capacidades intelectuales.

Por su parte Marcelo Catrillanca recalca el racismo y la incapacidad de gobernantes regionales para entender el contexto político histórico en territorio mapuche.
La diputada mapuche Emilia Nuyado declara que carabineros no respeta sus propios protocolos, violandose desde esferas dirigenciales y gubernamentales reglamentos que existen y que no contemplan en ningún caso las situaciones que se vivieron el pasado miércoles en Temuco.
Ana Llao, histórica lidereza mapuche, quien estuvo presente en la jornada represiva muestra sus manos para denunciar la fuerte carga química que poseía el agua con la que se atacaba a las personas y niñxs.
En general la acción judicial buscaría evidenciar los hechos y los responsables de una de las peores jornadas represivas del último tiempo, que contraviniendo derechos básicos e internacionalmente consagrados, optaron por la violencia. Se declara también sobre la estrategia comunicacional del gobierno representados en la figura del intendente Jorge Atton y quien le subrogaba en ese entonces el gobernador Mauricio Ojeda sobre responsabilizar a la organización de la marcha por daños económicos, amenazando con querellas y señalando una supuesta utilización de niñxs como escudos, para esconder la violencia ejercida a una manifestación que en todo momento fue convocada y se desarrollaba de manera pacífica, denuncian.