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DECLARACIÓN PÚBLICA
AYMARA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA FRENTE AL FALLIDO PROCESO CONSTITUYENTE INDÍGENA

El viernes 3 de noviembre de 2017, los derechos de los pueblos indígenas fueron una vez más vulnerados. En efecto, la reunión de cierre del Proceso de Consulta Constituyente Indígena convocado por el Gobierno fue el reflejo de su falta de voluntad política para responder a la legítima demanda de reconocimiento constitucional de nuestros derechos colectivos, avalada por los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Al respecto, los representantes de las organizaciones aymara abajo firmantes consideran necesario comunicar a todos los pueblos indígenas, a la sociedad civil no indígena, al gobierno y a las instituciones de derechos humanos lo siguiente:

MAYA: que los contenidos y alcances de las medidas consultadas, así como la metodología utilizada en el proceso, no cumplen con los estándares del Convenio 169, la Declaración, las recomendaciones que hiciera el Comité de Derechos Humanos al estado de Chile en virtud del Artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos[1] y las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2015[2]; situación que fue oportunamente denunciada por los Consejeros Nacionales de CONADI, a través de su Comisión de Legislación[3]; lo que permitió establecer un nuevo escenario para la realización de la consulta, suscribiendo un acuerdo entre los Consejeros y el Ministerio de Desarrollo Social que implicaba que “el gobierno acepta [ba] la inclusión de derechos que no están incorporados en las actuales medidas sometidas a consulta”; y, particularmente, que “el derecho a la libre determinación, territorio, estatus de pueblo o nación indígena y plurinacionalidad, son parte integral y fundamental de la consulta”[4] Con ello se daba cuenta del amplio consenso expresado por los pueblos indígenas en el Proceso Participativo impulsado por el Gobierno en 2016[5], cuyos resultados debían ser la base para la elaboración de un Estatuto Constituyente Indígena.

PAYA: que el gobierno, sin hacerse cargo de su compromiso de consensuar un Estatuto Constituyente Indígena, redujo sus propuestas al “reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas” y al reconocimiento de derechos culturales; proponiendo, además, medidas limitadas e insuficientes en materia de derechos territoriales y derechos políticos, que en nada aseguran su plena efectividad.

KIMSA: que rechazamos los contenidos del Acta de “Resultados del diálogo nacional del proceso de consulta para el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas (21-10-2017) y del acta de la “Mesa de diálogo sobre los disensos (acuerdos parciales y desacuerdos) y seguimiento de los acuerdos” (3-11-2017) por no dar cuenta de la propuesta consensuada por las organizaciones aymara de todas las comunas de la Región de Arica y Parinacota; y, por consignar acuerdos suscritos con un grupo minoritario de “representantes” de los pueblos indígenas que vulneran la voluntad que expresáramos en el Proceso Participativo impulsado por el Gobierno en 2016[6] y en las etapas de deliberación interna del Proceso de Consulta Constituyente Indígena en todas las regiones del país.

PUSI: Reafirmamos los acuerdos establecidos en nuestra Región respecto a que el reconocimiento de los pueblos indígenas y de nuestros derechos colectivos en la Nueva Constitución debe hacerse en el marco de la redefinición del carácter del Estado como una Estado Plurinacional[7]. Consideramos insustancial el argumento dado por los personeros de gobierno cuando señalaron “no nos oponemos a la plurinacionalidad, pero no podemos sustituir al resto de los habitantes del país en la definición del carácter del Estado”. Los pueblos indígenas tenemos conciencia de aquello. No obstante, también sabemos que la consulta en curso solo se limita a la PROPUESTA de Nueva Constitución que EL GOBIERNO -no la ciudadanía- enviará al Parlamento; y, que, en la agenda planteada por el ejecutivo – cuya efectiva tramitación legislativa es todavía incierta- recaería en una Convención Constituyente la tarea de redactar la nueva carta fundamental y que sería un plebiscito el que en última instancia la aprobaría. Así, es en esa Convención en ese plebiscito donde se expresará la voluntad del conjunto de los ciudadanos respecto del carácter plurinacional del Estado. Si e efectivo que el gobierno NO SE OPONE a la plurinacionalidad, no existe argumento alguno, entonces, para no incorporar este principio en su propuesta. Solo eso permitirá poner realmente en la agenda del debate constituyente este contenido fundamental para los pueblos indígenas.

Considerando estos elementos

EXHORTAMOS a la Presidenta de la República a incorporar de manera integral los planteamientos de los pueblos indígenas en la propuesta que enviará al parlamento; esto es: a) reconocer a los pueblos indígenas o pueblos originarios según los estándares internacionales; b) derivado del reconocimiento de sus estatus de pueblo, y no como un derecho subsidiario, se debe reconocer el derecho a la libre determinación (determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural); y, en su ejercicio, el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas; c) este derecho se ejercerá en los territorios que históricamente han poseído u ocupado los pueblos indígenas, los que serán considerados territorios especiales indígenas, y que se regirán por Estatutos Especiales de Autonomía. Hacer esto sería una muestra de buena fe, que permitiría avanzar en la reconstitución de la confianza entre los pueblos indígenas y el Estado.

INSTAMOS a la Representación de la Organización de la Naciones Unidas en Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos a no avalar actuaciones del gobierno que vulneran los derechos de los pueblos indígenas; y, a reportar todas las irregularidades que observaron en el proceso, así como aquellas denunciadas por las organizaciones indígenas.

LLAMAMOS a los “representantes” de organizaciones aymara que suscribieron los acuerdos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y la voluntad de las organizaciones de la Región a rendir cuentas por sus actos. Nada puede justificar que pacten con el gobierno medidas que en nada ayudarán a garantizar nuestros derechos colectivos

CONVOCAMOS a las organizaciones del pueblo aymara y de los demás pueblos indígenas del país a informarse sobre estos hechos y a estar alertas respecto de las futuras actuaciones del gobierno.

Silvia López Blanco
Representante organizaciones aymara-Comuna de Putre

Merita Huanca Quispe
Representante organizaciones aymara-Comuna de Putre

Luis Mamani Sánchez
Representante electo por la comuna de Arica

Jacqueline Bustillos Mamani
Representante electo por la comuna de Arica

Xose Rodríguez
Representante electo por la comuna de Arica

Dante Choque Cáseres
Representante electo por la comuna de Arica

Aricamarka, 7 de noviembre de 2017

[1] Comité de Derechos Humanos, 2013. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile. CCPR/C/CHL/CO/6

[2] E/C.12/CHL/CO/4

[3] Declaración Pública de agosto de 2017

[4] Acta de acuerdos entre Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI y el gobierno del 17 de agosto del año 2017

[5] Sistematización del Proceso Participativo para la generación del Estatuto Constituyente Indígena

[6] Sistematización del Proceso Participativo para la generación del Estatuto Constituyente Indígena

[7] En el Proceso Participativo realizado entre agosto de 2016 y enero de 2017 los PI plantearon que la plurinacionalidad es la base institucional que posibilita el reconocimiento integral y protección jurídica de sus derechos colectivos (políticos, sociales, económicos y culturales)

 

COMUNICADO PUBLICO

AL ESTADO DE CHILE Y A LA COMUNDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Con ocasión del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta Constituyente Indígena

 

Región de Tarapacá, 02 de noviembre 2017

 

Con ocasión del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta Constituyente Indígena, realizado en la ciudad de Santiago desde el 16 al 21 de octubre 2017, la región de Tarapacá, integrada por las asambleas comunales de Colchane, Camiña, Huara, Pica, Pozo Almonte e Iquique – Alto Hospicio, así como la asamblea del pueblo quechua, participantes de este proceso, declaramos lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAMOS TOTALMENTE el “Acta de resultados del diálogo nacional del Proceso de Consulta Constituyente Indígena” emanada de dicha instancia, porque fue elaborada a costa de una serie de vicios y vulneraciones a los Derechos Humanos, y en particular, de los Derechos de nuestros Pueblos Originarios/Indígenas.

SEGUNDO: DENUNCIAMOS QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS PUBLICOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DE CHILE, respecto a la aprobación del acta final de consulta por parte de los aymara de Tarapacá, es completamente falso, y aclaramos que, la señora Oriele Callpa de la comunidad de Laonzana, comuna de Huara, quien firma este acuerdo, no representa en modo alguno a la asamblea regional de Tarapacá, de lo cual se dejó constancia ante Naciones Unidas, en la ciudad de Santiago, con fecha 20 de octubre de 2017.

TERCERO: OBJETAMOS, lo señalado por el Estado de Chile y Naciones Unidas a la opinión pública, respecto a que este proceso de consulta se desarrolla desde el año 2016. Informamos que entre septiembre y octubre de 2016 sólo se trabajó un día en el Proceso participativo constituyente Indígena, bajo estándares de PARTICIPACIÓN no representativos, y entre septiembre y octubre de 2017 solo se realizaron 4 reuniones, 3 de “planificación e información” y SOLO 1 de Deliberación Interna. Bajo condiciones que vulneraron en todo momento los estándares de CONSULTA INDIGENA, y por ende la real capacidad de garantizar nuestros derechos humanos.

CUARTO: DENUNCIAMOS que este proceso estuvo viciado desde su inicio, ya que el Estado no garantizó a nuestros pueblos asesoría de confianza desde el comienzo de la consulta, no respetó los tiempos necesarios para desarrollar cada etapa y obstaculizó constantemente el diálogo, al imponer tiempos, metodología, procedimientos, recursos, etc., inapropiados y de forma UNILATERAL. En Resumen, el Estado de Chile no ha garantizado las condiciones mínimas para que nuestros pueblos puedan incidir realmente en esta medida.

QUINTO: DENUNCIAMOS la total falta de difusión y convocatoria a este proceso, ya que el ESTADO ha generado una deficiente participación, con la finalidad de que acudieran principalmente aquellas personas invitadas a dedo, a quienes se les puede llamar Alineados(as) Políticos(as), Operadores(as) Políticos(as), o simplemente utilizados(as) políticamente, con la finalidad de asegurar que la consulta culminara a satisfacción del ESTADO, pero EN CONTRA de los derechos de nuestros Pueblos Originarios.

DENUNCIAMOS QUE ESTA PRACTICA YA ES HABITUAL EN ESTE TIPO DE PROCESOS, LO CUAL IMPLICA UN ACTUAR DE MALA FE CONSTANTE Y DELIBERADO POR PARTE DEL ESTADO DE CHILE Y QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES UNILATERALES, FACILITANDO LA VULNERACION E INCUMPLIMINETO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN EL RECONOCIMINETO Y EJERCCIICO DE NUESTROS DERECHOS.

SEXTO: Declaramos a la opinión pública que nuestros Pueblos, Naciones Originarias, durante el diálogo nacional, manifestamos constantemente incluir en el Proyecto de Nueva Constitución:

–              El reconocimiento de la pre-existencia de nuestros pueblos y la plurinacionalidad.

–              El derecho a la libre determinación y a las formas propias de autogobierno y organización.

–              El reconocimiento de nuestros territorios ancestrales.

–              El reconocimiento de nuestra integridad cultural.

–              El Rango Constitucional del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

–              Integrar los principios y valores comunitarios, asi como la protección y derechos de nuestra madre tierra. 

Sin embargo, el actual y viciado acuerdo del Estado de Chile, está por debajo de los derechos y estándares ya alcanzados por nuestros pueblos originarios, retrocediendo décadas en el desarrollo y reconocimiento de derechos, reflexiones y luchas dadas en el ámbito internacional y nacional, lo cual nos impide entregar nuestro consentimiento, ministras no se asegure y garantice el mínimo que estamos solicitando.

SEPTIMO: DECLARAMOS que siendo las 17:18 hrs. del día viernes 20 de octubre, es decir, un día después de la fecha prevista para terminar la Consulta (jueves 19 de octubre al medio día), los voceros de cada pueblo se reúnen en un Diálogo Interno donde firman un documento en el que se acuerda exigir al Estado la suspensión de la consulta por un plazo de dos semanas, principalmente porque ya no estaban las condiciones físicas, psicológicas y espirituales para continuar. Se manifestó la preocupación por hijos(as) y trabajos; ya no estaban presentes algunos Pueblos/Naciones y la Consulta había alcanzado una complejidad Técnica tal, que se esperaba volver a los territorios a consultar con las bases y posibles apoyos técnicos para poder tomar decisiones en igualdad de condiciones.

OCTAVO: DECLARAMOS QUE EL ESTADO SE NEGÓ A ESTA HUMANA SOLICITUD y amenazó dar por terminada la Consulta si esta era suspendida. Ante esta situación, algunos pueblos del norte junto a algunos otros, traicionan el acuerdo de los pueblos de suspender la Consulta y continuaron trabajando indiferentes a las súplicas, al dolor, al estrés y a los llantos que se tomaron el salón, lo que calificamos como un acto de inhumanidad total. Entre toda esta confusión, los pocos que se quedaron aprueban la metodología y la propuesta de Estado que no se alcanzó a revisar. En resumen, aprobaron un texto a espaldas de los miembros de Pueblos que estaban ausentes. En la madrugada del día sábado 21 de octubre, solo firmaron 37 personas de un Total de 145 delegados. (Solo alrededor de un 25% del Total).

NOVENO: Visto lo anteriormente expuesto, en virtud de los constantes vicios que se han producido, que aún se SIGUEN PRODUCIENDO y en ESPECIAL por LA DESIGUALDAD DE CONDICIONES en que se desarrolló el Diálogo Nacional,

Los Representantes de la Región de Tarapacá

1.-  NO VALIDAMOS y RECHAZAMOS el “Acta de resultados del diálogo nacional del Proceso de Consulta Constituyente Indígena” así como también, la Metodología Impuesta.

2.- EXIGIMOS al ESTADO reparar estas vulneraciones conforme a derecho y que se garanticen las condiciones necesarias que nos permitan dialogar sobre las demandas que los propios pueblos manifestaron durante los 5 días de trabajo de Dialogo Nacional.

3.- RECHAZAMOS “TODO EL PROCESO CONSTITUYENTE”, porque no se han respetado los Estándares mínimos reconocidos en el Convenio 169, en la declaración de Naciones Unidas, en las recomendaciones de expertos en la aplicación de tratados y en los fallos de la Corte I de DDHH.

5.- SOLICITAMOS A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES que se manifiesten, y exhortamos a Naciones Unidas, en su calidad de garante, observador y facilitador del proceso, que se pronuncie sobre los derechos actualmente consagrados a nuestros pueblos, y que los antecedentes de consulta y propuestas del Gobierno sean remitidos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con la finalidad de que emita su pronunciamiento especializado.

6.- Por último, declaramos que la asamblea regional de Tarapacá, no acudió el día de hoy, 3 de noviembre, al nuevo llamado que hizo el Estado de Chile para continuar la consulta, ya que la seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, no respeto la nómina de representantes elegida por la asamblea para viajar a Santiago, lo cual fue comunicado a tiempo y mediante documento formal. Declaramos que cualquier error en la compra de pasajes es de exclusiva responsabilidad de esta Seremi, acciones que denunciamos como una grave falta y una violación a los derechos de autonomía de nuestros pueblos.

 

Pueblos Aymara y Quechua de la Región de Tarapacá

Asamblea de Huara.

Asamblea de Pica.

Asamblea de Iquique – Alto Hospicio.

Asamblea de Colchane.

Asamblea de Pozo Almonte.

Asamblea de Camiña.